Por Rubén Pombo (*)
Una comparación que empieza a resonar
La imagen impacta por la crudeza de la comparación. Mientras el gobierno argentino denunció durante meses la detención del gendarme Nahuel Gallo en manos del régimen de Nicolás Maduro como un caso de persecución política, aislamiento y violación de derechos humanos, en la provincia de Río Negro crecen las denuncias por el tratamiento que recibe el referente policial Rubén Muñoz dentro del sistema penitenciario provincial.
La analogía ya comenzó a circular entre sectores policiales y sindicales: “Lo que el gobierno nacional denuncia en Venezuela ocurre hoy dentro de la Argentina con un policía preso por reclamar salarios y derechos laborales”.
La situación de Rubén Muñoz
Muñoz permanece detenido en el Penal Nº4 de General Roca luego de la revocación de una condena condicional, en medio de un fuerte conflicto salarial policial que incluyó un duro cruce con el gobernador Alberto Weretilneck. Su defensa sostiene que se trata de una persecución política destinada a disciplinar el reclamo de la familia policial.
La nueva frontera de la criminalización: cárcel para quien reclame dentro de la policía
Las denuncias conocidas en los últimos días describen un cuadro alarmante: aislamiento extremo, restricciones arbitrarias, limitaciones para recibir visitas, encierro durante 23 horas diarias, falta de elementos básicos y presuntos malos tratos dentro de la unidad penitenciaria. Según la presentación judicial, incluso habría sido obligado a comer con las manos durante varios días por no permitírsele utensilios.
El antecedente del gendarme Gallo
El paralelo con el caso Gallo resulta inevitable. El suboficial de Gendarmería fue detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y el gobierno argentino calificó su situación como una desaparición forzada y un caso de persecución estatal. Durante meses se denunciaron aislamiento, incomunicación y utilización política de su detención.
Sin embargo, mientras desde Buenos Aires se condenaban los métodos del chavismo y se hablaba de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, en Río Negro organizaciones policiales denuncian prácticas similares contra un trabajador policial argentino detenido tras encabezar reclamos salariales. La contradicción política comienza a incomodar.
El mensaje hacia la familia policial
La situación de Muñoz expone además un problema más profundo: la ausencia de garantías reales para los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando pasan a confrontar políticamente con el poder. El mensaje que perciben muchos efectivos es peligroso: reclamar puede tener consecuencias disciplinadoras mucho más allá de una sanción administrativa.
Una discusión incómoda
El caso también reabre una discusión históricamente incómoda en la Argentina: los derechos humanos de los trabajadores policiales. Porque detrás de las disputas políticas aparece una pregunta inevitable: si el Estado exige respeto irrestricto por las garantías constitucionales frente a gobiernos extranjeros, ¿puede tolerar denuncias de aislamiento, vejaciones o persecución interna contra miembros de sus propias fuerzas?
En Venezuela, el gobierno argentino habló de presos políticos. En Río Negro, cada vez más voces comienzan a preguntarse si Rubén Muñoz no representa precisamente eso.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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(*) Periodista.
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