La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y reconoció el derecho de una trabajadora estatal a ser indemnizada tras 34 años de servicios encubiertos bajo contratos precarios.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Un contrato “temporal” que duró 34 años
La Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo que salta a la vista en cientos de organismos pero rara vez llega a una sentencia: la Administración Pública utilizó, durante más de tres décadas, “figuras contractuales previstas para situaciones excepcionales” para encubrir una relación laboral permanente.
La actora —cuyas iniciales son N. T.— ingresó en 1978 y continuó trabajando ininterrumpidamente hasta 2012 en la Secretaría de Transporte. Durante todo ese período cumplió tareas estables, orgánicas y propias de planta, aunque formalmente estaba designada bajo sucesivos contratos temporales o designaciones transitorias.
Los jueces Treacy y Gallegos Fedriani fueron categóricos:
“La prestación laboral se extendió por 34 años sin interrupciones […] carecía de la transitoriedad propia del régimen de excepción.”
La doctrina “Ramos” vuelve a aplicarse
El Tribunal aplicó la doctrina del caso Ramos (Fallos 333:311): cuando el Estado usa figuras excepcionales para cubrir puestos permanentes, nace una legítima expectativa de estabilidad protegida por el art. 14 bis de la Constitución.
Por ello, la desvinculación de la actora —mediante el simple acto de designar a otra persona en su lugar— constituyó un despido arbitrario, que habilita la indemnización prevista en el artículo 11, párrafo 5 de la Ley 25.164.
La excusa de la “pérdida de confianza” no fue acreditada
El ministerio había intentado justificar su salida señalando que la actora había sido citada en un sumario vinculado a supuestas irregularidades en el sistema SUBE y que ello habría generado “pérdida de confianza”.
Sin embargo, los camaristas desarmaron ese argumento:
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No existía acto administrativo que la removiera por esa causa.
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El sumario estaba suspendido desde 2012.
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La trabajadora no era sumariada, solo había sido citada al amparo del art. 62 del RIA.
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En la causa penal “De Vido”, nunca fue convocada a indagatoria.
Conclusión del Tribunal:
“No es posible admitir que existieran bases objetivas para la desvinculación.”
La condena: indemnización completa y costas al Estado
La Cámara ordenó que el Estado Nacional indemnice a la actora:
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con el monto previsto en el art. 11, párr. 5, tomando su mejor remuneración;
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más una suma equivalente al período del párr. 3;
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más intereses desde 2012 hasta el pago efectivo.
Además, impuso todas las costas al Estado, confirmando también los honorarios del perito.
Un mensaje claro para la Administración Pública
El fallo deja un precedente contundente:
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No se puede usar por décadas figuras temporales para puestos permanentes.
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El Estado debe responder por los perjuicios cuando manipula la normativa para precarizar.
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La estabilidad no depende solo de un cargo formal: la realidad efectiva del trabajo es determinante.
En un contexto en el que miles de empleados estatales continúan bajo contratos temporales pese a cumplir funciones permanentes, la sentencia es una advertencia institucional fuerte:
El Estado no está por encima del derecho laboral que dice proteger.
El Fallo:
41.966 / 2013 T. , N. c / EN – M INTERIOR Y TRANSPORTE s / EMPLEO PUBLICO by Apropol Noticias
«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)
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