Treinta policías sacaron carpetas médicas, se aplican sanciones por reunirse, y hay recargos masivos. La advertencia es clara: la soga está por cortarse.
Por Rubén Pombo
La situación fue denunciada públicamente por la periodista y dirigente de derechos humanos Adriana Rearte, directora del portal Cordobazo Azul, quien informó que 30 efectivos de la Policía de Córdoba capital presentaron carpetas médicas en las últimas horas, en un contexto de creciente malestar dentro de la fuerza.
@cordobazoazul0 Córdoba no quiere una vez más la noche que el gobierno nos dejó solos #cordoba #policiadecordoba ♬ sonido original – Cordobazoazul
Sanciones, controles cada dos horas y recargos arbitrarios
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Sanciones a policías por reunirse entre compañeros.
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Controles de frecuencia cada dos horas, como si fueran presos con tobillera.
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Recargos masivos para operativos en eventos deportivos sin consulta ni compensación real.
La situación excede lo laboral: es una presión psicológica sistemática, denunciada por los familiares como “violencia institucional desde adentro”.
El clima se cargaba desde el jueves
La jornada del sábado marcó un quiebre, pero desde el jueves se venían advirtiendo señales de alerta, según informó Rearte. Nadie puede decir que no fue avisado.
En la ciudad de Córdoba, donde todo puede volver a estallar
El epicentro es la capital de la provincia, donde en 2013 ya ocurrió una crisis de características similares. Aquel episodio terminó con saqueos, muertos, policías expulsados y un pueblo desprotegido. El temor hoy es revivir ese mismo libreto.
Porque el desprecio institucional se volvió insoportable
La fuente advierte que la bronca acumulada no es sólo por lo económico. Hay una sensación generalizada de persecución judicial, con fiscales como Raúl Garzón y Guillermo González, y la funcionaria judicial Soledad Laciar (es bancaria y ademas asesora en el Ministerio de Seguridad siendo que odia la policía y solo busca venganza por qué justicia ya hubo), apuntados por “hostigar y disciplinar a la fuerza” a través de procesamientos sin sustento y detenciones arbitraria.
Se reclama respeto, justicia y garantías procesales.
“Estamos cansados de que el policía sea culpable hasta que se demuestre lo contrario.”
Una ley inconstitucional que criminalizaban el derecho a reunirse
Tras los hechos de 2013, en Córdoba se sancionó una normativa conocida como «Ley Antimotines», que prohíbe a los policías realizar reuniones, asambleas o manifestaciones, incluso en horarios francos. Esta ley es claramente inconstitucional: viola derechos básicos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales, como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Aplicarla hoy no solo es ilegal, sino una provocación peligrosa.
La “Ley Antimotines”: una norma inconstitucional derogada
Tras los hechos del 2013, la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley N.º 10.326, conocida como “Ley Antimotines”, que prohibía expresamente a los integrantes de las fuerzas de seguridad reunirse, manifestarse o expresar reclamos colectivos, incluso en sus días de franco.
Particularmente, el artículo 3 establecía que «los integrantes de la Policía no podrán realizar acciones de fuerza, medidas de protesta, asambleas o cualquier otra manifestación que altere el normal funcionamiento del servicio«. Asimismo, el artículo 5 autorizaba sanciones disciplinarias y cesantías sin necesidad de sumario previo para quienes violaran dicha norma.
Esta ley chocaba directamente con los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, que garantizan la libertad de expresión, de reunión y el derecho a peticionar a las autoridades. Además, viola convenios internacionales ratificados por Argentina, como el Convenio N.º 87 de la OIT, que reconoce el derecho de asociación de todos los trabajadores, incluso en servicios esenciales.
Juristas y organismos de derechos humanos han cuestionado su validez desde su sanción y se logró su derogación tácita a partir de la instauración del Tribunal de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, el Estado cordobés la sigue aplicando como herramienta de amedrentamiento, perpetuando un clima de persecución institucional incompatible con un Estado de Derecho.
“La soga está por cortarse”
Rearte no dramatiza: advierte. Y con conocimiento de causa. En su mensaje, afirmó que muchos vecinos están dispuestos a apoyar a los policías porque también “están hartos de la delincuencia de arriba y de abajo”.
El mensaje final, dirigido al gobernador:
“Quintero, no mires para otro lado. Esto se puede controlar, pero tienen que dejar de perseguir a los inocentes.”
La lección que Córdoba no aprendió: el recuerdo del 2013
En aquella ocasión, no fue la policía quien abandonó a la ciudadanía: fue el Estado.
Hoy, los mismos errores podrían repetirse, con un agravante: la soga institucional está más tensa que nunca, y los que están tirando… no son los de uniforme.
FA24
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