El próximo 23 de marzo vence el plazo establecido por la Ley 27705 de moratoria previsional para que las personas que cuentan con edad para jubilarse pero que no reúnen la cantidad de años de aportes, puedan acogerse a los beneficios previsionales.
Son plazos que se viene renovando desde hace años, pero que el actual gobierno de Javier Milei esta vez está dispuesto a no renovar.
Se insiste mucho en que la moratoria implica un acto de inequidad respecto de los que sí completaron sus aportes, pero esta sentencia merece un par de aclaraciones. En primer lugar, según el régimen todavía vigente, la deuda por la falta de aportes del nuevo jubilado se va descontando mes a mes de los haberes que va cobrando, de modo que en definitiva termina realizando los aportes correspondientes.
Además, visto desde una perspectiva diferente, podría decirse que la persona que se acoge a la moratoria previsional podría sentirse víctima de esa inequidad, y no beneficiaria. Es que en la inmensa mayoría de los casos las personas que se acogen a la moratoria carecen de los años de aporte no porque no hayan trabajado, sino porque lo hicieron en negro. Y fueron las patronales las que no les realizaron los aportes que marca la ley. Durante todo ese período, a diferencia de los trabajadores en blanco o formalizados, carecieron no solamente de los aportes que les hubiera permitido acceder a la jubilación por la vía normal y no excepcional, sino probablemente también de otros beneficios, como obra social y vacaciones pagas, por ejemplo.
Debe entenderse que en la Argentina más del 40% de los trabajadores están “en negro”. Y el porcentaje ha subido durante el primer año del gobierno de Milei respecto de 2023. Hay sectores donde la informalidad tiene niveles altísimos, como el servicio doméstico (70%), la construcción (60%) y la agricultura (58%).
Si en marzo el Gobierno decide terminar con el régimen de moratoria previsional, las estadísticas de la ANSES indican que a partir de abril solo podrán jubilarse una de cada diez mujeres y tres varones de cada diez. En el primer semestre de 2024 (último dato) se sumaron 216.621 nuevos jubilados, de los que 160.163 lo hicieron por la vía de la moratoria (74%) y solo 56.458 (26%) no precisaron de ese mecanismo.
Sin la moratoria, al trabajador sin los aportes necesarios tendría dos alternativas: seguir trabajando varios años más después de superar la edad piso para jubilarse hasta completar aportes, o acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que consiste en el 80% del haber jubilatorio mínimo y que se otorga recién a los 65 años, 5 años más que la edad exigida en condiciones ordinarias a las mujeres. Además, la PUAM, que solo está limitada a personas en situación de vulnerabilidad, no da derecho a pensión por viudez.
La eventual desaparición del régimen de moratoria previsional provocaría un incremento muy marcado de la cantidad de adultos mayores en situación de pobreza o indigencia, razón más que suficiente para rever una decisión que parece ya tomada.
Fuente: El Ancasti