Cuando el lenguaje revela más que los operativos.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de lanzar la denominada «Operación Muro» sobre los accesos de la General Paz generó una fuerte repercusión política y mediática.
El operativo, presentado como una respuesta al delito proveniente del conurbano bonaerense, incluye controles reforzados, presencia policial y dispositivos tecnológicos sobre los principales accesos a la Capital Federal.
Sin embargo, más allá de las medidas concretas, existe una cuestión que merece una reflexión más profunda: ¿por qué hablar de un muro?
Los controles no son nuevos
Conviene recordar algo. Los controles sobre los accesos a la entonces Capital Federal no nacieron con este operativo.
Desde hace décadas existen puestos de control, operativos conjuntos, identificación de personas, búsqueda de prófugos, controles vehiculares y acciones coordinadas entre fuerzas federales, provinciales y locales.
Durante años la lógica fue otra. La seguridad metropolitana se apoyaba en la cooperación entre jurisdicciones, en el intercambio de información, en la coordinación operativa y en el desarrollo de tecnologías compartidas.
Las fuerzas entendían que el delito no reconoce límites administrativos y que, precisamente por ello, la respuesta debía ser conjunta. La diferencia no está en los controles está en el lenguaje.
De la cooperación al muro
La palabra elegida no es neutra. Un muro no une, separa, no coordina. Un muro divide.
Por eso llama la atención que una política de seguridad metropolitana adopte una terminología históricamente asociada a la fragmentación territorial.
La propia historia ofrece ejemplos contundentes.
El Muro de Berlín simbolizó durante décadas la división de una nación y de un pueblo.
Los llamados «muros de paz» de Belfast separaron comunidades enfrentadas en Irlanda del Norte.
La barrera construida por Israel en territorios palestinos ocupados sigue siendo uno de los símbolos más discutidos de nuestro tiempo.
El muro impulsado por Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México se transformó en un emblema global de las políticas restrictivas frente a la inmigración.
Naturalmente, la General Paz no es ninguna de esas realidades.
Pero las palabras poseen una carga simbólica que no puede ignorarse.
La construcción de fronteras internas
La idea tampoco es completamente nueva en Argentina. Durante la pandemia muchas provincias comenzaron a utilizar el término «frontera» para referirse a simples límites interprovinciales. Esto se incentivo exprofeso en los medios masivos de comunicación para naturalizar el lenguaje de orientación claramente secesionista.
Se instalaron controles sanitarios, permisos especiales y restricciones de circulación que llevaron a situaciones inéditas entre ciudadanos de un mismo país. Allí los argentinos tuvimos que vivir situaciones graves quizás la mas recordada sea la de Pablo Musse, quien no pudo despedirse de Solange porque le impidieron pasar de La Pampa a Córdoba.
Paralelamente aparecieron discursos políticos cada vez más autonomistas.
Otro de los ejemplos más conocidos fue el del actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien años atrás llegó a afirmar que «cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba de separarse del país», en una declaración que alimentó el llamado «Mendoexit».
Aunque aquellas expresiones nunca pasaron del plano político y discursivo, reflejaban una misma tendencia: la tentación de interpretar los problemas nacionales desde una lógica de separación territorial.
El libre tránsito y una discusión constitucional
La Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes a «entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino». Se trata de una de las garantías históricas más importantes del sistema constitucional y constituye uno de los pilares de la organización federal del país.
Naturalmente, ese derecho no es absoluto. El Estado puede establecer controles razonables destinados a prevenir delitos, identificar personas buscadas por la Justicia o proteger la seguridad pública. Lo que la Constitución impide es que esas regulaciones se transformen en obstáculos arbitrarios para la circulación de los ciudadanos.
Controlar delitos no es controlar procedencias
Aquí aparece una diferencia fundamental. No es lo mismo controlar conductas sospechosas que controlar lugares de origen.
Si un operativo busca detectar vehículos robados, personas con pedidos de captura, armas ilegales o actividades criminales concretas, se encuentra dentro de las funciones habituales de prevención policial.
Pero cuando el mensaje político que acompaña a esos controles instala la idea de que el problema «viene de afuera» o que el delito se encuentra asociado a una determinada procedencia geográfica, comienza a construirse una categoría distinta: la sospecha territorial.
Y esa sospecha no recae sobre delincuentes identificados sino sobre miles de ciudadanos que diariamente cruzan la General Paz para trabajar, estudiar, atenderse médicamente o desarrollar actividades comerciales.
Los bonaerenses bajo observación
La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires conforman un único espacio urbano, económico y social. Cada día millones de personas cruzan de una jurisdicción a otra sin percibir siquiera dónde termina una y comienza la otra.
Por eso resulta inevitable preguntarse cuál es el impacto real de una política presentada bajo la figura de un «muro».
Aunque formalmente nadie prohíbe el ingreso de ciudadanos bonaerenses a la Ciudad, el mensaje simbólico puede producir otro efecto: instalar la idea de que quien llega desde el otro lado de la General Paz constituye un sujeto que merece un control especial.
La frontera que no existe
Desde el punto de vista jurídico la General Paz no es una frontera. No separa países. No divide soberanías. No constituye una aduana ni un paso internacional. Es simplemente un límite administrativo dentro de una misma Nación.
Por eso algunos especialistas advierten sobre los riesgos de utilizar conceptos como «muro», «blindaje» o «frontera» para referirse a espacios que históricamente fueron ámbitos de integración y circulación permanente.
Las palabras importan. Y cuando el lenguaje político comienza a transformar límites administrativos en fronteras simbólicas, la discusión deja de ser exclusivamente policial para ingresar en el terreno de los derechos ciudadanos.
La pregunta de fondo
La cuestión no pasa por discutir la necesidad de prevenir el delito, toda sociedad tiene derecho a exigir seguridad.
La pregunta es otra:
¿Se está controlando una conducta sospechosa o se está sospechando de una procedencia?
Porque si la respuesta termina siendo la segunda, el debate ya no se refiere únicamente a la seguridad pública.
Empieza a involucrar también principios constitucionales tan básicos como la igualdad ante la ley, la libertad de circulación y la propia idea de ciudadanía dentro de una República Federal.
El riesgo de una nueva mirada
La verdadera preocupación es que la inseguridad comience a ser interpretada bajo una lógica territorial simplificada.
Cuando se instala la idea de que el delito viene de «afuera», que cruza la General Paz o que pertenece exclusivamente a otra jurisdicción, se corre el riesgo de simplificar un fenómeno mucho más complejo.
Las organizaciones criminales no respetan límites administrativos. El narcotráfico no reconoce fronteras provinciales. Las bandas de robo automotor operan simultáneamente en varias jurisdicciones. La trata de personas, el lavado de activos y los mercados ilegales funcionan precisamente aprovechando las fragmentaciones institucionales.
Por eso históricamente las respuestas más eficaces fueron aquellas basadas en la cooperación y no en la confrontación.
Los otros muros
Quizás el problema más profundo es que los muros nunca son solamente físicos.
Existen muros burocráticos, cuando el Estado dificulta el acceso a derechos.
Existen muros económicos, cuando la desigualdad divide territorios y comunidades.
Existen muros digitales, cuando la tecnología segmenta y vigila.
Y también existen muros políticos, cuando las instituciones dejan de colaborar para comenzar a competir entre sí.
La seguridad pública necesita exactamente lo contrario. Necesita puentes, coordinación, intercambio de información y fundamentalmente confianza institucional.
La pregunta de fondo
La verdadera discusión no pasa por si deben existir controles en los accesos a la Ciudad. Siempre existieron y probablemente seguirán existiendo. La pregunta es otra.
¿La Argentina necesita más muros o más cooperación?
Porque cuando las políticas de seguridad comienzan a hablar el lenguaje de las fronteras internas, aparece un riesgo silencioso: que terminemos creyendo que los problemas nacionales pueden resolverse separando argentinos de otros argentinos y la historia demuestra que los muros pueden dividir territorios.
Lo que nunca han logrado es resolver por sí solos los problemas que los originaron.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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