El 13 de abril, la provincia elige convencionales constituyentes. Las fuerzas de seguridad deben estar alertas: lo que se define puede cambiar su presente y su futuro.
Por Alberto Martinez (*)
¿Qué se vota? Una reforma que impactará en la vida real
El próximo domingo 13 de abril, los santafesinos votarán 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución Provincial, vigente desde 1962.
Se eligen:
- 50 convencionales por distrito único (toda la provincia como un solo distrito).
- 19 convencionales por cada departamento provincial.
Lo que parecería ser solo un trámite institucional es en realidad una jugada de alto voltaje político, donde se debaten derechos laborales, régimen previsional, funcionamiento de la Justicia, estructura del Estado y seguridad pública.
Aspectos habilitados para la reforma según la Ley 14.384
La Convención Reformadora está estrictamente limitada a reformar ciertos artículos y a incorporar temas preestablecidos. Entre los puntos más relevantes:
Poder político e institucional
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Habilita la reelección del gobernador y vice (art. 64).
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Cambia la duración del período de sesiones legislativas y revisa el funcionamiento de la Legislatura (art. 40, 55, 56, 58, 61).
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Introduce el voto desde los 16 años y la paridad de género en la Cámara de Diputados (art. 29, 32).
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Modifica la estructura y competencias de la Corte Suprema, incluyendo el número de miembros, requisitos y designación (art. 84, 86, 88).
Poder Judicial y Ministerio Público
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Reorganiza el sistema de designación y remoción de jueces y fiscales (arts. 86, 91).
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Reconoce constitucionalmente al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa, con autonomía funcional y autarquía (d.1.12).
Nuevos derechos y garantías
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Introduce principios sobre:
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Seguridad pública con enfoque preventivo y de derechos humanos.
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Derechos digitales, participación ciudadana, defensor del pueblo, acción positiva, protección ambiental, derecho al agua, consumidores, ciencia e innovación, y hábitat.
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Reconocimiento constitucional a colegios profesionales y cajas previsionales.
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Sistema previsional
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El art. 21 asegura un sistema público de reparto a cargo del Estado, pero la ley permite la introducción de principios de “sostenibilidad”, lo que abre la puerta a reformas regresivas, bajo el argumento de equilibrio fiscal.
Seguridad
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Se consagra a la seguridad pública como derecho fundamental y función primaria del Estado, pero no incluye derechos laborales, ni organización sindical ni convenios colectivos para los trabajadores de la seguridad.
¿Qué quieren reformar? La letra chica del poder
Lejos de ser una actualización técnica, el proyecto de reforma impulsado por la Ley 14.384 modifica el esqueleto institucional de Santa Fe. No sólo habilita la reelección del gobernador, sino que rediseña la estructura del Poder Judicial para controlar la Corte Suprema, elegir fiscales a medida y reducir los contrapesos democráticos. Se introducen nuevas figuras como el defensor del pueblo, el voto joven y la paridad de género, pero el enfoque general está claro: más poder para el Ejecutivo, menos controles y una Justicia subordinada. En materia de seguridad, se incorpora un enfoque de derechos humanos sin garantizar derechos laborales ni sindicales para policías y penitenciarios, lo que profundiza el modelo de represión institucional silenciosa. Además, aunque se afirma que se respetará el sistema previsional estatal, la ambigua referencia a “sostenibilidad” permite intuir nuevos recortes a los jubilados bajo la excusa del equilibrio fiscal. La reforma parece escrita por técnicos del ajuste, no por defensores del pueblo.
¿Por qué esto afecta directamente a policías y sus familias?
Porque muchos de los temas habilitados para la reforma tocan de lleno el sistema previsional, los mecanismos de control y la estructura de las fuerzas de seguridad, sin participación ni consulta a quienes más saben del tema: los que patrullan, previenen y custodian todos los días.
Entre los puntos más sensibles:
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Sistema previsional en riesgo: Se promueve una «adecuación» del régimen jubilatorio que ya está generando consecuencias nefastas. La emergencia previsional en vigencia, sumada a una fórmula de movilidad que no acompaña la inflación, licúa los haberes de policías retirados y pensionados. Los efectos ya se sienten: en abril recién se cobra un 3,1% de aumento, cuando la inflación bimestral enero/febrero supera el 5,8% y falta computar marzo.
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Derechos laborales sin garantías: La reforma habilita cambios en el artículo 20 de la Constitución, que trata el «trabajo decente», y menciona de manera genérica los derechos colectivos y las paritarias. Sin embargo, el personal de seguridad sigue excluido del reconocimiento constitucional al derecho a agremiarse, negociar salarios o participar en el diseño de su marco legal. La omisión no es inocente.
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Reconfiguración de la seguridad pública sin voz de quienes la sostienen: Se incluye la posibilidad de constitucionalizar «principios del sistema de seguridad pública», sin participación real de las fuerzas. Esto pone en riesgo el carácter civil, profesional, transparente y garantista de la función policial, dejando margen para la politización o militarización de la fuerza, según el humor del poder de turno.
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Mayor concentración política en manos de quienes persiguen a policías: El texto habilita rediseños en la designación de jueces, fiscales y defensores, sin mecanismos eficaces de control ciudadano. En un escenario donde policías que reclaman condiciones dignas terminan imputados o sancionados, estos cambios consolidan una justicia servil al poder político y dejan aún más expuestos a los trabajadores.
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Ajuste institucional y disciplinamiento por decreto: En vez de avanzar hacia una Constitución que garantice derechos, la reforma facilita el uso de decretos de necesidad y urgencia y debilita los controles cruzados, lo que acentúa el autoritarismo administrativo y permite el castigo arbitrario al personal sin defensa ni transparencia.
Una reforma silenciosa y a contramano del pueblo
El proceso de reforma constitucional avanza con un nivel de hermetismo preocupante: no hay debate público real, no se ha impulsado ninguna campaña oficial de información masiva, y las audiencias informativas que podrían garantizar una participación democrática fueron reemplazadas por una maquinaria electoral verticalista, apurada y costosa.
Todo esto ocurre sin incluir a los sectores más afectados, entre ellos, los trabajadores de la seguridad pública, que una vez más son relegados al rol de herramienta, cuando deberían ser considerados como sujetos de derecho, ciudadanos de uniforme con voz propia.
Mientras se les exige presencia en cada crisis, en cada conflicto, y hasta se los pone al frente de reformas operativas en el terreno, se los excluye del debate de fondo: el que define su futuro como trabajadores del Estado.
Pero la gravedad va más allá: esta reforma es parte de un plan estructural para blindar políticamente al oficialismo. ¿Cómo?
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Designando fiscales a dedo, sin control social ni garantía de independencia.
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Frenando causas judiciales escandalosas, como las vinculadas a corrupción estructural y redes de encubrimiento.
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Concentrando el poder en el Ejecutivo, debilitando a la Corte Suprema provincial y manipulando el sistema de enjuiciamiento de jueces y defensores.
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Y sobre todo, disciplinando a quienes incomodan al poder, desde periodistas críticos hasta trabajadores de la seguridad que se organizan para reclamar sus derechos.
Es decir, mientras en la superficie se debate la inclusión de derechos digitales o la revocatoria de mandatos, en las sombras se diseña un nuevo régimen político más autoritario, con fachada democrática pero vocación de control absoluto.
¿Quién defiende a los que nos defienden? Esta reforma, tal como está planteada, no es la respuesta.
¿Cómo se vota y qué hay que tener en cuenta?
- La elección se realiza con boleta única.
- Se vota simultáneamente a las PASO municipales y comunales.
- Habrá una boleta de color naranja para convencionales por distrito único.
- Y otra boleta de color azul para convencionales departamentales.
Es clave verificar los padrones con anticipación y entender que este voto es tan importante como elegir a un gobernador. Se está decidiendo el texto que regirá la provincia durante décadas.
¿Quién impulsa esta reforma y con qué intereses?
El principal promotor de esta reforma constitucional es el gobernador Maximiliano Pullaro, con el aval y la arquitectura política del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, integrado por sectores de la UCR, el PRO, el socialismo santafesino y una constelación de partidos menores alineados a la gestión.
Aunque en los discursos oficiales se repite que la reforma busca “modernizar” la Constitución, la realidad muestra otra cosa. No hay un solo proyecto de reforma previo, ni un solo borrador debatido públicamente, ni una agenda ciudadana que haya pedido esto. Muy por el contrario: todo indica que el verdadero interés es garantizar mecanismos institucionales para perpetuar el poder y blindar a los aliados políticos y judiciales del oficialismo.
Los ejes más comentados, aunque no expresados en forma directa, son:
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Habilitar la reelección del gobernador, una cláusula actualmente prohibida por la Constitución de 1962. Esto permitiría a Pullaro aspirar a un segundo mandato, concentrando poder en un esquema que ya evidencia signos de verticalismo extremo.
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Rediseñar la integración y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de disminuir su autonomía, colonizar su funcionamiento y debilitar su rol de contrapeso al Ejecutivo.
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Consolidar el control político del Ministerio Público de la Acusación, en especial de los fiscales, que hoy están en la mira por su cercanía con el poder político, su rol en el armado de causas contra trabajadores policiales y su pasividad ante casos de corrupción de alto nivel.
Todo esto se produce en un contexto de ajuste feroz, donde el gobierno no sólo recorta salarios y deteriora la capacidad adquisitiva de trabajadores activos, sino que también perjudica a los retirados y pensionados con una nueva fórmula previsional regresiva, que no cubre ni la mitad de la inflación acumulada. El diferimiento de la política salarial, la emergencia previsional, y el desmantelamiento progresivo del sistema de salud y contención para el personal en situación de retiro son la contracara del relato del “orden” y la “seguridad”.
Además, el gobierno utiliza la estructura judicial para perseguir administrativa y penalmente a policías que se organizan, denuncian abusos o exigen condiciones de trabajo dignas, consolidando un modelo de represión interna silenciosa.
Es decir: se pretende reformar la Constitución no para fortalecer la democracia, sino para asegurarse el control del Estado sin controles ni disidencias. Por eso esta reforma no es neutra. Tiene dueño, tiene intereses y tiene objetivos que contradicen el sentido de justicia que la Constitución debería consagrar.
¿Qué hacer? Ir a votar, informarse y no regalar la Constitución
Convocamos a reflexionar críticamente, informarse y ejercer el voto con conciencia. No se trata de una elección más. Se trata de defender los derechos ganados, de proteger lo que costó décadas conquistar y de evitar una reforma hecha a espaldas del pueblo.
AMPLIAREMOS en próximos análisis y el final qué responderá a: ¿Porque no debemos votar al oficialismo y sus satélites?
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
FA24