SANTA FE: Amenazas y apretadas ¿En que quedó la denuncia del juez Banegas?

Aunque se esmerila sustantivamente la credibilidad/verosimilitud de un Poder Del Estado los hechos que transmiten un mensaje a la sociedad quedan diezmados al estrellarse contra valores morales, sociales e institucionales.

Por Huber Cracogna

El escándalo de Fiscalía – PMA – Reconquista y hechos que se grabaron en letras de moldes en el colectivo social, muy a pesar de su naturalización, siguen y seguirán demandando una acción disciplinaria y aleccionadora. Es la justicia quien establece límites o deberían imponerlos. Hoy sus mentores, representantes e integrante de Estamentos disciplinarios se muestran pasibles y resilientes apostando a la amnesia colectiva y límites que, aunque deliberadamente pisoteados, jura que, su funcionalidad cotidiana hará lo suyo.

El jefe de Fiscales de la IV circunscripción de la provincia – Martínez – utiliza a un juez como mandadero conforme traslada un mensaje mafioso que culmina en el quiebre emocional de un tercer Juez – Banegas, sorteado en una causa – que obligado a salvar su honradez renuncia oficialmente. Presenta su denuncia de 48 páginas a la Corte Suprema de Justicia sin advertir aún ni siquiera el comienzo de una investigación. El cúmulo de escándalo en cantidad y tenor superaron todos los límites tolerables. Los músculos de la institucionalidad judicial aún permanecen inmutables e impertérritos.

Cualquier estudiante de abogacía advertiría la gravedad del hecho. Un funcionario público – fiscal – amedrenta a otro funcionario público, logrando que un juez “in” conveniente y partícipe de una singular causa se aparte y el emisario del mensaje – apretada – no es otro que la figura de otro juez penal. Art. 149 ter. CPA – Coacción sobre una investidura – destinado a obtener ventajas personales y estratégica. Los resultados de cualquier juicio garantizarían sentencia previa al comienzo de su desarrollo. La única opción posible ya está firmada. La pena jurídica por violar el artículo citado ajusticia con un reproche entre 5 y 10 años de prisión.

Del hecho tomaron conocimiento todos los jueces del distrito – IV Circunscripción – cuyas afirmaciones fueron tomados por las cámaras del edificio tribunalicio sustentado por un Escribano Público. La ampulosa amenaza incluyó el apoyo político, según los dichos del jefe de fiscales, del Ministro de Gobierno de la provincia. La prensa y la sociedad desconoce aún qué medidas investigativas se tomó, veracidad y gravedad de los hechos. Nadie, hasta el momento, instruyó medida alguna.

La gravedad de los hechos radica ya en la naturalización de límites que traspasaron fronteras de tolerancia establecidas en un dejar hacer que lastima deshonrosamente la probidad institucional del Poder del Estado en cuestión.

En este particular y singular contexto nadie en su mentada razón, dejará de preguntarse si ante una amenaza ordinaria y habiéndose radicada la denuncia, como elementos de protección alertando a las autoridades de seguridad y/o jurídicas, obtendría un resguardo garantizando su entereza o, en esta espasmódica lógica imperante, ¿mudaría su estatus/ciudadano vulnerado, expuesto y objeto de ultrajes ulteriores sin obtener una mínima medida esperable?

9 magistrados de la región fueron notificados de los hechos denunciados, cámaras que registraron imprimiendo un material inobjetable y una denuncia de 48 fojas firmada por un juez penal – Banegas – apretado dejaron al desnudo una particular situación que obtura toda legitimidad institucional, veracidad y la indivisible integridad de un poder del Estado. El ápice vertiginoso del tiempo ya registró 13 días de un hecho espasmódico y sin antecedentes ¿Alguien hará algo?

Fuente: Norte Obligado

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