Fernando Gómez, policía retirado de Salta, padece cáncer y lleva semanas esperando que el Instituto Provincial de Salud le autorice un tratamiento vital. Su familia denuncia abandono, burocracia y maltrato institucional.
Por Alberto Martínez (*)
¿Quién es Fernando Gómez y por qué lucha?
Fernando no es un “ex policía”. Es un servidor público en situación de retiro, que durante décadas defendió a su comunidad en la provincia de Salta. Hoy, ese mismo Estado al que le dedicó su vida, le da la espalda. Diagnósticado con cáncer, necesita con urgencia el tratamiento prescripto por sus médicos, pero el Instituto Provincial de Salud (IPS) se lo niega con excusas administrativas.
El sistema que enferma más que cura
Según relata su familia, el IPS dilata autorizaciones, pierde papeles, solicita requisitos absurdos y deja a Fernando a la espera de una respuesta que no llega, mientras su salud se deteriora rápidamente.
“Nos están obligando a mendigar por algo que nos corresponde”, denuncia su hija con la voz quebrada.
Este no es un caso aislado. Numerosos afiliados al IPS—activos y pasivos—denuncian maltratos, demoras, desidia y falta de humanidad en la atención. Lo que debería ser un derecho se convierte en una lucha cotidiana contra la indiferencia estatal.
La urgencia médica que no admite más tiempo
Fernando necesita iniciar un tratamiento de radioterapia. Los especialistas lo consideran indispensable para mejorar su calidad de vida y prolongar su sobrevida, pero la burocracia del IPS le niega esa oportunidad.
“El IPS lo está matando lentamente”, resume su familia con crudeza y dolor.
Una súplica pública que se hace colectiva
La familia de Fernando recurrió a los medios y a las redes para visibilizar el caso. Piden que el gobernador Gustavo Sáenz y las autoridades del IPS den una respuesta urgente.
Organizaciones de policías retirados ya se solidarizaron con Fernando y exigen una auditoría sobre el funcionamiento del IPS, al que acusan de trato inhumano hacia quienes dieron años de servicio al Estado.
El Estado no puede lavarse las manos
Este caso interpela directamente al Gobierno provincial: ¿Qué tipo de sociedad somos si dejamos morir a quienes protegieron a los demás? ¿Cuál es la escala de prioridades de un Estado que financia espectáculos, propaganda y política, pero no garantiza tratamientos oncológicos básicos a sus jubilados?
“Proteger al que protegió” no puede ser solo un lema
El caso de Fernando exige una respuesta inmediata, pero también una reforma estructural del sistema de salud para los trabajadores retirados del Estado.
Porque la dignidad no se jubila, y la justicia social no puede depender de un trámite.
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en justicia y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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