Clarín publicó que el gobernador Axel Kicillof habría echado a 24 policías por vínculos con un candidato libertario. Aún no hay sumarios ni resoluciones oficiales. ¿Justicia administrativa o operación política en vísperas de elecciones?
Por Alberto Martínez (*)
Cuando el rumor es noticia, la institucionalidad tiembla
El diario Clarín, uno de los medios de mayor llegada del país, sorprendió el 23 de julio con una nota firmada por Nicolás Wiñazki que afirma que el gobernador bonaerense Axel Kicillof habría cesanteado a 24 efectivos de la Policía Bonaerense por haber participado —de modo directo o indirecto— en una movilización callejera encabezada por un precandidato presidencial del espacio libertario.
La información, basada en “fuentes del Gobierno provincial”, sostiene que los agentes fueron identificados por cámaras de seguridad y fotografías, y que habrían sido separados por violar el deber de neutralidad política. Lo llamativo es que, hasta el momento, no hay confirmación oficial de sumarios en marcha, ni resoluciones publicadas, ni declaraciones del Ministerio de Seguridad.
Es decir: no hay prueba documental. Solo rumores. Pero son rumores que, viniendo de un medio como Clarín y en medio de un proceso electoral, no pueden ser tomados a la ligera.
El riesgo de usar a la policía como chivo expiatorio político
Venimos alertando sobre el uso disciplinario de las fuerzas de seguridad como botín simbólico de la política. Cuando el poder necesita enviar un mensaje —a los propios, a la tropa o a la sociedad— los policías se transforman en el blanco fácil. Hoy con una supuesta foto, mañana con un recorte de sueldo, y pasado con una sanción exprés sin defensa ni debido proceso.
Si se confirmara que estos 24 desplazamientos fueron reales y se hicieron sin sumario previo, estaríamos ante un hecho gravísimo desde el punto de vista jurídico y democrático. Pero incluso si sólo se tratara de una operación de prensa, la señal no es mejor: se estaría usando el aparato mediático para condicionar y disciplinar a la fuerza policial en pleno clima electoral.
Sin garantías, la seguridad también se vuelve rehén
Recordemos: la Constitución Nacional y los tratados internacionales exigen el respeto del debido proceso. No se puede echar a nadie sin sumario, sin defensa, sin fundamentos. Y menos aún por ejercer —presuntamente— una libertad básica como simpatizar con una idea política.
Además, este tipo de noticias se producen en un contexto nacional de crisis profunda en las fuerzas de seguridad: más de 2.200 efectivos federales han pedido la baja en los últimos seis meses, y en provincias como Santa Fe ya no se inscriben jóvenes en los institutos policiales por becas indignas y sueldos posteriores que rozan la línea de pobreza.
El rumor como herramienta de miedo
Por eso, lo que Clarín publicó no puede tomarse con liviandad. Sea cierto o no, el mensaje disciplinador ya fue enviado: «te estamos mirando», y eso genera parálisis, autocensura y miedo entre miles de trabajadores policiales que ya están desbordados por turnos interminables, falta de respaldo legal y condiciones de vida miserables.
La Doctrina de la Sospecha Permanente no necesita confirmación oficial. Le basta con el rumor. Y si el rumor lo publica Clarín, el efecto es más potente que un sumario.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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