Esta semana, Rosario volvió a quedar en el centro del escándalo institucional.
Por Alberto Martínez (*)
Especial para Frecuencia Azul
Una nueva purga sacude a la Policía santafesina: 38 allanamientos, 20 detenidos y una intervención que en lugar de despejar dudas, las multiplica. La sospecha de robo de combustible reaviva la interna política por el control de las fuerzas de seguridad en Rosario.
La Justicia ordenó 38 allanamientos simultáneos en dependencias policiales, bajo la sospecha de una red de malversación de combustible, que involucraría a personal jerárquico y operativo. Hasta ahora, hay 20 detenidos, la mayoría policías en funciones, aunque no se descartan más arrestos.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por fuerzas federales, a pedido del fiscal Matías Edery, en el marco de una causa que podría escalar a niveles políticos si se confirma que existió una “zona liberada” administrativa para el desvío sistemático de recursos del Estado.
La punta del iceberg
El delito investigado parecería menor al lado del trasfondo: el combustible presuntamente robado era el destinado a patrullajes preventivos. Es decir, se habría desviado dinero público que debía garantizar la seguridad ciudadana, mientras Rosario sufre una de las olas de violencia más graves del país. ¿Casualidad o consecuencia?
Intervención bajo sospecha
Ante el escándalo, el Gobierno de Santa Fe intervino la Unidad Regional II, designando como interventor al comisario Claudio “Droopy” Romano. Pero lejos de aportar transparencia, la medida encendió nuevas alarmas.
Romano fue pasado a disponibilidad en 2020, tras un sonado caso de corrupción en la Unidad Regional V (Rafaela), donde fue señalado por su presunta participación en el ocultamiento y desvío de bienes institucionales. Aunque solo el subjefe de entonces —Ariel Palomeque— asumió públicamente la responsabilidad y fue condenado por peculado, Romano fue parte del mismo equipo de conducción y quedó bajo sospecha.
Paradójicamente, ese prontuario no le impidió regresar años después como el «salvador» institucional. Una paradoja inquietante.
Rosario, laboratorio de poder
Detrás de la intervención no hay solo una crisis policial. Hay una feroz disputa de poder. Lo que parece una limpieza interna es, para muchos analistas, una reconfiguración del control político sobre las llamadas “cajas negras” de la seguridad: combustible, horas extras, logística, comisarías, recursos discrecionales. Todo eso está en juego.
En ese contexto, la credibilidad institucional toca fondo. Las decisiones del poder político, en lugar de reforzar a la Policía, la exponen como chivo expiatorio de un sistema donde la corrupción no solo es tolerada, sino funcional.
Una frase que lo resume todo
“En Rosario la impunidad juega de local. Y lo hace con camiseta oficial.”
¿Por qué esto importa al resto del país?
Porque Rosario no es un caso aislado, sino el espejo de un modelo de seguridad que está al borde del colapso. Si no se respetan los derechos de quienes deben cuidar a la sociedad —los trabajadores policiales honestos— y si no se desmontan las redes de complicidad político-institucional que los corrompen o los abandonan, la violencia seguirá creciendo, como ya ocurre en otras provincias.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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