La propuesta de reforma del Código Penal impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional ha reabierto un intenso debate sobre seguridad, garantías constitucionales y el rol de las fuerzas de seguridad. Entre los puntos más controvertidos del anteproyecto se encuentran varias modificaciones que impactan directamente en la tarea diaria de los policías argentinos.
Observamos con atención estos cambios, que si bien buscan dotar de mayores herramientas al personal policial, también podrían generar consecuencias negativas si no se acompañan de controles adecuados, formación continua y claridad normativa.
Legítima defensa y respaldo legal al accionar policial
Uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación de una presunción favorable al policía que actúe “en cumplimiento de su deber y en uso reglamentario de sus armas”. En estos casos, no se considerará punible su accionar, incluso si causa lesiones o muerte.
Desde sectores oficiales se argumenta que esta medida busca evitar que el personal sea criminalizado por actuar frente a situaciones de peligro. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que esta presunción podría alentar el uso desproporcionado de la fuerza si no se establecen límites claros.
Nuevas facultades operativas sin orden judicial
El reciente Decreto 383/2025, que reformó el estatuto de la Policía Federal, habilita una serie de intervenciones policiales que antes requerían autorización judicial. A partir de ahora, los efectivos podrán:
-
Realizar requisas personales y de vehículos en la vía pública sin orden judicial, cuando existan “circunstancias objetivas” que lo justifiquen.
-
Detener personas sin orden judicial por sospechas fundadas o por no acreditar identidad.
-
Monitorear redes sociales y espacios digitales públicos como parte de la prevención del delito.
Estas herramientas buscan reforzar la prevención, pero han sido criticadas por organismos de derechos humanos que temen un uso discrecional o arbitrario.
Entre la eficacia operativa y el riesgo institucional
Si bien reconocemos que la tarea policial requiere respaldo jurídico real para enfrentar situaciones de alto riesgo, también advertimos que el debilitamiento de los controles judiciales podría dejar al agente expuesto, tanto a imputaciones por abuso como a la manipulación política del accionar policial.
“Un policía sin respaldo legal actúa con miedo. Pero un policía sin límites actúa con riesgo institucional”, señalaron fuentes internas de una fuerza federal.
Lo que piden
Ante este contexto, diversos sectores sostienen que:
-
Las nuevas facultades deben ir acompañadas de protocolos claros, formación continua y supervisión externa.
-
Es indispensable garantizar defensa legal para los policías que enfrenten procesos judiciales por hechos ocurridos en servicio.
-
El principio de presunción a favor del agente no debe traducirse en impunidad, sino en una protección proporcional a los riesgos que enfrenta el personal en la calle.
Un debate necesario, con los protagonistas adentro
La reforma del Código Penal es una deuda pendiente y puede ser una oportunidad para ordenar normas dispersas y modernizar criterios. Pero no puede hacerse sin consultar a quienes ponen el cuerpo todos los días.
Reclaman que se escuche a las fuerzas de seguridad y que el Congreso abra el juego a audiencias públicas, consultas técnicas y participación real de las organizaciones intermedias y a las conducciones institucionales.
Porque no hay seguridad sin legalidad, ni autoridad sin legitimidad.
FA24