El diputado Miguel Rabbia denunció que los vehículos comprados por Pullaro no cumplen normas básicas de seguridad. En APROPOL lo advertimos hace meses.
Una denuncia que refuerza nuestra advertencia
La denuncia pública del diputado provincial Miguel Rabbia sobre la inseguridad de los patrulleros Fiat Cronos confirma lo que desde APROPOL venimos señalando desde hace meses: los móviles policiales adquiridos por el gobierno de Maximiliano Pullaro no garantizan condiciones mínimas de protección para quienes los conducen ni para los ciudadanos.
El legislador tomó la inquietud que desde este medio gremial ya habíamos planteado, y le dio forma institucional con un proyecto de ley y un pedido de informes que podrían marcar un antes y un después en las compras estatales de móviles oficiales.
Alto riesgo en pruebas de choque
Según Rabbia, los Fiat Cronos presentan un 76% de probabilidades de causar lesiones graves o muerte ante un choque, según los tests del programa Latin NCAP. Estos vehículos ya están patrullando las calles de Santa Fe. Fueron adquiridos por compra directa en mayo del año pasado, y cada uno —tras la instalación de separadores de cabina, asientos antivandálicos y defensas— alcanzó un valor cercano a los 40 mil dólares.
Estos datos se encuentran publicados por Latin NCAP, organización independiente que analiza la seguridad de los autos comercializados en América Latina. El Fiat Cronos obtuvo solo una estrella en protección de ocupantes adultos, mostrando deficiencias graves en impactos laterales y falta de tecnologías básicas como el control de estabilidad o bolsas de aire laterales.
Respuesta oficial y contexto de la compra
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió la adquisición de los Fiat Cronos, argumentando que la decisión se tomó en función de las opciones disponibles en el mercado automotriz en ese momento. “Compramos lo que había”, reconoció el funcionario, quien además admitió que, en condiciones normales, se hubiera elegido otro modelo.
¿Quién recomendó estos patrulleros?
Una pregunta central sigue sin respuesta: ¿hubo intervención técnica de la Policía de la Provincia en la selección de estos vehículos, o la decisión fue puramente política? ¿Qué áreas participaron en la evaluación previa? ¿Se consultó al personal que efectivamente los utiliza en la calle?
Desde APROPOL reclamamos transparencia en los procesos de compra, porque es inadmisible que quienes arriesgan su vida a diario lo hagan en móviles que no cumplen estándares básicos de seguridad.
Promesas incumplidas a los choferes policiales
A esta situación se suma otro incumplimiento por parte de la administración actual: se había prometido un régimen laboral especial y un plus salarial para los choferes policiales, pero nada de eso se ha concretado. Los agentes siguen exponiéndose a condiciones de riesgo sin el reconocimiento económico ni normativo que se les había asegurado públicamente. Un claro ejemplo de cómo se exige compromiso a los trabajadores sin garantizarles derechos.
Rabbia presentó un proyecto para que no vuelva a ocurrir
El diputado ingresó un proyecto de ley para que la compra de vehículos oficiales, incluidos los de la policía, cumpla con estándares mínimos de seguridad: múltiples airbags, frenos ABS, control de estabilidad, limitador de velocidad y alerta de cinturón de seguridad. También presentó un pedido de informes sobre:
- La cantidad de agentes lesionados o fallecidos en patrulleros.
- Terceros involucrados en esos siniestros.
- Criterios de compra y licitación de los móviles policiales.
- Medidas de seguridad y mantenimiento de los mismos.
¿Cómo se prioriza la seguridad de los que cuidan?
Desde APROPOL sostenemos que proteger a quienes nos protegen es clave para mejorar la seguridad pública. Dotar a las fuerzas de herramientas seguras no es un lujo, es una obligación ética y legal del Estado. La improvisación o el ahorro mal entendido pueden costar vidas.
Celebramos que un legislador se haga eco de nuestras denuncias y lleve el tema a la Legislatura. Ahora esperamos respuestas concretas.
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