La reciente revelación sobre la participación de los jefes de la ex SIDE (actual Agencia Federal de Inteligencia) en reuniones destinadas a coordinar la represión de manifestaciones genera una grave preocupación en términos democráticos y legales.
Un accionar ilegal y peligroso
Según la Ley de Inteligencia Nacional (N.º 25.520), los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas de espionaje, obtención de información o almacenamiento de datos sobre ciudadanos por su opinión política, afiliación sindical o participación en organizaciones sociales. Sin embargo, la presencia de estos agentes en la planificación de operativos represivos sugiere que el gobierno de Javier Milei ha decidido utilizar los mecanismos del Estado para vigilar y amedrentar la protesta social.
Un retorno a las prácticas del pasado
Este accionar no solo contraviene la legislación vigente, sino que también recuerda las prácticas más oscuras de la historia argentina, cuando la inteligencia estatal se usaba para perseguir opositores y criminalizar la disidencia. La justificación oficial de que se trata de un intento por «garantizar el orden» no disimula el trasfondo autoritario de la medida: el objetivo no es otro que el disciplinamiento de la sociedad a través del miedo.
Implicancias democráticas y violaciones de derechos
El peligro de este tipo de intervenciones es doble. Por un lado, se viola el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Por el otro, se erosiona el principio fundamental de que los organismos de inteligencia deben estar sujetos a controles democráticos y no pueden operar como una fuerza parapolicial encubierta. Permitir que la SIDE participe en la gestión de la represión es abrir la puerta a abusos que, de concretarse, serán responsabilidad directa del gobierno nacional.
Llamado a la acción
Las organizaciones sociales ya han alertado sobre las implicancias de este accionar. La falta de transparencia en la actuación de la inteligencia estatal y su intervención en cuestiones de seguridad interior sin un control adecuado sólo pueden derivar en un escenario de mayor persecución y criminalización de la protesta. En un país con una historia reciente marcada por la represión ilegal, este retroceso resulta inaceptable.
Posible citación a la Bicameral
Ante la gravedad de los hechos y la falta de control sobre los organismos de inteligencia, diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han comenzado a exigir la convocatoria urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia. Esta instancia legislativa tiene la facultad de investigar y supervisar las acciones de la SIDE ex AFI, así como de requerir explicaciones a los funcionarios responsables de su accionar. De concretarse la citación, el gobierno de Javier Milei deberá responder por la participación de la inteligencia estatal en la planificación de operativos represivos, una maniobra que, de confirmarse, violaría abiertamente la Ley de Inteligencia Nacional y los principios democráticos fundamentales.
Un freno necesario
El Congreso y el Poder Judicial tienen la obligación de exigir explicaciones y poner un freno inmediato a este atropello. Si no lo hacen, el mensaje será claro: el gobierno tiene vía libre para usar la inteligencia del Estado como un instrumento de persecución política. Y cuando la democracia empieza a tolerar estas prácticas, el peligro ya no es una amenaza latente: es una realidad que nos golpea de frente.
FA24