La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta un creciente malestar dentro del gobierno y de la sociedad a raíz de la violenta represión que, el 12 de marzo pasado, marcó un antes y un después en las protestas.
Por Alberto Martinez (*)
El episodio, que dejó a varias personas heridas, incluido el fotógrafo Pablo Grillo, al borde de la muerte por un impacto de gas lacrimógeno, fue el detonante de una serie de críticas tanto de la oposición como de aliados dentro del oficialismo.
El operativo policial, que originalmente fue defendido públicamente por la ministra y el vocero presidencial, fue considerado por muchos como un exceso innecesario. Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada, varios funcionarios opinan que el accionar de Bullrich fue desmedido y que, lejos de garantizar la seguridad, empeoró la situación.
La Reacción Interna: La CGT y la Crisis Política
Lo que comenzó como una manifestación legítima de jubilados, en defensa de sus derechos y en reclamo de mejores pensiones, terminó con la intervención de barrabravas y una respuesta militarizada por parte de las fuerzas de seguridad. Este escenario de caos no solo desbordó a la sociedad, sino que obligó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a tomar una decisión drástica: declarar un paro general en repudio a las políticas de Bullrich.
La Central Obrera no sólo criticó el exceso de violencia contra los manifestantes, sino que también denunció el creciente autoritarismo que el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al mando de la cartera de Seguridad, estaba imponiendo en nombre del «mantenimiento del orden». La repercusión política de este paro general podría generar un efecto boomerang para el gobierno, afectando la ya compleja relación entre la Casa Rosada y los sectores sindicales.
El Destrato a Pablo Grillo y su Familia
Uno de los episodios más criticados fue el trato hacia Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante la represión. Los informes iniciales indicaron que el impacto de una granada de gas lacrimógeno lo dejó en un estado crítico, lo que desató la furia de quienes consideraron que la vida de un trabajador de la prensa fue puesta en riesgo sin justificación alguna.
El padre de Grillo, Fabián, ha sido claro en sus denuncias sobre la responsabilidad de Bullrich en este hecho. A través de su sindicato y de abogados especializados, ha avanzado con una querella que apunta a que el accionar policial no solo fue excesivo, sino que también estuvo amparado por las órdenes directas de la ministra. La familia de Grillo exige justicia, y los primeros pasos legales ya están en marcha, con una creciente presión por parte de los organismos de derechos humanos y la comunidad periodística.
Las Presiones Internacionales contra el Accionar del Gobierno
El accionar del gobierno argentino ha generado una creciente presión internacional. Organismos de derechos humanos como las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han manifestado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Estas organizaciones han solicitado al gobierno argentino que revise los protocolos de actuación policial y que se asegure de que las fuerzas de seguridad respeten los derechos fundamentales de los manifestantes, en especial el derecho a la protesta pacífica.
La represión a los jubilados y a los manifestantes en general, junto con el ataque a periodistas como Pablo Grillo, ha puesto al gobierno bajo el radar de la comunidad internacional. Varios países y organismos internacionales han advertido sobre la posible violación de derechos humanos, pidiendo sanciones o investigaciones exhaustivas. Estos pronunciamientos externos ponen al gobierno en una posición incómoda, ya que no solo enfrenta el rechazo interno de sectores sindicales y sociales, sino también el escrutinio de la comunidad internacional.
Advertencia al Personal Policial: Evitar el Retorno a los Errores del 2001
Es crucial que el personal policial reflexione sobre la gravedad de la situación y los riesgos que implica involucrarse en acciones que violen los derechos humanos. El recuerdo de la represión de 2001, cuando las fuerzas de seguridad fueron responsables de numerosas muertes y abusos durante las protestas, debería servir como lección. En aquel entonces, muchos efectivos policiales fueron arrastrados a un contexto de violencia que acabó con la vida de ciudadanos inocentes y que, con el tiempo, dejó una profunda herida en la sociedad argentina.
Hoy, más que nunca, las fuerzas de seguridad deben actuar dentro del marco de la ley, respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la protesta. Cualquier violación a estos derechos no solo pone en riesgo la vida y el bienestar de la población, sino que también puede tener consecuencias legales y sociales graves para los propios efectivos policiales, así como para la imagen institucional de las fuerzas de seguridad.
Bullrich y el Legado de Violencia Institucional
El historial de Patricia Bullrich al frente de la Seguridad en Argentina está marcado por diversas denuncias de abuso de poder y violencia policial. Desde que asumió el cargo, ha impulsado políticas que han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Ahora, la ministra se enfrenta a una situación delicada: las pruebas de los abusos y la violencia durante las protestas son cada vez más visibles, y la presión sobre ella para rendir cuentas ante la justicia crece cada día. La denuncia por sedición y golpe de Estado que ella misma impulsó contra los manifestantes, en un intento por justificar la represión, está siendo puesta en duda tanto por sectores judiciales como por organizaciones de derechos humanos.
La Disputa por el Control Político y la Impunidad
Los intereses políticos en torno a la figura de Bullrich y su accionar han llegado a un punto de inflexión. Mientras que sectores cercanos al gobierno intentan protegerla, la justicia está comenzando a hacer su trabajo. La denuncia presentada por la ministra ante la justicia federal no ha logrado encontrar los elementos probatorios que necesita para sostener sus acusaciones, y su insistencia en trasladar el caso de la jueza Karina Andrade a Comodoro Py, donde tiene más control sobre los jueces, genera un fuerte rechazo.
En este clima, la denuncia por «sedición» y la acusación contra las fuerzas de seguridad continúan desbordando las instituciones. En los próximos días, la justicia tendrá que decidir si Bullrich y otros altos funcionarios serán responsables por los abusos que se cometieron bajo su mandato.
FA24
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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