Mientras Santa Cruz avanza con paritarias policiales, en la mayoría de las provincias los aumentos se imponen sin diálogo ni reconocimiento de derechos laborales.
Por Alberto Martinez (*)
Santa Cruz: la excepción que reconoce derechos
En un país donde los policías casi nunca son escuchados, Santa Cruz representa una excepción institucional: allí funciona una Mesa de Negociación Salarial específica para la Policía y el Servicio Penitenciario.
En marzo, el gobierno propuso una suba del valor punto con cláusula de revisión, además de aumentos escalonados de suplementos en abril y septiembre. Aunque la oferta fue considerada insuficiente, lo relevante es que existe una mesa donde las fuerzas pueden sentarse, plantear, negociar.
Esta lógica rompe con la tradición de verticalismo absoluto y propone algo más justo: una fuerza que es parte del Estado, no un engranaje descartable del poder político.
Chubut y Misiones: antecedentes que confirman el camino
Misiones: criminalización del reclamo y abuso de poder
Lejos de restablecer el diálogo, el gobierno de Misiones —avalado por los tres poderes provinciales— optó por la persecución. Ocho policías fueron detenidos y alojados en unidades penitenciarias, y varios más fueron destituidos de manera arbitraria. El motivo: participar en protestas en defensa de sus derechos laborales.
¿La acusación? Sedición, una figura penal anacrónica usada como pretexto para criminalizar el reclamo. Se vulneró no solo la independencia de poderes, sino también los derechos humanos y sindicales de los trabajadores.
La judicialización del conflicto muestra el límite del modelo autoritario: cuando no hay paritaria, lo que hay es castigo. No negociación, sino represión. No Estado de Derecho, sino abuso institucional.
Río Negro: un modelo que se replica en casi todo el país
Río Negro representa lo que hoy es la regla en la mayoría de las provincias y en las fuerzas federales: aumentos definidos por decreto, sin diálogo, sin participación y sin respeto por los trabajadores de seguridad.
El gobierno anunció un aumento que incluye ajuste del valor punto y un bono extraordinario, pero eso no sustituye el derecho a sentarse a la mesa. En la práctica, el personal sigue expuesto a condiciones laborales impuestas, sin margen para defender su salud, jornada o régimen previsional.
¿Qué modelo construye mejor seguridad pública?
El problema no es solo económico, sino profundamente político. Un modelo dialogado y justo mejora el servicio de seguridad pública: disminuye el malestar interno, eleva la moral y profesionaliza la función.
El modelo autoritario, en cambio, genera desgaste, abusos, deserción y descontento. Pretende “orderar” a fuerza de silencio, cuando lo que se necesita es compromiso real y derechos reconocidos.
Conclusión: reconocer derechos fortalece al Estado
Los modelos con paritaria —como en Santa Cruz o Chubut— no debilitan la institucionalidad: la consolidan. Son parte de un Estado moderno que entiende que defender los derechos de los que cuidan también es cuidar al pueblo.
Afirmo con claridad: proteger al que protege no es delito, es justicia. Y callar no es disciplina, es abandono.
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