El DNU 340/2025 obliga a reprimir, castiga a los que protegen y legaliza el silenciamiento del conflicto social.
Por Alberto Martínez (*)
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete no es una simple medida administrativa. Es un salto cualitativo en la escalada de criminalización de la protesta y, lo que es peor, una amenaza directa contra los trabajadores organizados, incluidas las fuerzas de seguridad.
Según el decreto, los servicios esenciales deberán funcionar al menos en un 75% incluso durante huelgas, y las llamadas «actividades de importancia trascendental» deberán mantenerse en un 50% obligatorio. El listado de actividades consideradas esenciales se amplió brutalmente: salud, educación, transporte, energía, logística, telecomunicaciones, puertos, aviación, cuidado de niños y más.
Detrás del discurso de «normalidad operativa» y «crisis del sistema logístico fluvial» se esconde la verdadera intención: desregular el trabajo, disciplinar al que protesta y garantizar el orden de los negocios, no de la sociedad.
La Policía como herramienta de castigo
En este esquema, la Policía es colocada en el rol de fuerza de choque contra otros trabajadores, obligada a actuar para garantizar esos porcentajes de funcionamiento. Es decir: se usa a un trabajador precarizado para reprimir a otro trabajador precarizado.
El trabajador policial, que no tiene derecho a huelga, ni reconocimiento sindical, ni canales formales de reclamo, es ahora convertido en brazo ejecutor del silenciamiento ajeno. Y cuando la cosa salga mal —porque va a salir mal—, el que pondrá el cuerpo y recibirá las denuncias no será el ministro, será el agente de calle.
Una historia que no empieza hoy
Esto no comienza con Milei. En 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el senador Aníbal Fernández propuso penas de prisión para miembros de las fuerzas de seguridad que hicieran huelga. La comisión que analizó el proyecto estaba presidida por la diputada Patricia Bullrich, que lo respaldó.
Desde entonces, todos los gobiernos avanzaron sobre los derechos sindicales, con distintos tonos y tiempos, pero con el mismo objetivo: protestar es molesto; protestar debe ser castigado.
Cuando lo dijimos, nos ignoraron
Como lo dijimos hace años. Advertimos que el castigo al trabajador policial era solo el comienzo, que la criminalización de su protesta iba a ser el modelo a aplicar a todos los demás. Nadie quiso escuchar. Gremios, organismos de derechos humanos, partidos progresistas, todos miraron para otro lado.
Hoy, el DNU 340/2025 alcanza a docentes, portuarios, ferroviarios, personal de salud, trabajadores estatales. Y será la Policía la que deba «garantizar» que todo funcione. A cualquier precio. Contra su propia voluntad.
Conclusión
Ni verdugos ni esclavos. La Policía no puede ser el brazo que aplasta mientras a ella se le niega hasta el derecho a reclamar.
Rechazamos el DNU 340/2025 y exigimos que se abra un verdadero debate democrático sobre los derechos laborales en todos los sectores, incluyendo a quienes portan uniforme. Porque si hoy reprimimos a un maestro, mañana será un policía el que pida auxilio y no reciba más que silencio.
La libertad no se decreta desde arriba. Se construye desde abajo, con derechos, con dignidad y con organización.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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