La Justicia misionera dictó una sentencia polémica contra la docente Mónica Gurina y el dirigente social Leandro Sánchez por su participación en una protesta pacífica. Organizaciones sindicales y de derechos humanos denuncian persecución y criminalización de la protesta.
Un fallo que encendió todas las alarmas
Misiones volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse la condena judicial contra la docente Mónica Gurina y el dirigente social Leandro Sánchez, acusados por su participación en una manifestación realizada meses atrás en el Consejo General de Educación.
La protesta fue pacífica, sin incidentes ni daños. Aun así, ambos recibieron una sentencia condenatoria que organizaciones gremiales calificaron como “escandalosa”.
La noticia generó un inmediato rechazo de la CTA Autónoma, que denunció el fallo como un nuevo episodio de hostigamiento estatal hacia quienes reclaman por salarios y condiciones de trabajo.
Protestar como delito
Según la acusación, Gurina y Sánchez habrían cometido “desórdenes” durante el reclamo educativo. Sin embargo, los gremios aseguran que la imputación se basó en interpretaciones forzadas y que la condena busca enviar un mensaje disciplinador.
“Lo que pasó es gravísimo. No hubo violencia ni daños. Se está castigando a personas por participar en una protesta legítima”, señalaron desde la CTA-A.
La imagen de Gurina detenida semanas atrás ya había generado un fuerte impacto. La sentencia, lejos de cerrar el conflicto, lo profundiza.
Un patrón que se repite en Misiones
La preocupación no es nueva. Durante los conflictos de 2024 y 2025, la provincia ya había sido denunciada por:
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detenciones de policías que reclamaban mejoras salariales,
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imputaciones a docentes y trabajadores de la salud,
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y el uso del aparato penal para frenar reclamos laborales.
La condena a Gurina y Sánchez se suma a esta serie de hechos que distintos sectores interpretan como un avance sobre el derecho a la protesta.
“Es una advertencia para todos los trabajadores”
Desde los sindicatos educativos señalaron que la sentencia busca “atemorizar” a quienes reclaman. “Hoy fue Mónica, mañana puede ser cualquiera”, remarcaron.
La rapidez del proceso judicial y el tono del fallo alimentaron la sospecha de un intento de disciplinamiento hacia la docencia y hacia el conjunto de los trabajadores estatales.
Reacciones y próximos pasos
Organizaciones sindicales y sociales anunciaron que acompañarán las apelaciones y convocaron a nuevas movilizaciones.
“Vamos a seguir de pie. La protesta no es delito”, aseguraron desde la CTA Autónoma, que difundió un comunicado exigiendo la inmediata revisión del fallo.
El caso Gurina–Sánchez reaviva un debate urgente: cómo responde el Estado frente a los conflictos sociales.
En Misiones, la respuesta vuelve a ser la misma: patrulleros, imputaciones y condenas donde debería haber diálogo y soluciones.
La discusión recién empieza. Y el país entero está mirando.
FA24