El caso ocurrió en 2022, cuando la agente reportó su malestar y la autoridad policial la desoyó. La oficial subayudante se desmayó en servicio y se le detectó una trombosis venosa cerebral.
Por Jorge Yori
El Ministerio de Seguridad y Justicia rechazó el recurso jerárquico interpuesto por un subcomisario de San Rafael, quien había sido sancionado con 10 días de suspensión laboral por su accionar en un caso relacionado con la salud de una oficial de servicio. El hecho ocurrió a mediados de 2022.
El Decreto 70, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado en el Boletín Oficial el 24 de febrero de 2025, establece que la sanción aplicada al subcomisario es válida y se fundamenta en la omisión de sus deberes de supervisión y control en la Subcomisaría de Villa 25 de Mayo.
Según la investigación administrativa, el subcomisario no tomó las medidas necesarias para relevar de su cargo a la oficial subayudante, quien presentó síntomas graves de malestar durante su turno el 4 de junio de 2022.
A pesar de conocer su estado de salud, la autoridad policial permitió que la agente continuara en funciones, lo que resultó en su desmayo y posterior internación en terapia intensiva con un diagnóstico de trombosis venosa cerebral.
El expediente menciona que la sanción disciplinaria impuesta se basó en pruebas recabadas durante el sumario, las cuales demostraron que el subcomisario tenía plena conciencia del estado de la oficial pero no actuó en consecuencia.
El procedimiento administrativo concluyó que el accionar del subcomisario fue contrario a los principios y deberes de su cargo, ya que, aún teniendo la autoridad para hacerlo, no dispuso el relevo de la oficial. La Junta de Disciplina propuso en un inicio una suspensión de 21 días, aunque finalmente esta fue reducida a 10 días mediante la Resolución N° PM-807/2023.
El subcomisario apeló la sanción alegando que no existían pruebas suficientes que demostraran que tenía conocimiento del estado de salud de su compañera. Sin embargo, la Asesoría de Gobierno consideró que la resolución sancionatoria era coherente y se basaba en pruebas sólidas, lo que llevó al rechazo definitivo del recurso.
El decreto emitido por la cartera que comanda Mercedes Rus, confirma que la sanción es definitiva en la instancia administrativa, dejando abierta la posibilidad de impugnación en sede judicial dentro de un plazo de 30 días.
El decreto
Decreto 70 Gobernación de M… by Apropol Noticias
Fuente: El Sol