Fracaso parcial de una medida improvisada… y puerta abierta a la despolicialización.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Mendoza quiso sumar experiencia y músculo operativo a su Policía convocando a 120 efectivos retirados… pero solo consiguió incorporar a 55. Ni la mitad. ¿Por qué? Porque la medida, que en los papeles parecía razonable, en la práctica demostró improvisación, falta de incentivos y una peligrosa subestimación del trabajador policial. Y lo más inquietante: la solución que ahora se perfila podría implicar una despolicialización de funciones estratégicas sin control legislativo ni debate ciudadano.
Una medida bien intencionada, mal diseñada
En octubre de 2024, el Ministerio de Seguridad abrió una convocatoria para reincorporar personal retirado (de hasta 55 años) para reforzar áreas sensibles como el CEO (Centro Estratégico de Operaciones) y la logística. Pero apenas la mitad de los puestos se ocuparon, y no por falta de interesados, sino por errores de diseño.
¿Por qué no convenció?
Los propios datos del Ministerio y la prensa local permiten identificar las causas principales:
Filtros médicos y psicológicos excesivos
Más del 40 % de los postulantes fue rechazado por no pasar exámenes de aptitud similares a los exigidos a los agentes activos. Sin adecuación, sin criterio compensatorio, sin respeto por la trayectoria.
Condiciones laborales poco atractivas
Sin detalles claros de salario, régimen, cobertura ni protección jurídica, muchos concluyeron que volver implicaba perder: derechos, estabilidad y dignidad.
Desconfianza institucional
Los exagentes, que ya conocen el sistema, no quieren reincorporarse para ser maltratados o expuestos sin respaldo legal ni sindical. La falta de garantías aleja más que el sueldo.
Improvisación política
La convocatoria fue lanzada sin consulta previa con organizaciones de retirados, sin participación institucional y sin un marco programático sostenido. Solo un parche para tapar la falta de personal.
“Nos usan para tapar agujeros. Después te sueltan la mano como antes”, dijo un exagente entrevistado por El Sol de Mendoza.
La experiencia descartada. ¿Y ahora?
Fracasada la convocatoria, el Gobierno no reforzó la convocatoria. Al contrario: redobló su apuesta por otra vía, que podría implicar la colonización de funciones policiales por personal no policial.
¿Comienza la despolicialización funcional?
Mendoza ya lo está haciendo, y sin decirlo.
Soldados voluntarios del Ejército
Aproximadamente 60 jóvenes del Ejército comenzaron a formarse para tareas policiales. Se los selecciona por estado físico y disciplina, y podrían actuar en calle.
Estudiantes de criminalística y accidentología
41 estudiantes comenzaron a integrarse como auxiliares en áreas periciales. No tienen formación policial, pero sí conocimientos técnicos. Tendrán funciones de apoyo y análisis.
Informáticos y técnicos en redes
Con la Ley 9561, Mendoza incorporó personal civil con formación en ciberseguridad e inteligencia artificial, dándoles incluso estado policial por excepción.
¿Qué implica esto?
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Se cubren vacantes con personal más barato, más manejable y sin conciencia gremial ni carrera profesional.
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Se sustituyen funciones centrales por tareas tercerizadas, fragmentando la lógica de cuerpo policial.
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Se vacía de sentido el rol del policía profesional y se diluye su autoridad en nombre de la “modernización”.
Esto no es solo una reforma administrativa. Es una despolicialización encubierta.
¿Qué haría falta para hacerlo bien?
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Convocar a retirados con condiciones dignas y respeto institucional.
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Diseñar políticas de seguridad con participación real de los cuerpos policiales.
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Evitar sustituir saber policial por improvisaciones civiles con uniformes.
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Promover formación y actualización, no reemplazo por fuera de la carrera.
La seguridad no se terceriza. La vocación no se improvisa. El uniforme no es un disfraz, ni la experiencia es un obstáculo. Es hora de recordar que la fuerza policial no es solo recurso humano: es parte del Estado, con historia, identidad y dignidad profesional.
“El uniforme se cuelga, pero la vocación no se retira. El problema es que el Estado sí lo hace. Y cuando vuelve, lo reemplaza por cualquier cosa menos por lo que vale”.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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(c) Frecuencia Azul (2009 / 2025) – La radio de los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos.