El gobierno de Mendoza impulsa una reforma en seguridad que permite a los municipios crear cuerpos de seguridad ciudadana con pistolas Taser y de aire comprimido. ¿Garantía de prevención o competencia desleal con la policía?
Por Alberto Martínez
Un cambio en la seguridad pública
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, presentó un proyecto de ley que busca reformular diversas normativas de seguridad en la provincia. El punto más llamativo es la autorización para que los municipios creen cuerpos de seguridad ciudadana (preventores), quienes podrán portar pistolas Taser y armas de aire comprimido.
Rus defendió la iniciativa asegurando que «esto responde a un modelo integral de seguridad» y que no generará una superposición de funciones con la policía. «Los preventores no asumirán tareas de aprehensión, su rol está delimitado en la normativa», enfatizó.
¿Seguridad o fragmentación del control?
Uno de los aspectos más controversiales es que la implementación de estos cuerpos quedará a discreción de cada municipio, lo que podría derivar en desigualdades en el tratamiento de la seguridad pública dentro de la provincia. Mientras algunos intendentes, como el de Capital, muestran un gran interés en dotar a sus agentes con Taser, otros podrían optar por no hacerlo.
Además, aunque se afirma que la capacitación de estos preventores estará a cargo de cuerpos especializados, aún no se han dado detalles concretos sobre los estándares de entrenamiento y supervisión que garantizarán un uso adecuado de estas armas.
Las Taser y su aplicación regulada
Según el proyecto, el uso de estas armas estará estrictamente limitado a «situaciones de agresión concreta» y deberá respetar los principios de racionalidad y gradualidad. También se prevé la incorporación de tecnología avanzada en los dispositivos, permitiendo registrar en tiempo real detalles sobre su uso.
Sin embargo, en la práctica, esto deja interrogantes abiertos: ¿será suficiente la capacitación para evitar abusos? ¿Quién garantizará que los registros tecnológicos sean auditados correctamente?
Un modelo con antecedentes polémicos
El uso de pistolas Taser en Argentina ha generado múltiples debates en los últimos años. Mientras algunas jurisdicciones defienden su implementación como una alternativa no letal a las armas de fuego, organismos de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de un uso discrecional y excesivo.
En Mendoza, la reforma se da en un contexto en el que la provincia figura entre las tres con más robos según el Ministerio de Seguridad Nacional. No obstante, la propia ministra Rus advirtió que las estadísticas a nivel provincial «están incompletas».
¿Una solución real o un problema en ciernes?
Si bien el proyecto busca fortalecer la prevención, su implementación plantea serios desafíos. La descentralización de la seguridad puede derivar en falta de control unificado, desigualdades entre municipios y potenciales conflictos con la policía provincial.
Para los trabajadores policiales y penitenciarios, esto podría traducirse en un nuevo actor con atribuciones poco claras dentro de su ámbito de acción, lo que podría impactar en la calidad y efectividad del servicio de seguridad pública.
El desafío será garantizar que esta reforma no termine siendo una simple medida política sin respaldo operativo adecuado. Mientras tanto, el debate sigue abierto.
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