El Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CIDH expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en protestas, la prisión preventiva sin control judicial y los intentos del Ejecutivo de avanzar sobre el Poder Judicial. Un llamado de atención internacional que no puede minimizarse. Los policías también son víctimas del modelo represivo.
Por Alberto Martínez (*)
Protestar no es delito: la ONU habla claro
En un comunicado reciente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por el rumbo que tomó la política represiva del gobierno argentino. El foco está puesto en tres puntos:
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Uso excesivo de la fuerza durante protestas sociales, como la brutal represión a jubilados y organizaciones sociales el 12 de marzo.
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Detenciones arbitrarias y abusivas, sin respeto por el debido proceso.
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Designaciones por decreto en la Justicia, que ponen en jaque la independencia del Poder Judicial y “socavan el Estado de derecho”.
“El Estado debe abstenerse de utilizar medidas de represión que obstaculicen el derecho a la protesta”, expresó el informe de la ONU.
La represión como política y la sospecha como doctrina
Las advertencias no se limitan a los hechos de calle: apuntan a un modelo de gobierno que recurre sistemáticamente a la criminalización del disenso, el debilitamiento de controles institucionales, y la intervención autoritaria sobre los poderes del Estado.
Los organismos de derechos humanos destacan:
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El uso de protocolos policiales sin control judicial.
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La creciente tendencia a detener manifestantes sin pruebas ni debido proceso.
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El nombramiento de funcionarios judiciales por vía administrativa, sin aval legislativo.
Todo esto configura un escenario de erosión democrática donde la sospecha reemplaza al derecho, y la fuerza sustituye al diálogo.
El modelo Bullrich: represión como narrativa de orden
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es mencionada de manera implícita en las advertencias, ya que las denuncias se centran en el protocolo de “orden público” que ella impulsó desde enero de 2024. Bajo esa figura, las fuerzas federales reprimieron manifestaciones sin identificar responsables, aplicando castigos colectivos, con persecución judicial a referentes y un discurso que iguala reclamo con delito.
Esta política, ya cuestionada por organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue ahora puesta en evidencia por la ONU y la CIDH, quienes advirtieron sobre un riesgo de regresión institucional.
Milei y el problema del poder sin frenos
Desde la ONU también se alertó por la tendencia del presidente Javier Milei a gobernar por decreto, eludir el Congreso y avanzar sobre el Poder Judicial. La designación irregular de jueces por DNU y la intención de reformar el Consejo de la Magistratura por vía administrativa son señales graves, que en cualquier república constitucional serían motivo de alarma.
“Estas decisiones comprometen seriamente la independencia judicial y el equilibrio de poderes”, señaló el documento.
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Defendemos el derecho a protestar, incluso en uniforme
Es oportuno reafirmar que:
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El derecho de todo trabajador, incluido el personal de seguridad, a reclamar por salarios, condiciones dignas y representación gremial.
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Que la protesta no puede ser respondida con represión, ni con cárcel, ni con inteligencia ilegal.
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Que el Estado de derecho no se sostiene con garrote, sino con legalidad, controles y respeto a las garantías constitucionales.
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Que el personal policial no debe ser instrumento del poder, sino sujeto de derechos, con formación, respaldo legal y contención institucional.
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Los policías también son víctimas del modelo represivo
Un aspecto deliberadamente silenciado por el discurso oficial es el impacto directo que estas políticas tienen sobre el propio personal policial, especialmente sobre aquellos que, con sueldos deteriorados, sin representación gremial y bajo amenaza constante de sanción, son obligados a intervenir en escenarios represivos diseñados políticamente.
Estas órdenes los colocan en una posición de riesgo físico, legal y moral, donde se les exige reprimir a compatriotas con quienes comparten la misma precariedad. El gobierno utiliza al policía como instrumento de disuasión social, pero lo abandona cuando las consecuencias llegan, ya sea en la forma de causas judiciales, escraches o traumas institucionales. En lugar de reconocer sus derechos, los empuja al desgaste humano y al conflicto con la comunidad.
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. ex Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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