La ministra de Seguridad Nacional ordenó una investigación interna después de haber adelantado públicamente su postura sobre el caso, lo que la inhabilita para definir en el expediente. ¡Poncio Pilatos un poroto!
Por Alberto Martinez (*)
Por el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo, la Gendarmería abrió una investigación ordenada de manera «reservada» por Carolina Serrano alias «Patricia Bulrich» la que en una nueva jugada cargada de cinismo ya adelantó públicamente su veredicto si llegara a estar en funciones al final de la actuación, cosa que creo improbable.
La represión que dejó a un fotógrafo al borde de la muerte
El pasado 12 de marzo, la marcha de jubilados frente al Congreso Nacional terminó con de manifestantes y policías heridos, el caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Su estado sigue siendo crítico y aún lucha por su vida.
Bullrich, juez y parte: su opinión la inhabilita a futuro
Frente a la presión mediática y judicial no sólo local sino también internacional, Gendarmería Nacional ordenó la apertura de una investigación interna “reservada” para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades en la actuación (algo muy común en toda dependencia del Estado que se realiza en un simple accidente laboral, una colisión de móvil, etc). Sin embargo, esta decisión llega con un vicio insalvable: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien debería ser la máxima autoridad en la resolución final del expediente, ya adelantó públicamente su opinión definitiva sobre lo ocurrido lo que la invalida técnicamente para el deber de ejercitar su función. No es casual que los funcionarios se terminan lavando las manos de esta forma o los que es peor desconozcan de modo tan grotesco la ley lo que los transforman en funcionarios más peligrosos aún.
La investigación interna antes de una nueva marcha
El anuncio de la investigación reservada por parte de Gendarmería parece parte de una estrategia política que incluye un cambio total en lo operativo y es una de los elementos para determinar que Patricia «Pato» Bullrich Luro Pueyrredón (NG: Carolina Serrano) cede terreno dentro de un gobierno tambaleante ante gran parte de la sociedad y del concierto internacional que ha condenado toda esta política de seguridad.
El caso Grillo es solo el más visible de una política de represión cada vez más violenta en las calles. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “mano dura”, aplicando un caprichoso «Protocolo Anti-Piquetes», la seguridad jurídica de los propios agentes queda en entredicho cuando son utilizados como fusibles en operativos sin planificación adecuada. Es el mismo espíritu político que criminaliza la protesta social como en Misiones donde el contubernio del gobernador Passalaqua y el régimen nacional mantiene como presos políticos al líder de la Mesa de Diálogo Salarial de la Policía de Misiones el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla,junto a los policías Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto alojado en condiciones humillantes en unidades penitenciarias con presos comunes. También en paralelo dieron de baja al otro líder el Suboficial Mayor retirado Germán Palavecino junto a otros camaradas de manera ilegal.
Un mensaje peligroso para el futuro
Este episodio deja un precedente grave. Si la máxima autoridad en seguridad respalda incondicionalmente a las fuerzas sin esperar una investigación real, ¿qué garantías existen de que no vuelva a ocurrir?
Sin ley, no hay seguridad posible
El peor enemigo del trabajador policial no es el control ni la aplicación de la ley, sino la impunidad. La seguridad pública no se construye sobre protecciones políticas a quienes violan los protocolos, sino sobre el respaldo de un sistema que garantice que cada efectivo actúe dentro del marco legal y con la certeza de que su labor no será usada políticamente.
Cuando las reglas se distorsionan para justificar cualquier exceso, los primeros en quedar expuestos son los propios trabajadores de las fuerzas. Porque la misma impunidad que hoy protege a unos pocos, mañana suele volverse en su contra. Si no hay justicia, no hay orden. Y sin orden, la seguridad pública deja de ser una institución para convertirse en una moneda de cambio en el juego del poder.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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