El 29 de enero de 2016, en el barrio porteño del Bajo Flores, la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» ensayaba en las calles de la villa 1-11-14 cuando un operativo de Gendarmería Nacional interrumpió con violencia la actividad.
Por Alberto Martínez (*)
Según los testimonios de los vecinos, los efectivos irrumpieron disparando balas de goma y gases lacrimógenos, sin previo aviso, contra un grupo conformado en su mayoría por niños y adolescentes. El saldo de la represión incluyó varios heridos, entre ellos un menor alcanzado por un proyectil de plomo, lo que generó una ola de indignación y denuncias.
El operativo formaba parte de una serie de intervenciones de Gendarmería bajo la conducción política de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación. Lejos de brindar seguridad a los vecinos, la acción demostró la falta de control sobre las fuerzas y la ausencia de protocolos adecuados para intervenir en barrios vulnerados.
Tras las denuncias de las familias afectadas y organismos de derechos humanos, la Justicia avanzó en la investigación. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) tomaron intervención en el caso, recopilando pruebas y testimonios que evidenciaron el uso desmedido de la fuerza. Durante el proceso judicial, se confirmó que los gendarmes dispararon indiscriminadamente y que no existió ninguna resistencia o situación que justificara el accionar represivo.
En 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 dictó sentencia contra los gendarmes involucrados (Gustavo Adolfo Villagra, Alejandro Fabián Palermo, Cristián Leonel Schmitt, Miguel Hernán Zajur, Jorge Marcelo Gómez y Diego Hernán Delgado), imponiendo penas de hasta 3 años y 6 meses de prisión por vejaciones y lesiones leves agravadas por el uso de armas de fuego y abuso de funciones. Cuatro de los condenados recibirán penas de cumplimiento efectivo, mientras que la quinta agente obtuvo una pena de ejecución condicional. Hoy todos están fuera de la fuerza.
Este fallo deja en claro que la represión sin fundamentos legales expone a los efectivos a procesos judiciales y condenas, afectando no solo su carrera profesional sino también su vida personal. Mientras la conducción política de la seguridad cambia con los gobiernos, los uniformados quedan en la línea de fuego de las consecuencias legales.
Para las fuerzas de seguridad, este caso refuerza la necesidad de una conducción profesional y garantista que respete el marco legal. La política de seguridad debe centrarse en la capacitación y el reconocimiento de derechos de los trabajadores policiales y penitenciarios para evitar que se repitan estos hechos.
Este tipo de fallos también demuestran cómo el abuso de la fuerza, lejos de fortalecer la seguridad, expone a los efectivos a consecuencias legales graves. Mientras la justicia avanza con las condenas, queda el interrogante sobre la responsabilidad de quienes impulsaron y avalaron estas prácticas.
La trayectoria de Patricia Bullrich ha estado marcada por un accionar político que atenta contra los principios del Estado de Derecho y la práctica democrática y republicana. Sus políticas de seguridad han priorizado la represión y la militarización de la seguridad pública en lugar del respeto a los derechos y garantías constitucionales. El resultado ha sido un historial de operaciones fallidas y condenas que evidencian la falta de planificación y control sobre las fuerzas de seguridad.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista. Su trabajo en (https://www.facebook.com/tematicaseguridad)
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