Mientras se discute el uso de los baños en el Congreso, se oculta una verdad más grave: ningún sector del poder se está ocupando realmente del policía. Ni el gobierno ni la oposición. Solo reparten culpas y nos usan.
En las últimas horas trascendió una insólita solicitud de un grupo de senadores nacionales —según se dice, ligados al kirchnerismo— para que se regule o limite el acceso a los sanitarios del Congreso Nacional por parte del personal policial que custodia el recinto. Aunque el texto es ambiguo, el trasfondo es evidente: quieren excluir a los efectivos de un derecho humano básico bajo pretextos institucionales o políticos.
Este episodio, más allá de lo grotesco, desnuda una cuestión más profunda. Se da en un contexto donde desde la oposición se denuncia “militarización del Congreso”, mientras afuera se reprime a manifestantes —muchos de ellos jubilados— cada miércoles. No hace falta compartir una bandera política para decir claramente que golpear a los jubilados es inaceptable.
¿Quién termina siendo el fusible de esta olla a presión? El policía. El gendarme. El prefecto. El penitenciario. Siempre es el trabajador uniformado el que queda expuesto, desprestigiado y hasta judicializado, como ocurrió con el colega de Gendarmería procesado por un disparo lamentable que terminó hiriendo a un fotógrafo. Y mientras eso ocurre, nadie, absolutamente nadie, se ocupa del policía.
Ningún gobierno —ni este ni los anteriores— garantiza condiciones laborales dignas. Nadie se preocupa por los baños, por los descansos, por la obra social que no funciona, por los sueldos miserables, por el derecho a organizarse sindicalmente.
Se reparten culpas, se hacen shows mediáticos, se emiten comunicados escandalosos, pero ni oficialismo ni oposición están discutiendo el fondo del problema: el desprecio estructural hacia el trabajador de la seguridad.
La iniciativa de estos legisladores es, como bien dijo el Secretario General de FASIPP, Lic. Luis Miranda, una muestra de soberbia y discriminación de clase. Se creen en el Olimpo, en un podio desde donde pueden decidir quién es digno de usar un baño. Pero olvidan que el policía también es un servidor público. Tiene familia, necesidades, derechos. No es un robot ni un esclavo moderno.
El problema es más amplio. Desde los años 60 para acá, nadie —ni en Nación ni en Provincia— se ha ocupado de proveer baños a los policías. Ni hablar de garantizar turnos razonables, viandas, elementos de protección, contención psicológica o estabilidad laboral.
Y en este punto queremos dejar una reflexión clara para que no nos manipulen: no caigamos en el juego partidario. Porque mientras por abajo se tiran piedras, por arriba —entre bambalinas— se ponen de acuerdo. En el nombre de la «gobernabilidad» o el «consenso democrático», lo que nunca consensúan es mejorar las condiciones del personal policial.
Nos han usado en 1989, en 2001, en la guerra sucia, en cada crisis institucional. Y cuando ya no servimos, nos desechan.
Por eso, atención, compañeros y compañeras uniformadas. No compremos espejitos de colores. No pongamos el cuerpo por quienes no nos respetan ni nos consideran. Hoy es por los baños, mañana será por la comida, por el uniforme, por la cesantía, por el silencio obligado.
Que nadie nos haga creer que nos cuida mientras nos trata como descartables.
Nos vemos en el próximo programa.
FA24
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