¿Modernización o Estado de sospecha policial?
Por Alberto Martínez (*)
Este martes 17 de junio, en el Cuartel de Policía Montada de CABA, el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich encabezaron la presentación oficial del Decreto 383/2025, que transforma por decreto la histórica Policía Federal Argentina. El acto, cuidadosamente organizado según el Memorándum Interno ME-2025-64578762-APN-DGSG#PFA, congregó a las máximas autoridades policiales bajo estrictas órdenes de presencia, vestimenta y jerarquía.
Con una retórica que apeló a la “guerra contra el crimen”, Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el FBI de Estados Unidos y en las agencias de inteligencia de Israel. Fue una presentación política con fuerte contenido ideológico: seguridad sin discusión, fuerza sin debate, decreto sin ley.
Los pilares de la reforma
Cambio estructural
-
Se crea el DFI y se reestructura toda la PFA: 11 superintendencias, 8 direcciones generales.
-
Objetivo declarado: “especialización en delitos complejos”.
Nuevas facultades operativas
-
Investigación proactiva sin orden judicial.
-
Ciberpatrullaje digital sin control previo.
-
Detenciones y requisas sin intervención judicial inmediata, con plazos de hasta 10 horas para notificar a un juez.
Transformación de recursos humanos
-
Reducción paulatina de ingresos suboficiales.
-
Prioridad para universitarios graduados (derecho, informática, psicología).
-
Lógica meritocrática y tecnocrática, con creación de “cuerpo de elite”.
Control interno y presupuesto
-
La Dirección de Asuntos Internos dependerá funcionalmente del Ministerio de Seguridad (Estatuto art. 36).
-
Se financiará el plan con el ahorro por menor ingreso de personal, direccionado a inteligencia artificial, software criminal y tecnología forense.
¿Qué no se dijo?
Reforma sin Congreso
Esta reforma no pasó por el Congreso. No se discutió en comisión. No se escuchó a expertos. Fue impuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al amparo de la Ley Bases. Esto viola el principio republicano de deliberación y control democrático. Un DNU no puede reemplazar una Ley Orgánica policial sin quebrar el orden constitucional.
Discrecionalidad sin garantías
Se habilitan detenciones sin orden judicial, aunque sea con “fundados motivos”. Esto abre una puerta peligrosa al abuso, la arbitrariedad y el disciplinamiento interno. En manos de un gobierno ideologizado, equivale a instaurar un Estado de sospecha policial.
Espionaje digital disfrazado de prevención
El llamado “ciberpatrullaje” permite monitorear redes sociales sin orden judicial, afectando el derecho a la privacidad, a la expresión y al disenso. El art. 6 inc. 11 del Estatuto no prevé control judicial ni mecanismos de auditoría. Esto vulnera la legalidad y abre paso a la vigilancia ideológica.
Críticas desde el campo jurídico e institucional
-
El CELS denunció una “regresión democrática” y el uso del aparato policial para criminalizar la protesta y controlar opositores.
-
Los diputados José Glinski y Fernando Carbajal denunciaron un “Estado de sitio encubierto”.
-
Expertos constitucionalistas advierten que el Decreto y el Estatuto pueden ser declarados inconstitucionales, por vulnerar derechos fundamentales y el equilibrio republicano.
Nuestra posición
Una policía moderna debe estar al servicio de la ley, no por encima de ella.
La formación profesional no puede fundarse en la exclusión del trabajador suboficial, ni en la persecución ideológica de quien piensa diferente.
La inteligencia sin ley es espionaje.
Una PFA al estilo FBI pero sin Congreso, sin jueces y sin control civil, es un paso más hacia un Estado autoritario, tecnocrático y policial.
Lo que se necesita
-
Una nueva Ley Orgánica de la PFA, debatida en el Congreso, con participación real del personal policial y la ciudadanía.
-
Controles judiciales obligatorios para todas las medidas intrusivas: detenciones, ciberpatrullajes y requisas.
-
Respeto al derecho a organizarse y expresarse, incluso dentro de las fuerzas de seguridad.
-
Un sistema de formación que valore tanto la experiencia operativa como la formación académica, sin marginar al suboficial ni construir castas elitistas.
Cuatro pilares del modelo autoritario encubierto
-
Reforma estructural por decreto, sin debate legislativo ni control parlamentario.
-
Medidas de vigilancia y detención sin control judicial.
-
Concentración disciplinaria y operativa en el Poder Ejecutivo.
-
Transformación elitista y tecnocrática del modelo policial.
Una visión doctrinaria: entre la legalidad y la sospecha permanente
No estamos ante una simple reforma: se trata de una nueva doctrina policial.
Una doctrina que desplaza la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad, la carrera profesional por el modelo elitista, y la legalidad por la lógica de la “eficiencia sin garantías”.
La seguridad no se construye vigilando a todos, ni excluyendo a los que patrullan la calle.
La República no se fortalece debilitando el derecho.
Conclusión: modernizar sin violentar
La lucha contra el crimen organizado requiere decisión, tecnología y planificación. Pero la seguridad sin Constitución no es seguridad: es autoritarismo.
Modernizar no es vigilar sin límite. Profesionalizar no es excluir. Investigar no es espiar.
No hay seguridad si el trabajador policial es sospechado, silenciado o marginado.
Y no hay República si la policía opera sin ley.
Normativa:
Decreto 383/2025 by Apropol Noticias
Anexo I – Decreto 383/2025 by Apropol Noticias
.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
Facebook: Temática Seguridad
Llinkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
FA24