El Juzgado Federal N° 2 de Paraná falló a favor de un grupo de afiliados y marcó la responsabilidad del Estado Nacional.
Por Marcos Anglada
En un nuevo y contundente revés judicial contra la Superintendencia de Bienestar – Obra Social de la Policía Federal Argentina (PFA), el Juzgado Federal N° 2 de Paraná resolvió hacer lugar a una acción de amparo presentada por un grupo de afiliados, quienes venían reclamando por la falta de cobertura de prestaciones esenciales.
La sentencia —dictada el 26 de agosto de 2025 en los autos “FERREYRA, Catalino Lisandro y otros c/ Superintendencia de Bienestar-Obra Social de la Policía Federal Argentina s/Amparo Ley 16.986”— ordena a la demandada restituir en un plazo improrrogable de 10 días todas las prestaciones contempladas en la Ley N° 21.965 y su decreto reglamentario 1866/83, incluyendo los convenios vigentes con prestadores en Paraná.
Una conducta arbitraria y reiterada
El fallo califica la conducta de la Superintendencia como “manifiestamente ilegal y arbitraria”, subrayando la gravedad y reiteración de la negativa a cumplir con sus obligaciones. Por ese motivo, el tribunal dispuso además librar oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de que adopte las medidas correspondientes para salvaguardar la responsabilidad del Estado por “falta de servicio”.
Costas y honorarios
La resolución también condena en costas a la Superintendencia de Bienestar y regula honorarios a favor de la Dra. Silvana Noemí Tagliaferro, letrada apoderada de los amparistas, por un monto de $1.591.569 (21 UMA).
Una cadena de sentencias en todo el país
Este caso no es aislado: en distintas jurisdicciones federales del país se multiplican las sentencias favorables a policías federales activos y retirados, que denuncian incumplimientos sistemáticos en prestaciones médicas, derivaciones y medicamentos por parte de la obra social de la PFA.
El pronunciamiento del Juzgado Federal de Paraná refuerza la idea de que el problema ya no es coyuntural, sino estructural y reiterado, y coloca al Estado Nacional bajo la obligación de responder.
Un mensaje claro
La Justicia envía un mensaje contundente: los trabajadores policiales y sus familias tienen derecho a la salud y a una cobertura digna. Lo contrario no solo constituye una falta de servicio, sino una violación a derechos fundamentales que el Estado debe garantizar.
FA24