En el marco del Expediente N.º 5595/25, que tramita ante la Secretaría Civil y Comercial N.º 1 del Juzgado Federal, el juez interviniente dictó una medida cautelar urgente contra la Superintendencia de Bienestar – Obra Social de la Policía Federal Argentina, ordenando la inmediata normalización de las prestaciones de salud garantizadas por el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Por Rubén Pombo (*)
Lo que resolvió el Juzgado Federal
Según surge del escrito judicial fechado este 10 de junio, la resolución establece:
1) Se otorga la medida cautelar solicitada y se ordena a la Superintendencia de Bienestar – Obra Social de la PFA que, en el plazo de dos (2) días, restablezca todos los servicios de salud garantizados por el PMO y el Anexo I del Plan de Prestaciones, debiendo informar documentadamente hasta el viernes 13 de junio de 2025:
Las medidas adoptadas
Las prestaciones restablecidas
El plan de acción diseñado para normalizar la cobertura sanitaria
2) La medida tendrá vigencia por tres (3) meses a partir de su notificación.
3) Se requiere que los actores presenten una declaración jurada digital comprometiéndose a responder por eventuales daños si la medida fue solicitada sin derecho.
(Fuente: Resolución Judicial, Expte. 5595/25, Juzgado Federal – Sec. Civil y Comercial N.º 1)
¿Qué está pasando con la Obra Social?
La medida judicial se da en un contexto de crecientes reclamos de afiliados por la interrupción o demora en la cobertura de tratamientos, medicamentos y prácticas básicas, en clara violación de los derechos fundamentales a la salud y al acceso efectivo a las prestaciones médicas obligatorias.
Muchos trabajadores policiales y sus familias han denunciado en las últimas semanas que ni siquiera pueden acceder a atención de urgencia ni a controles clínicos regulares, lo que motivó la presentación del amparo colectivo que ahora empieza a dar frutos.
Una advertencia para todo el sistema de salud policial
Desde la ONG Azules Por Siempre (PFA) que este fallo marca un precedente importante para todos los afiliados al sistema de salud policial del país, tanto en fuerzas federales como provinciales: la salud no es un beneficio, es un derecho. Y cuando ese derecho se vulnera, la Justicia debe intervenir.
La decisión judicial obliga a la Obra Social de la PFA a responder, no solo administrativamente, sino con hechos concretos, verificables y documentados, algo que el propio fallo exige para este mismo viernes.
Seguimos atentos
Desde nuestra redacción y representación sindical acompañamos este reclamo, como lo venimos haciendo en todos los frentes donde los trabajadores uniformados y sus familias se ven postergados, invisibilizados o maltratados por la burocracia estatal.
Porque sin salud no hay seguridad, y sin seguridad social no hay dignidad institucional.
FA24