El conflicto en Villa Allende, Córdoba, ha puesto en evidencia la tensión entre seguridad y libertades individuales. La decisión de las autoridades municipales de instalar portones de dos metros de altura para cerrar calles secundarias entre las 22:00 y las 6:00 horas ha generado una fuerte reacción entre los vecinos.
Por Alberto Martinez (*)
Seguridad y control: el cierre de calles en debate
Según el argumento oficial, la medida busca reducir hechos delictivos y mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, especialistas cuestionan la efectividad de este tipo de restricciones, advirtiendo que pueden generar más problemas de los que resuelven y sentar un precedente para futuras limitaciones a la movilidad y los derechos ciudadanos.
La seguridad como excusa para restringir libertades
El uso de la inseguridad como justificativo para imponer restricciones no es nuevo. A lo largo de la historia, los gobiernos han recurrido a la «seguridad nacional» como argumento para implementar medidas que restringen libertades individuales, desde estados de emergencia hasta la militarización de las calles entre otros.
En el caso de Villa Allende, la medida se enfrenta a críticas por su impacto en la movilidad de los vecinos y la ausencia de una consulta popular previa. Algunos residentes sostienen que la solución no está en encerrar a la comunidad, sino en aplicar estrategias más integrales como el aumento de la iluminación pública, la limpieza de terrenos baldíos y un patrullaje policial efectivo.
Entre la Agenda 2030 y el control social
Las ciudades modernas han comenzado a adoptar modelos de «ciudades de 15 minutos», en teoría diseñados para mejorar la calidad de vida mediante la cercanía de servicios esenciales. Sin embargo, críticos advierten que estas iniciativas podrían ser utilizadas como herramientas de control, restringiendo la movilidad y promoviendo la fragmentación de las ciudades bajo el pretexto de la sostenibilidad.
El Banco Mundial, una institución con fuerte influencia en el diseño de políticas urbanas a nivel global, también ha promovido estrategias alineadas con la Agenda 2030. Sin embargo, su proceso de toma de decisiones está dominado por Estados Unidos, lo que genera dudas sobre la imparcialidad de sus recomendaciones.
La importancia de la participación ciudadana
Las decisiones que afectan la vida cotidiana de una comunidad no pueden tomarse de manera unilateral. La seguridad, como bien colectivo, debe ser discutida y consensuada con quienes habitan los territorios. Es el pueblo, organizado y participativo, quien debe tener voz en la formulación de políticas públicas que impacten en sus derechos. Solo a través del concurso activo de la ciudadanía se pueden diseñar estrategias legítimas, eficaces y respetuosas de las libertades individuales.
Conclusión: seguridad sin recortar derechos
Si bien la seguridad es una preocupación legítima, las respuestas deben ser equilibradas y respetuosas de los derechos fundamentales. La implementación de medidas que restringen libertades, como el cierre de calles, debe ser cuidadosamente evaluada en términos de su eficacia real y su impacto en la comunidad.
Es fundamental que las autoridades apuesten por estrategias participativas e integrales en lugar de recurrir a soluciones rápidas que pueden generar más problemas a largo plazo. La seguridad no puede lograrse a costa de las libertades individuales, sino a través de políticas públicas efectivas que garanticen el bienestar sin comprometer los derechos ciudadanos.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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