La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su Cuadernillo 32, un documento que sintetiza los estándares más avanzados sobre reparación integral, garantías de no repetición, prevención de violaciones, y transformación de estructuras estatales que reproducen desigualdades. ¿Cual es la relevancia para policías y penitenciarios?
Por Alberto Rubén Martínez (*)
No es un texto coyuntural ni una opinión académica: son obligaciones jurídicas que la Argentina asumió y que todos los poderes del Estado están obligados a cumplir.
En momentos en que se discute qué Estado queremos —uno mínimo y retraído o uno presente y garante— este cuadernillo ofrece una brújula ética y normativa: el Estado no puede retirarse de sus responsabilidades sin vulnerar derechos humanos. Y esto incluye también a quienes trabajan dentro de las instituciones estatales, como policías y penitenciarios.
Derechos humanos también puertas adentro del Estado
El Cuadernillo 32 aclara que los Estados no solo violan derechos cuando dañan directamente a un ciudadano, sino también cuando:
- no previenen situaciones de riesgo,
- mantienen estructuras que reproducen desigualdad,
- fallan en garantizar condiciones laborales mínimas,
- o permiten prácticas internas arbitrarias o disciplinarias abusivas.
En este sentido, el documento es especialmente relevante para las fuerzas de seguridad, históricamente atravesadas por:
- faltas estructurales de equipamiento y salud laboral,
- arbitrariedades jerárquicas,
- controles disciplinarios sin debido proceso,
- presiones sobre carpetas médicas,
- traslados sin criterios claros,
- y condiciones indignas que afectan la dignidad de quienes sirven al Estado.
La Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) es categórica: la precariedad no es un problema administrativo, es una violación de derechos humanos.
Reparación y transformación: dos obligaciones centrales
El Cuadernillo 32 señala que ante una violación, la reparación no puede limitarse a un gesto simbólico o económico. Debe incluir:
- cambios estructurales,
- reformas institucionales,
- prácticas administrativas nuevas,
- y mecanismos de control más efectivos.
La Corte advierte que el Estado tiene un deber reforzado cuando la violación afecta a grupos expuestos a desigualdad estructural. En este punto, las fuerzas de seguridad encajan plenamente: son trabajadores sometidos a riesgos físicos, jerarquías rígidas, exposición emocional y condiciones laborales que muchas veces rozan lo inhumano.
Si el Estado exige profesionalismo y compromiso, debe primero garantizar dignidad, protección y condiciones justas.
No regresividad: un límite infranqueable
Uno de los aportes más fuertes del cuadernillo es el principio de no regresividad, que prohíbe que los Estados retrocedan en derechos laborales, sociales o de protección sin cumplir un test extremadamente estricto.
En otras palabras: los derechos no pueden reducirse por razones presupuestarias, ideológicas o administrativas.
Esto es vital para policías y penitenciarios, sectores donde muchas veces se naturaliza que “es lo que hay” o que “la institución es así”. No: el estándar interamericano exige mejorar, no retroceder.
El foco donde corresponde
La Corte IDH insiste en que el Estado debe dirigir su acción —y sus recursos— hacia donde existe mayor vulnerabilidad.
En instituciones como la policía, donde la jerarquía tiende a concentrar poder y donde la Doctrina de la Sospecha Permanente opera culturalmente, este principio es esencial:
- más control sobre la conducción,
- más protección para el personal de base,
- más transparencia administrativa,
- más garantías procesales,
- y más condiciones para que el trabajo no sea una carga inhumana.
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Cuadro: Principales puntos del Cuadernillo 32 de la Corte IDH y su relevancia para policías y penitenciarios
| Eje central del Cuadernillo 32 | Qué establece la Corte Interamericana | Cómo impacta en policías y penitenciarios |
|---|---|---|
| 1. Reparación integral | El Estado debe reparar no solo el daño individual, sino las causas estructurales que lo generan. La reparación abarca restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. | Obliga al Estado a corregir prácticas institucionales que generan daño: traslados arbitrarios, falta de médicos, hostigamiento jerárquico, precariedad operativa, rechazo injustificado de permutas, etc. |
| 2. Garantías de no repetición | Los Estados deben modificar leyes, prácticas y estructuras que permitan la repetición de violaciones. Incluye cambios institucionales y administrativos. | Exige transformar estructuras policiales que permiten abusos disciplinarios, presiones sobre carpetas médicas, deficiencias en infraestructura, arbitrariedad jerárquica y falta de control civil. |
| 3. Obligación de prevenir | El Estado debe actuar antes del daño. Debe garantizar condiciones laborales dignas y proteger contra riesgos previsibles. | Aplica directo a la falta de equipamiento, móviles, uniformes, servicios médicos y condiciones sanitarias adecuadas. La precariedad es una violación, no un accidente. |
| 4. No regresividad en derechos sociales | Los derechos laborales no pueden retroceder. Cualquier reforma que reduzca protección debe superar un test estricto de necesidad, proporcionalidad y justificación. | La reforma laboral propuesta —al precarizar, flexibilizar y debilitar garantías— es de potencial inconvencionalidad. No puede reducir derechos ni aumentar la vulnerabilidad del personal uniformado. |
| 5. Igualdad y no discriminación | El Estado debe garantizar igualdad real, corrigiendo desigualdades estructurales. | Obliga a tratar como grupo especialmente protegido a fuerzas expuestas a riesgos físicos, psicológicos y jerárquicos. La “igualdad formal” es insuficiente. La desigualdad estructural debe corregirse. |
| 6. Obligación de investigar y sancionar abusos | El Estado debe asegurar mecanismos efectivos, imparciales y accesibles para denunciar abusos, arbitrariedades o violaciones. | Requiere protocolos transparentes para traslados, sanciones, control de jefaturas y revisión de procesos disciplinarios. La DSP institucional debe ser reemplazada por garantías reales. |
| 7. Transformación estructural | Las reparaciones deben apuntar a modificar sistemas y estructuras, no solo casos puntuales. El objetivo es eliminar patrones de violación. | Exige reformas profundas en cultura jerárquica, prácticas de gestión, sistemas de salud laboral, regulación de turnos, cargas horarias y mecanismos de ascenso. |
| 8. Centralidad de la dignidad humana | Toda decisión estatal debe respetar la dignidad del trabajador como persona y no como herramienta funcional al sistema. | Prohíbe prácticas degradantes como baños insalubres, falta de descanso, presiones sobre carpetas médicas y exigir al personal que financie su propio servicio (insumos, internet, papelería, etc.). |
| 9. Control civil y transparencia | Las fuerzas deben rendir cuentas, tener controles externos y mecanismos civiles de supervisión. | Aplica a compras, ascensos, traslados, sanciones, uso de recursos y evaluación del personal. Reducir controles —como propone la lógica liberal— opera contra estándares internacionales. |
| 10. Responsabilidad internacional del Estado | Si el Estado reduce protecciones o crea condiciones que generan vulneración, incurre en responsabilidad ante la comunidad internacional. | El abandono estatal, la desprotección estructural y la regresión de derechos laborales pueden generar responsabilidad internacional de la Argentina. |
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Por qué el Cuadernillo 32 importa hoy
Porque recuerda un principio que parece olvidado: los derechos humanos no son negociables, no dependen de la coyuntura y no pueden retroceder.
Y porque señala con claridad que las fuerzas de seguridad —tantas veces usadas políticamente, expuestas a precariedad laboral o tratadas como piezas descartables— también son titulares de derechos y merecen:
- condiciones dignas,
- respeto,
- prevención,
- reparación,
- y un Estado que cumpla con su rol constitucional e internacional.
En un país donde el debate público suele reducirse a slogans, el Cuadernillo 32 ofrece algo más valioso: una hoja de ruta jurídica y ética para construir instituciones más humanas y un Estado más responsable.
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N°32: Medidas de Reparación by Apropol Noticias
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Autor del libro «La Doctrina de la Confianza Soberana»
Linkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo
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