Córdoba – La situación que atraviesan hoy los trabajadores policiales y penitenciarios volvió a quedar expuesta con crudeza tras el testimonio de Adriana Rearte, referente histórica en la defensa de los derechos laborales y humanos dentro de las fuerzas de seguridad, quien pasó por los micrófonos de Frecuencia Azul y realizó una serie de denuncias alarmantes.
Por Rubén Pombo
Rearte, con una trayectoria de más de tres décadas acompañando reclamos silenciosos dentro de la policía y el servicio penitenciario, advirtió que el malestar interno es profundo, sostenido y creciente, y que viene siendo sistemáticamente ignorado por las autoridades políticas. Según explicó, los reclamos no son nuevos: llevan años acumulándose sin respuestas, con condiciones que hoy son peores incluso que las que precedieron al conflicto policial de 2013.
Entre las situaciones denunciadas se destacan salarios magros, quita de adicionales, recargos excesivos de hasta 24 horas seguidas, falta de personal operativo real, móviles en condiciones peligrosas, y un clima de maltrato y abuso de autoridad por parte de las jefaturas. A esto se suma el uso abusivo de la figura de “Tarea No Operativa”, mediante la cual efectivos continúan trabajando en la calle, sin estar formalmente activos, con descuentos salariales de hasta cientos de miles de pesos.
Rearte describió además condiciones laborales inhumanas en distintas dependencias: comisarías y CAP sin baños funcionales, sin agua potable, sin lugares de descanso, comida en mal estado para turnos de 24 horas, y personal expuesto durante horas al sol sin protección ni hidratación. Denunció también situaciones de violencia institucional contra mujeres, sancionadas incluso por necesidades fisiológicas básicas.
La referente fue contundente al señalar que esta precarización no solo daña a los trabajadores, sino que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía. “No hay policía que pueda cuidar bien a la comunidad cuando está agotado, maltratado, con miedo y sin recursos”, sostuvo, explicando por qué muchos llamados al 911 no reciben respuesta o llegan tarde.
Otro punto crítico abordado fue la situación habitacional: entre un 65 y 70 por ciento del personal vive en barrios carenciados o lindantes, exponiendo a sus familias a riesgos y condicionando la labor policial. Compromisos asumidos en el pasado para facilitar el acceso a la vivienda nunca fueron cumplidos.
Frente a este panorama, Rearte anunció que mañana viernes 19 de diciembre, a las 18 horas, se realizará una movilización pacífica frente a la Casa de Gobierno. La convocatoria es amplia e incluye a familiares, vecinos y ciudadanos, con el objetivo de visibilizar una realidad que —según advirtió— “el gobierno conoce, pero elige ignorar”.
“La policía existe, es trabajadora, tiene derechos y merece ser escuchada”, afirmó Rearte, dejando en claro que la protesta no busca confrontar, sino advertir que el camino actual conduce a una crisis mayor. “No se puede pedir seguridad mientras se abandona a quienes la garantizan”, concluyó.
El testimonio de Rearte
1. Perfil de la entrevistada
Adriana Rearte se presenta como una referente histórica en la defensa de los derechos laborales y humanos de policías y penitenciarios, con una trayectoria que se remonta a comienzos de la década de 1990. Ante la prohibición política de la sindicalización, impulsó la creación de una asociación civil de derechos humanos y violencia de género, con el objetivo de dar voz a trabajadores de las fuerzas de seguridad que no pueden expresarse públicamente sin riesgo de sanciones.
2. Motivo de la movilización
Rearte convoca a una movilización pacífica frente a la Casa de Gobierno (viernes 19 de diciembre, 18 hs), motivada por el crecimiento exponencial del malestar interno en la policía y el servicio penitenciario. Señala que las denuncias y reclamos se vienen acumulando desde hace más de un año, con un agravamiento sostenido y sin respuestas por parte de las autoridades.
3. Condiciones laborales denunciadas
La entrevistada describe un cuadro crítico y generalizado de precarización laboral:
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Salarios bajos y quita de adicionales, que afectan la subsistencia del personal.
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Abuso de la figura de “Tarea No Operativa (TNO)”, mediante la cual se descuenta parte del sueldo a efectivos que, aun con alta médica presentada, continúan realizando tareas de seguridad sin estar formalmente activos.
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Connivencia entre autoridades políticas, policiales y médicas, que permitiría mantener personal trabajando “en negro”, sin armas ni respaldo administrativo.
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Recargos excesivos: turnos de 24 horas continuas, seguidos de recargas de 12 o más horas.
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Maltrato sistemático y abuso de autoridad por parte de jefaturas.
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Falta de personal operativo real, desmintiendo los números oficiales difundidos por el gobierno.
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Móviles policiales en condiciones peligrosas (sin frenos, cubiertas lisas, puertas rotas), mientras los vehículos en buen estado quedan reservados para jefes.
4. Condiciones materiales e infraestructurales
Rearte brinda ejemplos concretos y reiterados:
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Dependencias sin baños funcionales, sin agua potable ni limpieza adecuada.
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Espacios de descanso sin colchones ni condiciones mínimas.
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Comida en mal estado para efectivos en turnos de 24 horas (sándwiches podridos, agua caliente).
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Exposición prolongada al sol sin protección, hidratación ni equipamiento adecuado.
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Denuncias de maltrato específico hacia mujeres, incluyendo sanciones por necesidades fisiológicas básicas.
5. Impacto humano y social
El informe remarca consecuencias profundas:
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Cansancio físico y psíquico extremo.
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Trastornos de salud (gastroenteritis, ansiedad, agotamiento).
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Deterioro del vínculo familiar y social.
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Pérdida de capacidad operativa real, afectando directamente la seguridad ciudadana.
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Creciente desconfianza vecinal, por la falta de respuesta policial ante llamados al 911.
6. Vivienda y vulnerabilidad social
Se señala que entre el 65 % y 70 % del personal policial vive en barrios carenciados o lindantes, lo que:
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expone a sus familias a represalias,
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condiciona la actuación profesional,
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y alimenta lecturas erróneas de “complicidad” con el delito, cuando en realidad hay miedo y vulnerabilidad estructural.
Se recuerda el incumplimiento de compromisos asumidos en 2013 para facilitar acceso a vivienda.
7. Régimen disciplinario y restricciones a la protesta
Rearte cuestiona la normativa vigente que:
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obliga al personal a informar si familiares participarán en protestas,
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considera esta exigencia inconstitucional y violatoria de libertades individuales,
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y refuerza un clima de control y disciplinamiento excesivo.
8. Equipamiento y responsabilidad económica
Se denuncia que:
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si al efectivo le roban arma, chaleco o handy, debe pagarlo de su bolsillo,
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es pasado a situación pasiva y sometido a sumario,
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no existe seguro que cubra estos bienes provistos por el Estado.
9. Antecedentes y advertencia final
Rearte recuerda que en 2013 se firmaron 14 compromisos, de los cuales solo uno fue cumplido. Advierte que el escenario actual es peor que el previo al conflicto de aquel año y que el Estado vuelve a ignorar advertencias documentadas.
10. Conclusión
La intervención describe una crisis estructural del sistema policial, caracterizada por:
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precarización laboral,
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degradación institucional,
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vulneración sistemática de derechos humanos,
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y ausencia total de escucha política.
La movilización busca visibilizar una situación límite y advertir que no puede haber seguridad pública sin trabajadores protegidos, respetados y escuchados.
FA24