La creación del DFI y la transformación de la P.F.A. en un modelo de agencia federal de investigación.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El gobierno nacional avanza con un plan ambicioso y reservado: transformar la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en una agencia de investigaciones al estilo del Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) estadounidense. El proyecto incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una profunda reforma del régimen de ingresos, carrera y desempeño, y la declaración de emergencia institucional por dos años para permitir contrataciones directas. ¿Es esto una modernización policial o una mutación doctrinaria?
Del modelo policial tradicional a la “agencia federal de inteligencia criminal”
Según el borrador del decreto ya terminado por el Ejecutivo (aunque aún no publicado), el DFI se encargará de “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”. La inspiración proviene de dos fuentes: el F.B.I. de Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil, organismos con funciones investigativas más que preventivas o de proximidad territorial.
Esto implica una desnacionalización funcional del concepto tradicional de “Policía Federal”, en línea con una tendencia de “agenciamiento” tecnocrático de la seguridad: se pasa de una policía de Estado a una policía de sistema.
Universitarios, emergencia y carrera: ¿profesionalización o elitización?
El plan incluye:
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Ingreso con formación universitaria: se proyecta una nueva vía de acceso exclusiva para graduados universitarios, lo cual puede interpretarse como un intento de profesionalización… o como una elitización encubierta.
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Declaración de emergencia institucional: por 2 años, habilitando contrataciones directas según el decreto 1023/01. Esto plantea serios interrogantes sobre la transparencia y los controles institucionales.
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Cambio en la carrera policial: se contempla que suboficiales con formación y experiencia accedan al escalafón de oficiales sin el proceso tradicional. Esto podría reconocer trayectorias valiosas, pero también abre la puerta a arbitrariedades si no hay criterios claros y auditables.
Sistema de evaluación y seguimiento: ¿calidad o control?
Se prevé la implementación de un sistema de evaluación del desempeño respaldado por herramientas tecnológicas de seguimiento individual. Si bien puede mejorar la gestión del recurso humano, también puede derivar en una vigilancia interna de tipo disciplinaria, con riesgo de afectar garantías laborales.
No es un dato menor que esta transformación se proponga sin un debate público ni consulta a los cuadros profesionales de la Fuerza. Tampoco está claro si el nuevo modelo garantizará mejores condiciones salariales o laborales, ni qué rol se reserva a los sindicatos y organizaciones de personal policial que puedan legal y además legítimamente formarse.
¿Y el federalismo?
Transformar a la P.F.A. en un organismo especializado en delitos complejos puede parecer lógico en términos operativos, pero implica una redefinición política de su rol territorial. Desde la descentralización de la policía porteña en 2016, la P.F.A. quedó sin funciones territoriales en la Ciudad de Buenos Aires. Con este cambio, podría quedar aún más alejada del principio federal que le dio origen. En el límite, estaríamos ante una policía nacional sin anclaje territorial, más cercana a una agencia de inteligencia criminal que a una fuerza policial clásica.
Conclusión
Lo que está en juego no es solo una reestructuración administrativa. Es un cambio de paradigma: de una Policía Federal como fuerza orgánica del Estado nacional a un organismo tecnocrático de persecución del delito complejo. El riesgo es convertir a la Policía en un brazo sin rostro del poder penal en manos de los gobiernos de turno, sin deliberación democrática ni protección institucional para sus trabajadores.
Modernizar sí. Desarraigar no. Profesionalizar sí. Elitizar y disciplinar sin garantías, no.
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¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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