Mientras la ministra alienta una política de “mano dura”, trabajadores del sistema aéreo denuncian amenazas, abuso de poder y violencia institucional por parte de la PSA.
Por Rubén Pombo
Una escena de violencia en el corazón del sistema de navegación aérea
El 14 de abril, en el aeropuerto Justo José de Urquiza de Paraná, seis controladores aéreos con credenciales vigentes fueron impedidos de ingresar a su lugar de trabajo. No había orden judicial ni sumario administrativo. La orden provino directamente del subinspector Víctor Hernán Arrieta, un oficial con antecedentes de violencia laboral y abuso de autoridad dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Lejos de tratarse de un hecho aislado, los trabajadores denuncian un clima de hostigamiento, intimidación y maltrato, alimentado por la inacción de las autoridades civiles y la cobertura institucional de la PSA.
¿Seguridad o autoritarismo? El legado de la “doctrina Bullrich”
Este episodio revela el verdadero rostro de una política de seguridad que se presenta como firme, pero que en la práctica vulnera derechos elementales. La llamada «doctrina Bullrich», con su retórica de orden y autoridad, termina habilitando zonas grises donde la ley se aplica de forma arbitraria, según el uniforme o la cercanía al poder.
Mientras se habla de «defender a los que nos cuidan», la ministra de Seguridad permite que una fuerza como la PSA actúe por fuera del marco legal, impidiendo el ingreso de trabajadores sin causa, avalando agresiones físicas y dejando desamparadas a las víctimas.
¿Qué seguridad construimos si se pisotean los derechos de quienes garantizan el funcionamiento del Estado?
Silencio institucional, amedrentamiento sindical
Los trabajadores afectados —todos empleados de EANA— denuncian que desde el área legal de la empresa se los disuadió de hacer denuncias penales y se los instó a limitarse a «descargos administrativos». A esto se suma la actitud de la ATEPSA, el gremio de los controladores, que según los denunciantes habría intentado evitar que el caso escale a instancias judiciales.
Mientras el subinspector Arrieta cuenta con defensa legal provista por la PSA, los trabajadores deben enfrentar solos el sistema, con temor a represalias o causas armadas.
Este tipo de asimetrías no sólo vulnera derechos, sino que revela una estructura de impunidad funcional al poder político.
La cultura del miedo como política de Estado
Lo ocurrido en Paraná no es un hecho aislado. Denuncias similares se repiten en otras regiones, como en Salta, donde la PSA es acusada de hostigamiento, manipulación de licencias y amenazas a personal subalterno y civil. La lógica es siempre la misma: el miedo como herramienta de control.
Lejos de garantizar el orden, esta doctrina lo corrompe. Lejos de fortalecer las instituciones, las convierte en garantes de la arbitrariedad. Y lejos de cuidar a quienes nos cuidan, profundiza el maltrato, la precarización y el silenciamiento.
Una advertencia para todos los trabajadores del sistema de seguridad
La denuncia de los controladores aéreos debe servir como alerta para los trabajadores de la seguridad en todas sus formas: policías, penitenciarios, personal técnico y administrativo. Cuando se impone una lógica de «seguridad sin derechos», nadie está a salvo.
Lo que hoy ocurre en un aeropuerto puede mañana repetirse en una comisaría, una cárcel o un destacamento. Porque cuando el abuso se institucionaliza, los trabajadores del sistema pasan de ser parte del Estado a convertirse en sus víctimas.
FA24
APROPOL, Frecuencia Azul, controladores aéreos, PSA, EANA, violencia institucional, Patricia Bullrich, doctrina Bullrich, abusos laborales, derechos humanos, seguridad pública, Paraná.
#APROPOL #FASIPP #FRECUENCIAZUL #ControladoresAéreos #ViolenciaInstitucional #PSA #DoctrinaBullrich #AbusoDePoder #DerechosLaborales #RadarGremial