El Estado debe dar seguridad, pero dentro de la ley. Porque si la ley no va, no se la viola: se la cambia. ¿Quienes trabajen en el infierno serán demonios o trabajadores?
Por Alberto Martínez (*)
El gobierno santafesino anunció con bombos y platillos la construcción de una cárcel de máxima seguridad para presos de alto perfil en Piñero. La bautizaron “El Infierno”, como si el nombre fuera una virtud. Pero esta forma de comunicar seguridad nos enciende todas las alarmas: ¿estamos entrando en una lógica peligrosa de “Bukelización” criolla?
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Una cárcel no es un infierno: es una institución del Estado
Ni los policías ni los penitenciarios están para violar la ley. Su tarea es clara: prevenir el delito, contener la violencia y hacerlo siempre respetando los derechos humanos. Por eso es preocupante que las máximas autoridades usen términos como «El Infierno» para referirse a una obra pública. ¿Qué mensaje se está dando a la sociedad? ¿Y al personal que deberá trabajar allí?
¿Trabajadores o demonios?
Si el Estado llama «El Infierno» a una cárcel, entonces, ¿quiénes van a trabajar ahí? ¿Demonios o trabajadores del sistema penitenciario?
Este tipo de lenguaje no es menor: construye sentido. Cuando las autoridades nombran así a una institución del Estado, están enviando un mensaje distorsionado sobre la función de esa institución y sobre quienes la integran. Los penitenciarios no son carceleros infernales, ni verdugos, ni torturadores. Son trabajadores del Estado, con funciones claras, derechos laborales, y una misión constitucional: resguardar la seguridad sin vulnerar los derechos humanos.
Llamar “El Infierno” a una cárcel no solo es una peligrosa apología del castigo cruel, sino que deshumaniza a todos los involucrados, incluidos los agentes penitenciarios que, en lugar de ser reconocidos como servidores públicos, quedan atrapados en una narrativa de horror.
Si el discurso oficial presenta el penal como una especie de “infierno moderno”, entonces se espera que sus empleados actúen como demonios… y eso no solo es injusto, es una trampa moral y legal. Porque después, cuando lleguen las denuncias, los procesos judiciales o las sanciones administrativas, nadie saldrá a bancarlos.
Los trabajadores penitenciarios son parte del engranaje de un Estado de derecho, no actores de una ficción de terror. Y si el Estado necesita seguridad más firme, que lo haga con leyes claras, presupuesto real y responsabilidad política, no con metáforas peligrosas.
Prevención sí, pero dentro de la ley
Desde estas reflexiones permanentes destacamos la tarea diaria de prevención que realizan miles de policías y agentes penitenciarios en todo el país. Hombres y mujeres que enfrentan situaciones límite, con escasos recursos y muchas veces sin respaldo político.
Pero también decimos con claridad: la seguridad no se construye a fuerza de violar garantías constitucionales. Si hay leyes que no sirven, hay que cambiarlas. Lo que no se puede es obligar a los trabajadores del sistema a actuar por fuera de ellas.
La trampa del “modelo Bukele”
El gobierno provincial, alineado con las ideas de Milei y Bullrich, parece querer importar el modelo salvadoreño de seguridad. Un modelo que sacrifica libertades a cambio de una aparente paz. Pero acá, como allá, esa fórmula no resuelve el problema de fondo: el abandono del Estado en los barrios, la corrupción estructural, la desigualdad.
Lo que preocupa no es que se construya una cárcel moderna. Lo que alarma es el mensaje político y simbólico que la acompaña. Porque si para dar seguridad hay que violar la ley, estamos perdidos. El mensaje debe ser otro: la ley es para todos, también para el Estado.
El desafío: seguridad con dignidad
Los trabajadores de las fuerzas de seguridad necesitan reglas claras, condiciones dignas y respaldo institucional. Pero también necesitan saber que no serán usados como brazos ejecutores de políticas punitivistas que vulneran derechos.
La cárcel de Piñero puede ser una herramienta útil si se la usa con responsabilidad. Pero si se convierte en símbolo de un autoritarismo enmascarado de orden, los que quedarán atrapados en ese infierno serán, otra vez, los trabajadores de uniforme.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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