De la «reestructuración» a oportunidad de negocios y negociados.
En los últimos años, el cierre de comisarías en Rosario y otras localidades de Santa Fe ha sido justificado por los gobiernos como parte de una supuesta «modernización» del sistema de seguridad. Sin embargo, lejos de mejorar la situación, esta estrategia ha debilitado la presencia del Estado en los barrios y sobrecargado las pocas dependencias policiales que siguen operativas.
Ahora surge una nueva sospecha: ¿detrás de estos cierres se esconde un negocio inmobiliario?
El destino de los inmuebles: ¿quién se beneficia?
Cada cierre deja un edificio estatal en desuso, abriendo la puerta a distintos escenarios:
- Venta o remate a precios irrisorios a desarrolladores privados.
- Cesión a fundaciones o empresas vinculadas a funcionarios y políticos.
- Degradación y abandono intencional para justificar luego su privatización.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes tienen acceso a esta información privilegiada y cómo influye en las inversiones inmobiliarias en zonas cercanas a estos edificios?
El esquema no se limita solo a comisarías y dependencias policiales. También se han desmantelado terrenos y propiedades de las Fuerzas Armadas, transformándolos en espacios para negocios privados. Bases militares, predios históricos y otras instalaciones estratégicas han sido abandonadas o desactivadas, solo para terminar en manos de desarrolladores con vínculos políticos.
Casos bajo la lupa
Algunas ex-comisarías cerradas en Rosario, como el caso de la ex Comisaría 8ª, fueron abandonadas mientras terrenos contiguos eran adquiridos por capitales privados para la construcción de edificios millonarios. La sospecha de connivencia entre funcionarios y empresarios crece.
El cierre de comisarías en Rosario: entre promesas incumplidas y abandono
Durante la gestión de Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro como ministro de seguridad, Rosario sufrió el cierre de al menos 11 comisarías, enmarcado en un plan de «modernización» que nunca se concretó. Desde 2016, la propuesta de instalar mega estaciones policiales quedó en meros proyectos de papel, mientras que la presencia policial en los barrios se redujo drásticamente.
Vecinos y trabajadores policiales convidados de piedra
Lo más grave es que los trabajadores policiales y los vecinos jamás fueron consultados sobre este plan de desmantelamiento. Quienes arriesgan su vida diariamente en la primera línea de la seguridad pública no tuvieron voz ni voto en decisiones que afectaron directamente sus condiciones laborales y su operatividad. Tampoco se tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos, quienes fueron privados de la cercanía de las comisarías sin una alternativa eficaz.
Hoy, cuatro de estas dependencias siguen abandonadas y en ruinas, sin que el Estado provincial haya tomado medidas para su recuperación.
Las comisarías cerradas y su estado actual:
- Comisaría 1ª (Juan Manuel de Rosas 1350).
- Comisaría 3ª (Dorrego al 100) – Sigue abandonada y en ruinas.
- Comisaría 4ª (La Paz 450)
- Comisaría 6ª (San Luis 3200)
- Comisaría 8ª (Thedy 375 bis) – Sigue abandonada y en ruinas.
- Comisaría 11ª (Lamadrid 200 bis)
- Comisaría 18ª (Francia 3670) – Sigue abandonada y en ruinas.
- Comisaría 33ª (Lavalle 5800) – Cerrada por problemas edilicios.
- Comisaría 34ª (Peyrano 2900) – Fue demolida y reemplazada por un container.
- Subcomisaría 19ª (Flor de Nácar 7088) – Cerrada y sin reemplazo.
- Comisaría 13ª (San Nicolás 2023) – Hoy funciona allí la Unidad de Protección de Testigos.
El vaciamiento de la infraestructura policial ha generado mayor sensación de inseguridad en los barrios, dejando en claro que la «reestructuración» anunciada solo debilitó la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, el abandono de edificios estatales abre la puerta a interrogantes sobre su futuro y posibles negocios inmobiliarios encubiertos.
El interrogante sigue en pie: ¿Cuál fue el verdadero objetivo de estas medidas?
Esta práctica no es nueva. En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el cierre de hospitales, escuelas y terrenos ferroviarios terminó en su venta a desarrolladores con vínculos políticos. Ahora, en Santa Fe, la historia parece repetirse con el cierre de comisarías y otras dependencias públicas.
Cabe señalar que muchos de estos edificios no sólo son bienes del Estado provincial, sino también Patrimonio Histórico Provincial, por lo que su desafectación requeriría una ley específica. Sin embargo, con una mayoría automática en la Legislatura, el actual gobierno no encontraría obstáculos para avanzar en este proceso. Además, hace varias administraciones que estos edificios vienen siendo dejados en ruinas, facilitando su posterior privatización sin resistencia pública ni mediática.
Hasta la cárcel
La Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, conocida como «La Redonda», está ubicada en la manzana delimitada por las calles Zeballos, Ricchieri, Montevideo y Suipacha, en una zona céntrica de la ciudad. Fundada en 1894, su emplazamiento actual ha sido objeto de debate debido al crecimiento urbano y la consolidación residencial del área. Abarca aproximadamente una manzana completa en un área de alto valor urbanístico. La propuesta incluye la reubicación de las dependencias oficiales tanto municipales como provinciales y además «el infaltable empujoncito» del sector privado en una serie de emprendimientos inmobiliarios en una de las mejores zonas de la ciudad.
La seguridad en segundo plano
Mientras las comisarías desaparecen y la estructura policial se debilita, los edificios públicos y los terrenos de las Fuerzas Armadas se convierten en activos negociables en el mercado inmobiliario. La seguridad y la soberanía quedan relegadas, mientras unos pocos se benefician del vaciamiento del Estado.
En este contexto, resulta urgente una investigación seria sobre quiénes están detrás de estas maniobras y qué intereses están en juego.
¿Es casualidad o estamos frente a un plan sistemático para convertir la crisis de seguridad y el desguace del Estado en un negocio para unos pocos?
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