Mientras el Gobierno Nacional avanza en autorizar la actuación de las Fuerzas Armadas en casos de delitos flagrantes, crecen las voces que alertan sobre los riesgos de esta medida.
Por Rubén Pombo
Una decisión que amenaza la institucionalidad
Uno de los análisis más claros y contundentes llegó de la mano de Alberto Martínez, secretario general de APROPOL y referente en temas de seguridad pública, quien advirtió en Radio Liberada que el decreto presidencial «desnaturaliza el rol militar» y «abre la puerta a un conflicto interno para el cual no estamos preparados ni legal ni operativamente».
«Meter a los militares en tareas policiales es confundir instrumentos distintos, con finalidades distintas, y es poner en riesgo a los propios soldados», alertó Martínez.
Entre la manipulación política y la subordinación geopolítica
Durante la entrevista, Martínez expuso que esta política de militarización interna «no es nueva» y responde a un plan más profundo de «desarme del Estado argentino» que viene gestándose desde hace décadas, al compás de intereses externos:
«Esto no lo inventó este gobierno: viene de muchos años de demolición progresiva de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Forma parte de una estrategia geopolítica que no tiene que ver con los intereses nacionales.»
De hecho, remarcó que las Fuerzas Armadas hoy no cuentan con el equipamiento ni el entrenamiento adecuado para funciones policiales. Y que pretender derivarles tareas de seguridad ciudadana solo puede terminar en mayor violencia, descontrol legal, y desprotección para los propios efectivos.
¿Qué está verdaderamente en juego?
Alberto Martínez fue taxativo al marcar que en el fondo «no se discute sólo una cuestión operativa», sino «el respeto por la Constitución, por la soberanía nacional, y por las libertades civiles».
«Cuando se rompen las líneas divisorias entre defensa y seguridad, lo que está en riesgo no son solo los derechos individuales: es el sistema democrático en su conjunto», explicó.
Además, recordó que las Fuerzas Armadas tienen una doctrina basada en la destrucción del enemigo en guerra, mientras que la policía debe proteger derechos incluso del detenido. «Son dos culturas jurídicas, políticas y operativas distintas. Mezclarlas no es fortalecer la seguridad: es abrir una caja de Pandora», sentenció.
Un peligro que ya fracasó en la región
Con conocimiento práctico, Martínez advirtió que el uso de militares en funciones policiales ha fracasado rotundamente en experiencias recientes en América Latina, como en México y Colombia, donde lejos de reducir la violencia, la militarización la profundizó.
«Hoy vemos a México con 25.000 muertos anuales y una política capturada por el narcotráfico. ¿Eso es lo que queremos para la Argentina?»
También alertó sobre la falta de un marco legal claro que regule esta intervención militar, ya que ni la Ley de Defensa Nacional ni la Ley de Seguridad Interior permiten este tipo de operativos sin condiciones estrictísimas que, claramente, no se cumplen hoy.
Un final anunciado: la trampa para los propios soldados
Para cerrar, Martínez no dudó en señalar que esta medida, de prosperar, será una trampa mortal para los militares:
«Cuando un soldado, que no está preparado ni jurídicamente ni operativamente para actuar como policía, cometa un error —y lo va a cometer—, serán los mismos sectores que hoy piden ‘mano dura’ los que mañana lo condenen.»
Y remató, con una verdad que duele pero que es necesario decir:
«A los soldados los quieren en la calle para lavarse las manos. Cuando se equivoquen, los dejarán solos.»
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«Desnaturalizar el rol militar es debilitar a la Nación.»
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«No se combate el delito improvisando ni confundiendo funciones.»
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«Sin Fuerzas Armadas sólidas, no hay soberanía nacional.»
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«La seguridad interna y la defensa nacional son mundos distintos: no mezclar es proteger.»
Fuente: Radio Liberada (Casilda)
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