Desde el Ejército hasta la Policía Federal, crece el malestar en las fuerzas armadas y de seguridad federales. Jóvenes se van por salarios de hambre y jubilados denuncian abandono sanitario.
BUENOS AIRES — Entre enero y junio de 2025, al menos 2.273 agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales presentaron su baja voluntaria. La cifra —que incluye al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal— revela un deterioro estructural sin precedentes en tiempos democráticos.
La causa principal: sueldos que no alcanzan para vivir y una atención médica degradada que obliga a miles de efectivos —activos y retirados— a costear tratamientos de su bolsillo o directamente a resignarse.
Cifras que preocupan
Según datos internos y testimonios recabados por este medio:
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Ejército Argentino: 257 bajas
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Armada Argentina: 234
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Fuerza Aérea Argentina: 193
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Gendarmería Nacional: 386
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Prefectura Naval Argentina: 322
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Policía Federal Argentina: 412
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Policía de Seguridad Aeroportuaria: 177
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Servicio Penitenciario Federal: 292
La mayoría son jóvenes enviados a destinos como Buenos Aires, donde el salario inicial no alcanza para costear ni un monoambiente. Muchos optan por regresar a sus provincias y sumarse a fuerzas policiales locales o buscar trabajos mejor remunerados en el sector privado.
El colapso de IOSFA y la unificación que fracasó
El otro gran factor de expulsión es el deterioro del sistema de salud. La IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) absorbió en los últimos años a los afiliados de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura. Pero lejos de mejorar el servicio, la centralización profundizó los problemas.
“A mí, que soy retirado, este mes me descontaron $200 mil para la obra social. Es el 8% de mi haber. Y los activos pagan el 4%. Antes teníamos OSFA y todo funcionaba. Ahora estamos en una caja unificada que no da abasto”, cuenta un veterano de la Fuerza Aérea que vive en Buenos Aires.
En provincias como Salta, Formosa, Corrientes o La Rioja, los prestadores médicos directamente no existen o están saturados. En muchos casos, los turnos para un especialista demoran meses y los medicamentos deben abonarse en su totalidad. El problema, denuncian, radica en una baja cápita por afiliado que no cubre ni lo básico y en atrasos de hasta 5 meses en los pagos a clínicas y farmacias.
Un sistema que castiga al que sirvió
Los efectivos retirados también levantan la voz. No solo por la atención médica deficiente, sino por la falta de contención humana e institucional. Denuncian que quienes sirvieron durante décadas hoy están a la deriva, sin canales reales de reclamo ni representación efectiva.
“El sistema fue vaciado desde adentro. Cuando se eliminó la autonomía de cada arma sobre su obra social, se perdió la eficiencia. Esto fue una decisión política y nosotros, los usuarios, estamos pagando el costo.”
Fa24
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