Condenar a policías rasos resulta más fácil que demostrar hipótesis que muchas veces se afirman sin rigor científico.
Por Josefina López Mac Kenzie
En decenas de juicios por presunta violencia policial se empezó a imponer la voz de ciertos peritos de parte que ofrecen el sustento teórico -o práctico- para las “teorías deseadas” por colectivos militantes, al margen de la ciencia y de la verdad.
Marcos Herrero, un adiestrador de perros que desvió 20 causas de todo el país, plantando objetos en las escenas groseramente; Virginia Creimer, médica legista que instaló un “Protocolo” propio para enredar categórica y sistemáticamente a policías en las más pesadas carátulas del Código Penal, y Omar Alejandro Ledesma, un psiquiatra que cumplió el mismo rol en una opaca causa del Departamento Judicial La Plata (miró fotos de una autopsia y pidió agravar la carátula de personas que recibieron perpetua), son ejemplos de este subconjunto de auxiliares de la Justicia que, sospechosamente, la Justicia deja correr.
Aunque hayan sido desacreditados por jueces y fiscales, aunque haya denuncias penales graves en su contra, aunque haya órdenes de investigarlos escritas en la parte dispositiva de diversas sentencias, o aunque carezcan de credenciales de idoneidad (como el adiestrador canino Herrero), sus dictámenes pueden llegar a convertirse en un recurso para resolver casos. Decenas de historias de las últimas décadas en todo el país así lo demuestran, trágicamente para los inocentes involucrados.
En todas sus intervenciones contra policías (juicios con penas de perpetua en juego), Creimer repite un patrón. Asevera que encontró en el cuerpo de la víctima decenas de lesiones y marcas defensivas que otros profesionales no habían detectado, porque encubrían a la Policía o porque no sabían aplicar el Protocolo de Minnesota. Asegura que las lesiones se produjeron en los minutos en que la víctima estuvo en custodia policial. Y que éstas son compatibles con borceguíes, tonfas y ahorcamientos con la toma de artes marciales mataleón.
A la hora de fundamentar todo eso, la médica apela a la idea de un “modus operandi” policial. La persona padeció tal cosa porque las fuerzas de seguridad así lo hacen siempre. Una nube de conjeturas que al final no se cumple en ningún caso, pero gusta, o sirve. Si hace falta, se apoya con citas a sociólogos.
La cultura pericial
Según el “Protocolo Creimer” -la propia médica bautizó así a su sistema de trabajo pericial-, los policías rasos, en especial, los de la Bonaerense, son asesinos seriales de detenidos, por sadismo. Esa idea, que para un sociólogo o un colectivo militante puede estar muy bien, se convierte, de forma escalofriante, en el sustento de condenas a perpetua cuando no hay pruebas sobre la responsabilidad policial y hay presión política.
Alejandro Incháurregui, investigador especializado sobre la Policía Bonaerense y exmiembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), no cree probable que exista un fenómeno así. “Durante décadas, y especialmente entre 1976–1983, torturar y matar detenidos fue una práctica habitual en la Policía de la provincia de Buenos Aires. Los jueces provinciales conocían tales prácticas pero voluntariamente, salvo excepciones, evitaban indagar en ellas. Hoy, con tantos controles de la sociedad civil sobre las policías, este tipo de práctica de manera generalizada no es posible”.
“Al contrario –agrega Incháurregui–. Con el lastre de semejante historia, condenar a los trabajadores de la seguridad resulta más fácil que demostrar hipótesis que se afirman sin demasiados fundamentos científicos. A 30 años de que los Criterios de Daubert y sus sucedáneos modificaron la cultura pericial en los EEUU y en el mundo, tengo la impresión de que tales principios no incidieron demasiado en nuestra Justicia”.
En muchos de los juicios por presunta violencia policial donde Creimer involucra a uniformados, categóricamente, mediante especulaciones, la antesala fueron instrucciones penales deficientes (o direccionadas), con sospechosos civiles que quedan fuera de la mira, ambulancias que no llegan a las emergencias y dispositivos de salud mental que no existen. La persecución penal recae sólo en los polizontes, como los llamó Pier Paolo Pasolini en un poema.
En las salas de juicio, Creimer acompaña el relato de sus teorías de los casos con fuertes puestas en escena, que incluyen la lectura extensa de su frondoso CV y teatralizaciones de ahorcamientos con la toma mataleón. Estas cosas, al final, influyen. Los jueces que condenan aferrados a sus dictámenes siempre la llaman “eminencia” o “magíster”, y destacan sus “credenciales” y su “presencia en la escena”.
Rodrigo Mazzuchini, un penalista de Rosario que estudió el rol de Creimer en varios juicios, dice en una entrevista al medio Cadena3: “Yo la he visto a la doctora Creimer dos veces en juicio y es muy histriónica. Si uno no está preparado, si uno no ha leído, si uno no ha tenido contacto previo con un perito anterior, puede ser engañado”.
“Un juez, para dar una resolución condenatoria apartándose de las pericias oficiales, necesita sí o sí un perito. Necesita algo donde apoyarse. Y eso es la importancia que tiene Virginia Creimer en todos los casos. Es muy difícil catalogar o encasillar este grado de locura donde hemos llegado”.
“Detrás de esto hay un gran negocio -agrega Mazzuchini-, porque la indemnización millonaria, cuando uno va contra el Estado argentino, tarde o temprano, si le sale bien, va a tener mucho dinero. El eje final para mí en esto es la demanda. En algún momento puede haber existido una cuestión ideológica. Ahora me parece que es una cuestión de narcisismo y de dinero”.
Gastón Nicocia, un penalista de La Plata que defendió al docente de música Lucas Puig, condenado por abuso sexual infantil en un juicio marcado por la actuación de Creimer, califica su rol en ese proceso como “pericias sobre pericias”, “meta pericias” u “opinión juzgadora”. La médica intervino en ese caso desde el campo de la psicología, opinando sobre viejas pericias oficiales hechas a los niños -presuntas víctimas del docente- que habían descartado los abusos.
Nicocia plantea: “Los jueces no conocen todo, piden que los instruyan y recurren a peritos oficiales (de la Corte, de la Policía Científica, de la Procuración), que son neutrales, no son vinculantes pero la mayoría de las veces son fundados. Que venga una perito de parte a analizar pericias oficiales para hacer una construcción imputativa es cuanto menos peligroso”.
Puig murió esperando que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revisara su condena, fuertemente cuestionada por la ONG Innocence Project Argentina.
La voz de un perito pesa. No es la voz de un abogado. Es la voz de la ciencia, la que esperan los jueces para echar luz.
FA24