Amenazas de tiroteo en establecimientos educativos argentinos: diagnóstico, pronóstico y protocolo multidisciplinario de intervención.
Por Luis Miranda (*)
Una amenaza que no se ejecuta puede ser más poderosa que un ataque real. Si logra paralizar una institución con un mensaje anónimo, el sistema ya perdió la primera batalla.
Argentina atraviesa uno de los momentos más desconcertantes de su historia institucional reciente en materia de seguridad educativa.
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En el transcurso de pocos días del mes de abril de 2026, más de cincuenta denuncias por amenazas de tiroteo en establecimientos escolares y cerca de cien activaciones de protocolos de emergencia sacudieron a prácticamente todas las provincias del país. Jujuy no fue la excepción.
Lo que ocurre no es una ola de violencia en el sentido clásico del término. No estamos ante una sucesión de ataques armados planificados al modo de los trágicos episodios que registra la historia de otros países. Estamos ante algo diferente, más sutil y en cierta medida más difícil de combatir: la explotación sistemática de la desproporción entre el costo de emitir una amenaza y el costo de responderla.
Un mensaje escrito en el baño de una escuela, una publicación anónima en redes sociales, basta para activar un despliegue institucional masivo que interrumpe clases, aterroriza familias, consume recursos policiales y monopoliza la agenda pública. Quienes lo hacen lo saben. Y, lo que es más preocupante: quienes lo observan también aprenden.
Como Licenciado en Seguridad con experiencia en gestión institucional y análisis de fenómenos de violencia organizada, entiendo que responder a este problema con más represión y más judicialización es necesario pero insuficiente. Lo que Argentina necesita hoy es una estrategia multidisciplinaria, intraorgánica e interorgánica, que prevenga, disuada, gradúe la respuesta y restituya la normalidad a nuestras escuelas. Este artículo es una contribución en esa dirección.
I. DIAGNÓSTICO: EL FENÓMENO Y SUS CAUSAS REALES
1.1 El mecanismo central: interrupción a costo cero
Lo que distingue el fenómeno actual de la violencia escolar tradicional es su lógica de funcionamiento. No busca producir un daño físico concreto: busca producir una reacción institucional máxima con un estímulo mínimo. Y lo logra. Esa asimetría es el corazón del problema.
Cuando un alumno escribe ‘mañana tiroteo’ en el baño de su colegio o lo publica de forma anónima en un grupo de WhatsApp, activa una cadena de eventos que puede incluir la suspensión de clases, la evacuación del edificio, el despliegue de patrulleros y fuerzas especiales, la intervención del sistema judicial y la cobertura mediática durante días. Todo eso, generado por un individuo que invirtió exactamente treinta segundos y ningún recurso material.
La consecuencia es un aprendizaje colectivo y acelerado: otros observan que el mecanismo funciona. Lo replican. Y cada replicación confirma que funciona. El fenómeno se encadena y deja de ser un hecho aislado para convertirse en un patrón.
1.2 El rol amplificador de la tecnología y los medios
La telefonía celular y las redes sociales son, en el contexto actual, el principal vector de propagación del fenómeno. Un alumno filma el mensaje amenazante escrito en el baño, lo comparte en el grupo de WhatsApp del curso. En minutos está en el grupo de padres. En media hora, en los portales de noticias locales. Antes del mediodía, en los noticieros nacionales. Cada uno de esos pasos amplifica la reacción institucional y, simultáneamente, la enseñanza que absorben los potenciales imitadores.
Los medios de comunicación cumplen aquí un rol que merece análisis crítico, no condena. Informar sobre hechos que generan alarma social es su función. Pero la forma en que se informa importa enormemente: el tratamiento espectacular de cada amenaza —con imágenes de patrulleros frente a escuelas, declaraciones de autoridades en tono de emergencia y repetición sistemática de los detalles— produce el efecto que la criminología denomina ‘contagio mediático’ o ‘efecto Werther’. El próximo protagonista ya sabe exactamente qué tiene que hacer para generar el mismo impacto.
1.3 La situación en Jujuy: un territorio con especificidades propias
Jujuy tiene características que complejizan el abordaje de este fenómeno. Es una provincia con alta dispersión geográfica: desde la Puna a más de 3.500 metros de altura hasta los valles subtropicales de los Yungas, con decenas de localidades pequeñas y comunidades rurales donde una sola escuela puede ser el único edificio institucional del pueblo. La desigualdad en el acceso a recursos de salud mental, tecnología y formación docente es pronunciada.
Al mismo tiempo, Jujuy es una provincia de frontera. Comparte con Bolivia y Chile los pasos internacionales más importantes del noroeste argentino —Paso de Jama sobre la Ruta Nacional 52, La Quiaca sobre la Ruta Nacional 9, el corredor de la Ruta Nacional 34—, lo que implica una exposición constante a dinámicas regionales que incluyen el tránsito de personas, bienes e información sin los filtros que existen en zonas más centrales del país.
En las ciudades jujeñas —San Salvador, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, Humahuaca— las amenazas escolares recientes siguieron el mismo patrón nacional: mensajes anónimos en baños, publicaciones en redes sociales, réplicas de armas exhibidas. La respuesta institucional fue, también aquí, de máxima intensidad ante amenazas de verosimilitud variable. Las fuerzas de seguridad provinciales desplegaron operativos en establecimientos educativos que concentraron recursos que en otras circunstancias habrían estado disponibles para otras funciones críticas.
La densidad estudiantil en los establecimientos secundarios jujeños oscila típicamente entre 400 y 1.200 alumnos. El número de psicólogos y psicopedagogos escolares disponibles es crónicamente insuficiente para esa población. Los Equipos de Orientación Escolar existen, pero están sobrecargados. Esta realidad estructural es el terreno sobre el que crece el fenómeno.
1.4 El perfil psicosocial de los protagonistas
No existe un único perfil del alumno que emite estas amenazas. La investigación criminológica internacional y la experiencia reciente argentina permiten distinguir al menos cuatro subtipos que conviven en el fenómeno actual: El buscador de protagonismo.
Adolescente con baja autoestima, escaso reconocimiento entre pares, que descubre en la amenaza una forma de obtener visibilidad inmediata y poder sobre el sistema. No tiene intención real de violencia. Actúa por impulso y es altamente sensible al contagio mediático. Es el perfil más frecuente en el ciclo actual de amenazas argentinas.
El evasor de obligaciones
Motivado exclusivamente por la suspensión de clases o la postergación de una evaluación. Actúa por conveniencia inmediata y subestima gravemente las consecuencias. Aparece con mayor frecuencia en contextos de bajo rendimiento académico o conflicto con algún docente específico.
El alumno en crisis silenciosa
Este es el perfil que más debe preocuparnos porque puede derivar en violencia real. Es un estudiante que atraviesa una situación de sufrimiento severo —acoso escolar, ruptura familiar, fracaso académico, trastorno de salud mental no tratado— y que no encuentra otro canal de expresión. La amenaza es, para él, un grito. Si nadie lo escucha a tiempo, el grito puede convertirse en acción.
El imitador impulsivo
Actúa por contagio, sin planificación ni motivación profunda. Ve la cobertura mediática de otra amenaza, observa la reacción del sistema y replica el patrón. Es el perfil que más se multiplica en ciclos de alta visibilidad mediática del fenómeno.
Lo que une a todos estos perfiles es una certeza aprendida: el sistema sobrereacciona. Y mientras esa certeza se sostenga, el fenómeno no va a detenerse solo.
II. PRONÓSTICO: LO QUE PASARÁ SI NO CAMBIAMOS EL ENFOQUE
El pronóstico sin intervención estructural es claro y preocupante. Si la respuesta del Estado se mantiene en el carril actual —más judicialización, más operativos masivos, más presión penal sobre menores y familias— es esperable que el fenómeno continúe e incluso se intensifique en el corto plazo, por tres razones convergentes:
- La sanción penal llega tarde. Cuando la consecuencia jurídica alcanza al autor, el efecto de la amenaza ya se produjo, el ciclo de aprendizaje colectivo ya se completó y otros potenciales imitadores ya incorporaron la lección. La disuasión requiere probabilidad de identificación rápida, no solo severidad de la pena.
- El anonimato tecnológico protege a los autores. La mayoría de los mensajes amenazantes se emiten desde dispositivos no identificados, a través de cuentas anónimas o prestadas. La trazabilidad forense existe pero demanda tiempo y recursos que el sistema judicial no siempre puede garantizar en el corto plazo.
- El ciclo mediático retroalimenta el fenómeno. Cada nuevo caso con amplia cobertura genera nuevos protagonistas. Mientras la ecuación ‘amenaza anónima = máxima respuesta institucional = máxima visibilidad mediática’ se mantenga intacta, la conducta seguirá siendo racional para sus protagonistas.
A mediano plazo, si no se interviene en las causas estructurales —déficit de salud mental escolar, ausencia de canales de denuncia confiables, respuesta desproporcionada del Estado, amplificación mediática irresponsable—, existe un riesgo real de que el fenómeno evolucione desde las amenazas vacías hacia episodios de violencia real. No porque la mayoría de los autores actuales tenga esa intención, sino porque entre la masa de imitadores puede haber alguien que sí la tiene, y cuya señal de alerta se pierde en el ruido de decenas de amenazas falsas.
La normalización del fenómeno —que las escuelas y familias comiencen a vivir con ‘una amenaza más’ como algo habitual— es en sí misma un daño institucional grave. Erosiona la confianza en el Estado, deteriora el clima pedagógico y produce un daño psicológico colectivo que es difícil de cuantificar pero fácil de observar.
III. PROTOCOLO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Un protocolo de seguridad que no contempla la educación es un protocolo de control. Un protocolo educativo que no contempla la seguridad es un protocolo de ingenuidad. Necesitamos los dos, integrados.
Lo que sigue es una propuesta de protocolo multidisciplinario, perfectible en función de las realidades jurisdiccionales y los recursos disponibles. Está organizado en seis pilares que deben operar de forma simultánea e integrada. No son etapas secuenciales: son dimensiones complementarias de una misma respuesta.
PILAR 1 — RESPUESTA GRADUADA: Escalar proporcionalmente a la amenaza real
El error más costoso del sistema actual es la respuesta uniforme ante amenazas de naturaleza radicalmente diferente. Un mensaje pintado en el baño de una escuela y un alumno que ingresa con un arma real no pueden generar el mismo protocolo. La uniformidad de la respuesta es, paradójicamente, el mayor incentivo para la proliferación de amenazas falsas. Propongo una escala de tres niveles de respuesta, de aplicación obligatoria a partir de convenios entre los Ministerios de Educación y Seguridad de cada jurisdicción:
NIVEL VERDE — Amenaza difusa, anónima, sin elemento material verificado
- No suspensión de clases salvo excepción justificada por el Equipo Directivo.
- Activación inmediata del Equipo Escolar de Evaluación Conductual (EEEC), no de las fuerzas de seguridad.
- Investigación interna discreta en las primeras cuatro horas.
- Comunicación a las familias: mensaje único, sereno, sin detalles operativos.
- Notificación al Equipo de Orientación Escolar (EOE) para evaluación preventiva.
- Si en cuatro horas no se verifica elemento material ni se identifica autor: continuidad pedagógica con vigilancia reforzada interna.
NIVEL AMARILLO — Amenaza con identificación parcial del autor o elemento de verosimilitud
- Reunión inmediata del EEEC con el EOE.
- Notificación al Juez de Menores o Fiscal de turno según jurisdicción.
- Entrevista al alumno sospechado en presencia obligatoria de sus padres o tutores.
- Evaluación psicológica de urgencia por el profesional del EOE.
- Presencia policial discreta en el perímetro exterior. Sin despliegue visible masivo.
- Decisión sobre suspensión de actividades: a cargo del equipo directivo con fundamento explícito.
NIVEL ROJO — Amenaza con elemento material verificado, arma presente o daño en curso
- Activación inmediata del protocolo de emergencia: evacuación ordenada, bloqueo de accesos.
- Llamado a las fuerzas de seguridad con descripción precisa del escenario.
- Operativo policial proporcional al riesgo real verificado.
- Activación posterior de protocolos de contención psicológica para la comunidad educativa.
- Comunicación pública coordinada por la autoridad ministerial, no por la dirección del establecimiento.
PILAR 2 — CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA: Proporcional, civil y no invasiva
El control físico en los establecimientos es necesario, pero debe diseñarse con criterio de realidad. Argentina tiene decenas de miles de escuelas, muchas con entre 500 y 1.500 alumnos. Plantear que la Policía requisará mochilas a cada alumno en el ingreso es matemáticamente inviable, logísticamente caótico y pedagógicamente contraproducente: la presencia masiva de uniformados y vehículos policiales en establecimientos de nivel inicial y primario genera terror en los niños pequeños y criminaliza el espacio educativo.
Lo que sí es viable:
- Verificación visual de mochilas y bolsos al ingreso, realizada por personal civil del establecimiento —porteros, preceptores, auxiliares— sin contacto físico, con protocolo escrito y autorización previa de los padres incorporada al reglamento de matrícula.
- Ante sospecha fundada: intervención del EOE antes que de la policía. La evaluación pedagógica precede a la policial en todos los casos que no sean de nivel rojo.
- Instalación de cámaras de circuito cerrado (CCTV) en accesos, pasillos y espacios de tránsito comunes, nunca en el interior de baños, vestuarios o espacios íntimos. Las cámaras deben ser visibles: su función es también disuasiva.
- Control visual periódico —no continuo ni invasivo— de baños, pasillos y espacios de tránsito por parte de preceptores o auxiliares, especialmente durante recreos. Preservar la privacidad de los alumnos es un límite que no puede cruzarse.
- Revestimientos fácilmente lavables en paredes de baños y espacios de tránsito, que eliminen la permanencia del mensaje escrito y reduzcan su valor simbólico como forma de expresión anónima.
- Detectores de metales y arcos de seguridad: su implementación debe reservarse para establecimientos con antecedentes documentados de violencia real o situaciones de riesgo verificado, con financiamiento específico del Estado. No pueden ni deben generalizarse de manera masiva e indiscriminada.
PILAR 3 — PROHIBICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PERSONALES
Esta medida merece tratamiento específico por su alcance y su lógica. La prohibición del uso de celulares, tablets, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo de comunicación personal durante el horario escolar no es una restricción caprichosa: es una medida de seguridad con múltiples justificaciones convergentes.
En primer lugar, reduce drásticamente la velocidad de viralización de las amenazas. Sin el teléfono en mano, el alumno que encuentra un mensaje amenazante en el baño no puede fotografiarlo y compartirlo en treinta segundos con todo el curso y todos los padres. El mensaje existe, pero su capacidad de propagación inmediata se elimina. Eso da tiempo para una respuesta institucional antes que mediática.
En segundo lugar, elimina el canal de emisión anónima desde el interior del establecimiento. Si nadie tiene teléfono encendido durante las clases, las amenazas digitales emitidas desde dentro de la escuela quedan automáticamente excluidas del escenario posible.
En tercer lugar, y esto es fundamental: la prohibición debe extenderse a docentes, personal no docente y auxiliares en el mismo horario y bajo las mismas condiciones. No hay justificación pedagógica ni de seguridad que sostenga la asimetría. Un docente que filma una amenaza y la publica en su red personal produce exactamente el mismo efecto amplificador que un alumno. Las excepciones deben ser estrictas: comunicaciones institucionales urgentes, a través de dispositivos del establecimiento o en espacios designados.
La implementación: depósito voluntario al inicio del turno en casilleros individuales numerados, con restitución al finalizar. El costo de los casilleros puede ser absorbido por el presupuesto educativo provincial o financiado mediante aportes de las cooperadoras escolares.
PILAR 4 — RESPONSABILIDAD PARENTAL Y FAMILIAR: Civil y educativa
El Código Civil y Comercial argentino ya establece en su artículo 1754 la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores que habitan con ellos. Lo que falta es la aplicación explícita y sistemática de ese principio en el contexto de las amenazas escolares.
Varias provincias argentinas ya avanzaron en esta dirección: Córdoba implementó su Protocolo de Recupero y Resarcimiento; Santa Fe cuantificó el costo de cada operativo activado por una falsa alarma; Mar del Plata determinó que los padres de los menores identificados deben afrontar esos costos.
Es el camino correcto, pero debe sistematizarse y complementarse con un componente que la lógica puramente económica no garantiza: la responsabilidad educativa. Los padres o tutores del alumno identificado deben estar obligados a participar activamente en el proceso de intervención: asistencia a reuniones con el EEEC y el EOE, compromiso de supervisión del uso de dispositivos tecnológicos en el hogar, revisión del entorno familiar como factor de riesgo o de protección.
La responsabilidad parental no es punición: es reconocimiento de que la escuela y la familia son los dos pilares del sistema de contención de los adolescentes, y que cuando uno falla, el otro no puede compensarlo solo.
PILAR 5 — PATRULLAJE CIBERNÉTICO Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
El monitoreo de contenido público en redes sociales que haga referencia a establecimientos educativos específicos, con alertas ante palabras o frases que constituyan amenazas, es técnicamente viable, jurídicamente encuadrable en el marco del derecho de policía preventiva, y preventivamente eficaz si se implementa con los recaudos adecuados.
Para que funcione correctamente, este patrullaje requiere: un marco legal específico que defina alcance, órgano responsable y procedimiento; una unidad especializada en el Ministerio de Seguridad de cada provincia, con supervisión judicial; capacitación en semántica digital adolescente para evitar falsos positivos masivos; y protocolos claros de escalada: quién recibe la alerta, qué hace primero, cómo se notifica a la escuela y a la familia.
Igual de importante que el patrullaje es el protocolo de comunicación institucional ante cada amenaza. Cada vez que una amenaza recibe cobertura mediática desproporcionada, el sistema genera un nuevo ciclo de imitación. Las autoridades educativas y de seguridad deben acordar con los medios de comunicación un protocolo de manejo de la información que incluya: no difusión de detalles que sirvan de instructivo para imitadores; uso de los canales oficiales como única fuente autorizada; mensaje único a las familias, sereno y sin detalles operativos; y ausencia de declaraciones que amplíen la percepción de impacto de la amenaza.
PILAR 6 — PREVENCIÓN PRIMARIA: Clima escolar, salud mental y formación
Este es el pilar de mayor impacto a largo plazo y el más descuidado en la respuesta institucional argentina actual. No porque las autoridades no lo valoren, sino porque sus efectos son difusos, lentos y difíciles de medir en comparación con un operativo policial visible.
Equipos Escolares de Evaluación Conductual (EEEC)
En cada establecimiento de nivel medio debe constituirse un equipo permanente integrado por el directivo o su representante, el profesional del EOE, el preceptor jefe y al menos un docente tutor por división. Este equipo no es un comité disciplinario: es un comité de cuidado. Se reúne quincenalmente para revisar señales de alerta: cambios de conducta, retiro social, comunicaciones preocupantes detectadas por docentes, conflictos sin resolución. Su función es identificar al alumno que necesita ayuda antes de que su malestar encuentre expresión en una amenaza.
Sistema de reporte anónimo estudiantil
Una línea o plataforma de reporte anónimo —gestionada por el Ministerio de Educación, no por las fuerzas de seguridad— donde alumnos, docentes o familias puedan informar sobre situaciones preocupantes. La eficacia de este sistema depende de dos condiciones no negociables: el anonimato real del denunciante y la respuesta educativa como primer escalón, no la policial.
Alfabetización digital y consecuencias reales
Talleres obligatorios —no charlas esporádicas— sobre el impacto real de las amenazas digitales: rastreabilidad forense, consecuencias legales para el menor y su familia, impacto psicológico en la comunidad educativa. El objetivo no es asustar sino romper la percepción de impunidad que es el principal motor del fenómeno.
Refuerzo urgente de la salud mental escolar
Una de las realidades más urgentes que debe enfrentar el sistema educativo argentino es la relación entre la cantidad de alumnos y la cantidad de profesionales de salud mental disponibles en las escuelas. La evidencia internacional indica que una ratio de un psicólogo cada 250 alumnos es el umbral mínimo para una intervención preventiva efectiva. En muchas provincias argentinas, incluyendo Jujuy, ese número es varias veces mayor. Sin una inversión sostenida en la incorporación de profesionales de salud mental al sistema educativo, todos los demás pilares del protocolo operan sobre un terreno estructuralmente debilitado.
Tutores pares y redes de cuidado entre estudiantes
Alumnos de años superiores capacitados para detectar señales de alerta en sus compañeros y derivarlos a los adultos de referencia sin exponerlos ni estigmatizarlos. Este modelo, ampliamente validado en sistemas educativos nórdicos y anglosajones, tiene la ventaja de operar en los espacios donde los adultos no llegan: el grupo de pares, los pasillos, las redes sociales entre iguales.
IV. COORDINACIÓN INTRA E INTERORGÁNICA: LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL NECESARIA
Ninguno de los seis pilares descritos puede implementarse en soledad. El protocolo exige una arquitectura de coordinación que articule organismos que históricamente han operado en compartimentos estancos.
Dentro de cada establecimiento (coordinación intraorgánica):
- El equipo directivo asume la responsabilidad primaria de activación del protocolo y del nivel de respuesta.
- El EOE es el primer respondedor profesional en situaciones de nivel verde y amarillo.
- Los preceptores y auxiliares son los ojos del sistema: deben estar capacitados para observar, registrar y derivar sin actuar individualmente.
- Los docentes deben conocer el protocolo y sus roles específicos en cada nivel de respuesta.
Entre organismos del Estado (coordinación interorgánica):
- Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad: convenio formal que establezca roles, jerarquías de intervención y protocolos de comunicación. Este convenio debe ser revisable anualmente.
- Ministerio de Salud: participación de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) como recurso de apoyo en situaciones de nivel rojo y en el seguimiento post-crisis de alumnos y comunidades afectadas.
- Poder Judicial (Jueces de Menores, Fiscalías): protocolo de notificación que garantice respuesta rápida sin generar sobreactuación. La judicialización debe ser el último recurso en situaciones de nivel verde, no el primero.
- Defensoría del Pueblo y organismos de niñez: su rol es velar porque las medidas de seguridad implementadas no vulneren derechos fundamentales de los alumnos, especialmente en las franjas etarias más jóvenes.
- Operadores de redes sociales y plataformas digitales: convenios de cooperación para notificación prioritaria ante contenido que mencione establecimientos educativos específicos con amenazas explícitas. Esto requiere gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación con apoyo de la Cancillería.
V. LÍMITES CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Toda estrategia de seguridad que opera sobre menores de edad debe estar delimitada por garantías constitucionales y convencionales que no son negociables. El calor del debate público en torno a la seguridad escolar no puede llevarnos a diseñar respuestas que vulneren derechos fundamentales.
- La privacidad de los alumnos en espacios íntimos —baños, vestuarios— es un límite absoluto. Las cámaras de seguridad no pueden ingresar en esos espacios bajo ninguna circunstancia.
- La presunción de inocencia ampara a cada alumno individual. Los sistemas de alerta temprana conductual deben incluir salvaguardas explícitas contra la estigmatización y la discriminación.
- La intervención penal sobre menores debe ser la última opción, no la primera. El sistema de responsabilidad juvenil argentino está diseñado para priorizar la reinserción y el desarrollo del adolescente.
- Los derechos laborales de los trabajadores de la educación deben respetarse en el diseño de cualquier medida que modifique sus condiciones de trabajo, como la restricción del uso de celulares. Esto requiere negociación con los gremios docentes y no docentes.
- La información obtenida a través del patrullaje cibernético solo puede utilizarse para los fines de seguridad escolar que la originan. Su uso para otros fines constituye una vulneración del derecho a la privacidad.
VI. REFLEXIÓN FINAL: LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Argentina no enfrenta hoy una epidemia de violencia escolar. Enfrenta algo distinto y en cierta medida más complejo: una epidemia de explotación de la debilidad del sistema. La escuela se convirtió en el espacio más fácil para generar una crisis institucional a costo mínimo. Eso habla tanto de quienes lo hacen como del sistema que lo permite.
La respuesta no puede ser más de lo mismo en mayor cantidad. Más policías frente a escuelas, más juicios a adolescentes, más declaraciones de tolerancia cero que no se traducen en cambios estructurales. Eso no detiene el fenómeno: lo alimenta.
La respuesta tiene que ser más inteligente. Proporcional a la amenaza real, no a la amenaza percibida. Orientada a los factores que producen el fenómeno, no solo a sus manifestaciones. Coordinada entre todos los actores que tienen algo que aportar: docentes, psicólogos, policías, jueces, periodistas, familias y —esto es clave— los propios alumnos.
Jujuy, como todas las provincias argentinas, tiene la capacidad de construir esa respuesta más inteligente. Tiene instituciones, tiene profesionales, tiene comunidades educativas comprometidas. Lo que necesita es el diseño correcto, los recursos adecuados y la voluntad política de privilegiar la prevención sobre la reacción.
La escuela es la institución más democrática que tiene una sociedad. Es el lugar donde todos, independientemente de su origen, tienen derecho a aprender y a crecer con seguridad. Defenderla no es solo una tarea policial. Es una responsabilidad colectiva que nos convoca a todos.
(*) Licenciado en Seguridad
FA24