El incendio de la sede central de APROSS en Córdoba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios donde el fuego aparece justo cuando la corrupción está a punto de salir a la luz. ¿Quién se beneficia cuando arden las pruebas?
Por Alberto Martínez (*)
Un incendio, muchas sospechas
El 19 de abril de 2025, mientras gran parte del país estaba de feriado por Semana Santa, un incendio devastó los pisos superiores del edificio central de APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud) en la ciudad de Córdoba. Según los primeros informes, el fuego comenzó en áreas clave: auditoría, farmacia y archivo. No se registraron víctimas fatales, pero sí una pérdida masiva de documentación sensible.
La coincidencia no pasó desapercibida: días antes se había desarticulado una red de estafas que operaba dentro de la obra social, con 13 detenidos entre los que figuran médicos, policías y un exfuncionario del área de sistemas. Todo indica que el incendio podría haber servido para eliminar pruebas fundamentales para la causa judicial en curso.
Un patrón que se repite
Este no es el primer incendio que ocurre en Argentina en un contexto de crisis institucional o investigaciones judiciales comprometedoras. El fuego, en nuestra historia reciente, no siempre es casual. A veces, es herramienta del poder.
Una historia argentina de incendios “oportunos”
A lo largo de las últimas décadas, el fuego ha sido cómplice de la impunidad en múltiples ocasiones:
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Iron Mountain (CABA, 2014): diez bomberos y rescatistas murieron tras el derrumbe de un depósito de la multinacional Iron Mountain, donde se almacenaban documentos de bancos y aseguradoras involucradas en causas por lavado. En 2018 se probó que fue intencional, pero no hay condenas.
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Rosario (2022): la Secretaría de Desarrollo Social ardió días después del hallazgo de alimentos del programa municipal en poder de Los Monos. Confirmado como incendio intencional. Nadie fue imputado.
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Rentas de Mendoza (2006): ardieron expedientes fiscales de grandes contribuyentes. La causa fue archivada.
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Santiago del Estero (2004): se incendió el archivo judicial tras la caída del régimen juarista. Desaparecieron causas clave.
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Jujuy (2011): fuego en la Jefatura de Policía borró documentos de inteligencia. Sin imputados.
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Salta (1992): la sede de la DGI se prendió fuego y desaparecieron registros de deuda tributaria de grandes empresas.
“Cuando la corrupción va a explotar, se prenden fuego los papeles.”
Rearte: “APROSS ya estaba incendiada hace rato”
La dirigente social y periodista Adriana Rearte fue una de las primeras en alzar la voz tras el incendio. En un mensaje viralizado en redes sociales, lanzó durísimas críticas contra la obra social, el sistema político cordobés y lo que definió como “el modo operandi de los gobiernos corruptos”.
“APROSS es la caja millonaria del poder. Nos descuentan miles, no nos cubren nada. Y ahora, justo cuando estallan las denuncias, se quema auditoría. No somos estúpidos. Ya sabemos cómo hacen las cosas: cuando no pueden tapar más, lo prenden fuego.”
Rearte también advirtió que el incendio no puede ser excusa para hacer repetir trámites a personas con discapacidad, diabéticos o jubilados, cuyos tratamientos podrían haberse perdido en el siniestro. Su testimonio se convirtió en voz colectiva de los damnificados y hartos.
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¿QUEMANDO EVIDENCIAS? ES SÓLO UNA PREGUNTA
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¿Y la Justicia?
La investigación quedó a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, quien ordenó preservar el sitio. Pero ninguna hipótesis oficial ha sido confirmada, ni se han realizado allanamientos ni imputaciones. El incendio de APROSS corre el riesgo de engrosar la larga lista de casos que quedaron en la nada.
Lo que está en juego
El caso APROSS no es solo un problema de gestión sanitaria: es un síntoma de podredumbre institucional. Cuando los archivos se vuelven incómodos, desaparecen. Cuando los documentos comprometen a poderosos, se queman. Y cuando eso ocurre una y otra vez —sin responsables, sin condenas, sin reparación—, el fuego deja de ser tragedia y pasa a ser estrategia.
Basta de fuego, queremos justicia
La ciudadanía ya no acepta más «accidentes». El incendio en Córdoba debe ser investigado con total independencia. Y si las llamas fueron, una vez más, el último recurso del encubrimiento, entonces hay que exigir responsabilidades políticas, penales y éticas.
Porque si el fuego sigue ganando, la verdad nunca tendrá lugar en los archivos.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en justicia y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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