La obra social de la PFA adeuda pagos a terapias para hijos de policías con discapacidad. Familias y prestadores se movilizaron en el Congreso.
Por Rubén Pombo (*)
El reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad expuso una deuda impaga de la Policía Federal con prestadores y familias.
Una protesta que nos interpela a todos
El pasado jueves 29 de mayo, frente al Congreso Nacional, cientos de personas alzaron su voz en la marcha por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellas, familiares de policías federales que atraviesan una dura realidad: sus hijos con discapacidad quedaron sin tratamiento porque la obra social de la Policía Federal Argentina (PFA) no les paga a los prestadores desde hace más de seis meses.
«Mi nene tiene TDAH y le cortaron la terapia hace tres semanas», denunció una madre en diálogo con medios presentes. Su caso no es aislado: la deuda de la obra social se arrastra desde 2024 y afecta a decenas de niños y adolescentes. “Vamos a protestar porque no nos prestan atención. Siempre es lo mismo”, reclamó entre lágrimas.
La otra cara del abandono: prestadores sin cobrar
También participó en la protesta la presidenta de la Asociación Angelito por Enfermedades Poco Frecuentes, quién es prestadora de servicios y madre de un hijo con discapacidad. Con firmeza sostuvo:
“La obra social de la Policía Federal debe desde 2024. No cobré nada en todo 2025. Esto es insostenible”.
Además, denunció que los talleres protegidos pagan apenas 28 mil pesos por mes, una suma irrisoria frente al costo de vida, y que muchas personas con discapacidad viven únicamente de pensiones no contributivas de 280 mil pesos.
Esto también es parte de la seguridad pública
Decimos sin rodeos: la seguridad pública no puede existir si el Estado abandona a las familias de quienes la sostienen. Porque cuando un hijo de policía no accede a su tratamiento, se vulnera un derecho humano básico. Y cuando una madre uniformada no puede dormir por la salud de su hijo, no puede tampoco cuidar a nadie en la calle.
La familia policial sufre lo mismo que el resto de la comunidad, pero con una carga extra: se le exige compromiso, silencio y disciplina, aún en medio del desamparo.
La solidaridad también debe ser institucional
Desde nuestro lugar, hacemos un llamado: los trabajadores policiales deben saber que lo que hoy le pasa a otro, mañana puede tocarles a ellos. No se trata solo de empatía; se trata de justicia. Y la justicia empieza por casa.
Reclamamos que se regularicen de inmediato los pagos adeudados, se garantice la cobertura a los hijos con discapacidad, y se incluya a las familias policiales en la protección social que les corresponde por derecho.
Una ley que no puede esperar
La Ley de Emergencia en Discapacidad es un pedido urgente. No solo por las familias, sino también por quienes brindan los servicios, que están al borde del colapso económico. No hay seguridad posible si el sistema social se hunde.
Porque un país que no cuida a sus hijos no puede pedirles a sus policías que lo cuiden a él.
(*) Periodista.
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