La crisis laboral en la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba sumó un nuevo capítulo tras la confirmación de una investigación administrativa contra efectivos —en actividad y retirados— por haber participado en una movilización pacífica frente a la Casa de Gobierno.
Por Rubén Pombo (*)
La protesta, convocada para visibilizar condiciones laborales críticas, fue encabezada por referentes históricos del sector, entre ellos Adriana Rearte. Ahora, el Tribunal de Conducta dispuso el pase a situación pasiva por tres meses de varios involucrados y abrió sumarios que incluyen también a personas retiradas.
Una movilización por salarios, comida y condiciones indignas
En diálogo con Frecuencia Azul, Rearte describió un cuadro que calificó como “peor que el previo al conflicto de 2013”. Entre las denuncias planteadas se encuentran:
- Quita de adicionales y bonos impagos.
- Jornadas de hasta 24 horas con recargos posteriores.
- Comida en mal estado para guardias largas.
- Dependencias sin agua potable ni baños funcionales.
- Móviles en condiciones peligrosas.
- Uso abusivo de la figura de “Tarea No Operativa” con descuentos salariales.
A ello se suma el dato estructural: entre el 65% y 70% del personal vive en barrios vulnerables, con compromisos habitacionales incumplidos desde 2013.
“La policía existe, es trabajadora y tiene derechos”, sostuvo Rearte, convocando a familiares y ciudadanos a acompañar la marcha.
El Tribunal de Conducta y el pase a situación pasiva
Según consta en la Cédula de Notificación emitida por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba (resolución del 26 de febrero de 2026), se dispuso el pase a situación pasiva por tres meses de personal policial en actividad y retirado.
En el documento se invoca el artículo 67 inciso 5 de la Ley 10.731, que sanciona conductas como “movilizarse, manifestar o peticionar en forma pública, desmedida, insubordinada o violenta”. Sin embargo, los propios organizadores sostienen que la manifestación fue pacífica, sin cortes de calle ni disturbios.
El abogado César Calvo denunció que incluso se intenta aplicar el régimen disciplinario a personas retiradas y a ciudadanos que no pertenecen actualmente a la fuerza.
Investigación administrativa contra civiles
Uno de los puntos más controvertidos es que la investigación alcanza a personas que ya no se encuentran en actividad e incluso a ciudadanos que no integran la fuerza, imputándoles supuestas faltas policiales.
Esto abre un debate jurídico de fondo: ¿puede el régimen disciplinario policial extender su alcance más allá del vínculo estatutario activo?
Calvo anunció que ofrecerá defensa gratuita ante el Tribunal de Conducta a todo efectivo sumariado y que denunciará por abuso de autoridad a las autoridades del órgano disciplinario.
Malestar creciente y advertencia institucional
El clima interno —según testimonios recogidos por este medio— es de hartazgo acumulado. Se denuncia precarización, degradación institucional y ausencia de canales reales de diálogo.
Rearte fue contundente: “No se puede pedir seguridad mientras se abandona a quienes la garantizan”.
El trasfondo no es menor. La protesta no se presentó como un acto de confrontación sino como advertencia. La pregunta que sobrevuela es si el Estado responderá con diálogo o con disciplinamiento.
Seguridad pública y derechos laborales
El conflicto expone una tensión estructural: el equilibrio entre disciplina institucional y derechos laborales básicos.
Cuando la respuesta ante un reclamo salarial o por condiciones mínimas de trabajo es un sumario, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política.
FA24 continuará siguiendo el desarrollo del caso y las definiciones oficiales en las próximas horas.
Porque no puede haber seguridad pública sólida si quienes la sostienen trabajan bajo precarización y temor disciplinario.
CASO N° 10690 – Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad by Apropol Noticias
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(*) Corresponsal en Rosario