La represión frente al Congreso terminó con heridos, detenidos y un escándalo político. Bullrich quedó expuesta y Ferrer fue desplazado. Buscan evitar otro desastre.
Por Alberto Martinez (*)
Una represión que costó caro
La jornada del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación dejó imágenes que ningún uniformado debería querer repetir: una represión brutal contra manifestantes, entre ellos jubilados, periodistas y familias completas. A los 114 detenidos y los 20 heridos se sumó el dato más impactante: el fotoperiodista Pablo Grillo permanece hospitalizado y en estado delicado.
La consecuencia política no tardó: Ricardo Ferrer fue desplazado de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), luego de cinco errores garrafales que dejaron a la ministra Patricia Bullrich en el centro de la crítica pública.
Cinco errores que hicieron tambalear a Bullrich
- Falsa afiliación de una víctima: Se afirmó que el fotógrafo Pablo Gallo trabajaba en la Municipalidad de Lanús. Información errónea que, además de incorrecta, desvió la atención sobre la gravedad de su estado.
- Detenido en lugar de herido grave: Bullrich aseguró que Gallo estaba detenido. En realidad, fue internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. No lo trasladaron al Argerich por temor a que no sobreviviera al viaje.
- “Todos con antecedentes”… ¿seguro?: El Ministerio de Seguridad comunicó que la mayoría de los detenidos tenía antecedentes penales. Las cifras oficiales desmintieron esa afirmación: sólo 13 de los 114 tenían antecedentes.
- La jubilada “patotera”: Ferrer escribió que Beatriz Blanco, de 81 años, golpeada violentamente por un efectivo, era una “patotera” que había atacado a la policía. Una calificación inaceptable que motivó una denuncia penal contra la ministra y el agente.
- Disparos “protocolizados” pero horizontales: Bullrich defendió a los tiradores de Gendarmería, señalando que actuaron siguiendo el protocolo. Sin embargo, los disparos se realizaron horizontalmente, poniendo en riesgo a toda la multitud.
Ramiro Anzit Guerrero: el reemplazo y su historia
El nuevo director de la DNIC, Ramiro Anzit Guerrero, tiene historia en los pasillos del Ministerio de Seguridad. Su paso anterior fue durante la gestión de Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich en su etapa anterior. Este dato encendió las alarmas en sectores políticos y sociales que ya anunciaron nuevas protestas.
Ferrer, el desplazado, coordinaban los aparatos de inteligencia de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. Su salida fue pedida desde la Casa Rosada, molesta por el escándalo.
Bullrich en la mira: buscan una salida elegante
Más allá del discurso público de apoyo, la ministra quedó en una posición muy delicada dentro del Gabinete. Según fuentes cercanas al oficialismo, en la Casa Rosada ya circulan opciones para una “salida ordenada” de Bullrich, que podría concretarse con algún nombramiento diplomático o en organismos internacionales.
El objetivo sería evitar una renuncia forzada que erosione aún más la imagen del Gobierno, mientras se intenta recomponer el vínculo con sectores del poder judicial, los organismos de derechos humanos y —en silencio— también con algunas jefaturas policiales incómodas con el operativo del 12/3.
Un giro tras el escándalo
El miércoles 19/3, apenas una semana después de la represión, la estrategia de seguridad cambió radicalmente: se evitó el “cuerpo a cuerpo” con los manifestantes y no hubo incidentes. La conducción política comprendió que los métodos del 12/3 estuvieron cerca de terminar en tragedia.
La represión, además de haber sido desproporcionada, rompe un pacto tácito de la democracia argentina: que la sangre no se derrame en las calles por protestar. La ministra Bullrich y el presidente Javier Milei pisaron esa línea roja, y ahora enfrentan una ola de críticas nacionales e internacionales.
¿Y la responsabilidad institucional?
Para muchos en las fuerzas, una conducción política que da órdenes confusas y luego no respalda a sus subordinados es un problema serio. La inteligencia debe servir para prevenir el conflicto, no para sembrar caos. Desorganización, manipulación de datos y falta de criterio operativo son peligrosas para todos, incluyendo a los efectivos que terminan siendo los fusibles.
El operativo del 12/3 mostró lo peor de la planificación: los uniformados quedaron expuestos en una escena diseñada para el escándalo mediático, sin respaldo claro ni objetivos precisos. Hoy, con Ferrer fuera y Anzit Guerrero al mando, queda la incógnita: ¿será diferente la gestión o se repite la receta?
Un mensaje a los que visten uniforme
A nuestros compañeros en las fuerzas de seguridad: los errores de escritorio se pagan en la calle. Ustedes son la cara del Estado. Cuando el Estado improvisa, el que paga el costo es el que está en la línea de fuego, no el que firma el memorándum desde el despacho.
La profesionalización de las fuerzas y el respeto por los protocolos no deben ser discurso, sino práctica concreta. Y para eso, necesitamos una conducción seria, clara y respetuosa de la verdad.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.