Nación le debe a Santa Fe miles de millones en concepto de transferencias previsionales, pero destina fondos para cumplir tratados con países aliados mientras ajusta a los propios.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
En plena aplicación de un brutal ajuste económico que afecta a jubilados, estatales, salud y educación, el Gobierno nacional oficializó un convenio bilateral con Israel que permite a ciudadanos israelíes residentes en Argentina acceder a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el Boletín Oficial del pasado 12 de junio.
La medida fue recibida con sorpresa e indignación por amplios sectores, ya que se formaliza un régimen de protección social para extranjeros en un contexto donde los propios ciudadanos argentinos —especialmente los más vulnerables— ven sus derechos reducidos o suspendidos.
Ajuste para argentinos, beneficios para israelíes
Mientras las jubilaciones están congeladas y el Gobierno vetó mejoras en haberes, el convenio con Israel garantiza a sus residentes en nuestro país el acceso a:
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Pensiones por vejez o invalidez
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Asignaciones familiares
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Cobertura médica y maternidad
Todo esto mientras hospitales públicos denuncian falta de insumos, las provincias se ven forzadas a cubrir prestaciones con recursos propios, y miles de argentinos no llegan a cubrir sus necesidades básicas.
El caso Santa Fe: ajuste y deuda
En la provincia de Santa Fe, el panorama es aún más alarmante. El Estado Nacional mantiene una deuda multimillonaria con la Caja de Jubilaciones provincial, incumpliendo acuerdos históricos de transferencia de fondos y generando un colapso progresivo del sistema previsional.
Mientras se garantizan recursos para extranjeros por tratados bilaterales, los jubilados, pensionados y retirados provinciales sufren recortes, demoras en la movilidad y pérdida real de ingresos. El ajuste no es genérico: es selectivo y dirigido.
Doble discurso: los vecinos no, pero Israel sí
En contraste con el trato privilegiado al convenio con Israel, el discurso oficial hacia ciudadanos de países limítrofes ha sido abiertamente hostil:
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Se reforzaron restricciones migratorias para ciudadanos de Bolivia, Paraguay y Perú, bajo el argumento de «reciprocidad insuficiente».
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Se propuso cobrar salud y educación a extranjeros no residentes (medida con claro sesgo contra migrantes fronterizos).
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Se cerraron programas de integración y oficinas de atención para la comunidad migrante.
Comparativa: ¿a quién se protege?
| Beneficio | Israelíes residentes | Ciudadanos limítrofes |
|---|---|---|
| Asignaciones familiares | Sí (por convenio) | No |
| Jubilaciones transferidas | Sí (homologadas) | Limitadas, según residencia |
| Salud y educación | Reconocidas por acuerdo | Aranceladas (propuesta nacional) |
| Reconocimiento institucional | Prioridad diplomática | Estigmatización pública |
Milei, Netanyahu y la Corte Penal Internacional: cuando la geopolítica ignora la justicia
Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) emitió recientemente una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, el presidente argentino Javier Milei no solo desoyó la decisión judicial internacional, sino que viajó a Israel para reunirse con él y rendirle apoyo político explícito.
La escena, tan elocuente como preocupante, convierte al mandatario argentino en el único jefe de Estado latinoamericano que se reúne públicamente con un prófugo de la justicia internacional, en un acto que socava el principio de cooperación judicial global y desdibuja la soberanía jurídica de la Argentina.
Conclusión: ¿Ajuste o alineamiento?
Esta no es una discusión técnica. Es una elección de prioridades. Mientras la Nación le niega fondos a provincias como Santa Fe, asfixia a jubilados y hostiga a los migrantes de la región, al mismo tiempo establece un acuerdo de protección social para ciudadanos de un país extranjero con peso geopolítico.
El ajuste no es «parejo». Tiene nombre, orientación y aliados preferidos. Y como siempre, los trabajadores y jubilados quedan al final de la fila.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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Fuente: APROPOL Noticias