Ante Grave denuncia sindical de policías detenidos con delincuentes comunes. Policías argentinos y latinoamericanos hacen oír sus quejas.
Por Rubén Pombo
Un comunicado que sacude la escena nacional
La Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) y la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL), a través de su Secretario General, Lic. Luis Miranda, emitieron un comunicado urgente e institucional en el que denuncian con firmeza la sistemática vulneración de derechos humanos de trabajadores policiales en distintas provincias del país.
IMÁGEN: Luis Alberto Miranda, dialogó con la prensa (gentileza RADIO REALPOLITIK FM)
La alarma se encendió tras la publicación de APROPOL bajo el título: “Del discurso ejemplificador al abandono institucional: policías alojados con delincuentes, una práctica que se expande”. El documento de FASIPP no deja margen de duda: lo que hoy se presenta como una medida ejemplificadora, es en realidad una violación flagrante al principio de inocencia y al trato digno que merece todo ser humano.
“Decimos basta. Exigimos justicia, respeto al debido proceso y al principio de humanidad en el trato a nuestros compañeros”, remarca el texto difundido.
Una práctica ilegal e inhumana
Alojar a policías imputados en cárceles comunes junto a delincuentes condenados o procesados pone en riesgo su vida, vulnera sus derechos fundamentales y constituye un acto de venganza política encubierto, sostiene el comunicado. Se trata de trabajadores aún sin condena, a quienes se les niega el trato diferencial que exige la ley y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
El artículo 18 de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, los convenios de la OIT y la Ley N.º 24.660 son invocados por la FASIPP para sostener que estas prácticas no solo son ilegítimas, sino ilegales y violatorias de normas superiores.
Responsables con nombre y apellido
La FASIPP y la CTPPL apuntan directamente contra los gobernadores de Río Negro, Santa Fe y Misiones, a quienes responsabilizan por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos por policías detenidos en esas provincias bajo condiciones degradantes. También exigen la intervención inmediata del Poder Judicial, a fin de garantizar el debido proceso y frenar esta deriva autoritaria.
“La criminalización de la protesta policial no solo disciplina al trabajador, sino que pone en peligro la democracia”, se advierte con contundencia.
Un llamado a la conciencia colectiva
En un fuerte mensaje final, el comunicado convoca a todos los policías de Argentina y de Latinoamérica a «despertar en conciencia colectiva» y exigir el respeto a sus derechos, a su dignidad y al rol esencial que cumplen en el sostenimiento de la seguridad pública.
Esta denuncia no es solo contra una práctica puntual: es una alerta nacional sobre el modo en que se está tratando a quienes portan el uniforme. Porque cuando al trabajador policial se lo reduce a un chivo expiatorio, lo que se erosiona no es sólo su humanidad, sino la salud institucional del país.
EL COMUNICADO OFICIAL
- El Convenio N.º 87 y el Convenio N.º 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagran los derechos fundamentales de libertad sindical y protección al trabajo digno, aplicables también a los trabajadores de seguridad;
- El Convenio N.º 151 de la OIT, que en su artículo 9 garantiza a los empleados públicos el goce de derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio de sus libertades fundamentales;
- La Ley N.º 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establece pautas claras sobre el tratamiento de los privados de libertad, impidiendo tratos crueles, inhumanos o degradantes, y contempla regímenes especiales según el tipo de detención;
- Las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por la Argentina, que protege el derecho a la integridad personal, la presunción de inocencia, y el principio de legalidad y proporcionalidad en materia penal;
- Y, especialmente, la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes establecida en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
Hacemos responsables directos a los respectivos Gobernadores de Río Negro, Santa Fe, y Misiones, por las lesiones, daños, la salud mental, la integridad física y la vida de nuestros compañeros, mientras persistan las irregulares detenciones en los lugares y bajo las condiciones determinadas por los Gobiernos respectivos;
Exigimos que el Juez competente, haga cesar inmediatamente estos hechos y adopte las medidas procesales ajustadas a derecho para garantizar el debido proceso, la integridad y la vida de los policías detenidos.
Alertamos a la sociedad y al conjunto del arco político nacional que la criminalización de la protesta policial —en provincias como Río Negro, Santa Fe y Misiones— no solo configura una forma de disciplinamiento autoritario hacia quienes portan uniforme, sino que pone en serio riesgo la institucionalidad democrática. Ningún poder político puede, sin sentencia firme ni intervención judicial, alojar en cárceles comunes a personal policial en funciones o preventivamente detenido por causas administrativas o penales aún no resueltas.
Instamos a los Gobiernos Provinciales a cesar en el uso de medidas arbitrarias, humillantes e inhumanas contra sus propios servidores públicos, y a respetar el principio republicano de división de poderes, permitiendo que sea el Poder Judicial, y no el Ejecutivo, quien determine la restricción de la libertad de un ciudadano, cualquiera sea su condición laboral o uniforme.
Convocamos a cada hombre y mujer policía de la Argentina, y de toda Latinoamérica, a despertar en conciencia colectiva, a reclamar con firmeza y unidad el respeto a sus derechos constitucionales, y a exigir trato digno y justo en todas las etapas de su vida institucional. La dignidad del servidor público no puede ni debe ser pisoteada por decisiones políticas oportunistas ni por prácticas de disciplinamiento estatal encubiertas bajo discursos de legalidad.
Decimos basta. Exigimos justicia, respeto al debido proceso y al principio de humanidad en el trato a nuestros compañeros.
🛑 DECIMOS BASTA
¡No más policías detenidos con delincuentes comunes!
📢 La FASIPP y la CTPPL denuncian:
Violación de derechos humanos en Santa Fe, Río Negro y Misiones.
El Gobierno los encierra, los humilla y los expone.
🛡️ ¡Defendamos la dignidad del uniforme!
📎 Leé el comunicado completo en www.apropol.com.ar
🎙️ Escuchanos por www.frecuenciaazul.com.ar
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FA24
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