Activos y retirados aseguran haber agotado todas las instancias administrativas sin obtener respuestas. El reclamo incluye salarios, condiciones laborales, representación efectiva y reconocimiento institucional.
Mientras en distintos puntos del país los gobiernos insisten en exigir cada vez más resultados a sus fuerzas de seguridad, vuelve a repetirse una escena conocida: policías activos, retirados y familiares instalados frente a las sedes gubernamentales reclamando algo tan básico como ser escuchados.
Esta vez ocurre en la provincia de Santa Cruz, donde trabajadores policiales decidieron profundizar las medidas de protesta mediante un acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos. Según expresaron los referentes del reclamo, la decisión llegó luego de presentar notas, solicitar audiencias y agotar los canales institucionales sin obtener respuestas concretas.
Los voceros de los autoconvocados sostienen que el conflicto ya no se limita exclusivamente a la cuestión salarial. Hablan también de reconocimiento institucional, condiciones laborales y respeto hacia quienes sostienen diariamente el sistema de seguridad pública.
Entre los cuestionamientos aparece además una cuestión particularmente sensible: la representación de los trabajadores policiales en las instancias de negociación convocadas por el gobierno provincial. Algunos sectores consideran que los mecanismos actualmente vigentes no reflejan adecuadamente la voluntad de las bases, lo que ha abierto un debate interno sobre quiénes deben representar efectivamente a policías activos, retirados y personal penitenciario.
La discusión no es menor. Santa Cruz y Chubut son prácticamente las únicas provincias argentinas que conservan mecanismos institucionales específicos de negociación salarial para el personal policial mediante los llamados Consejos del Salario. En Misiones existió una experiencia similar que fue perdiendo relevancia durante los últimos años, en un contexto que terminó desembocando en una de las mayores crisis policiales y penitenciarias de la historia reciente de esa provincia.
Conflicto a nivel nacional
Lo que ocurre hoy en Santa Cruz refleja una problemática mucho más amplia que atraviesa a las fuerzas de seguridad de todo el país.
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En la mayoría de las provincias argentinas los trabajadores policiales carecen de mecanismos efectivos de representación y negociación laboral. Cuando no existen canales institucionales adecuados para procesar las demandas, los conflictos suelen trasladarse inevitablemente al espacio público.
La ausencia de ámbitos permanentes de diálogo termina generando escenarios de tensión que podrían evitarse mediante mecanismos transparentes de participación y negociación.
Desde APROPOL hemos sostenido históricamente que la seguridad pública no puede construirse sobre trabajadores empobrecidos, invisibilizados o excluidos de las discusiones que afectan directamente sus condiciones de vida.
No existe política de seguridad exitosa cuando quienes deben ejecutarla sienten que sus reclamos son ignorados.
La experiencia demuestra que la conflictividad policial no surge de manera espontánea. Generalmente es la consecuencia de largos períodos de deterioro salarial, promesas incumplidas, falta de reconocimiento profesional y ausencia de interlocutores válidos.
Cuando las autoridades llegan tarde al diálogo, muchas veces terminan enfrentando conflictos que podrían haberse resuelto mucho antes alrededor de una mesa de negociación.
Los manifestantes santacruceños sintetizan su reclamo en tres conceptos simples: salarios dignos, condiciones laborales dignas y trato digno.
Más allá de las particularidades provinciales, se trata de demandas que atraviesan a miles de trabajadores policiales argentinos.
Un dato que cambia el escenario
La situación adquirió una dimensión aún más significativa cuando el propio jefe de la Policía de Santa Cruz, Comisario General Diego Agüero, reconoció públicamente la legitimidad del reclamo salarial que atraviesa la fuerza.
En declaraciones realizadas en medio del conflicto, Agüero admitió que los efectivos enfrentan una situación económica compleja y expresó una frase que rápidamente se difundió entre policías activos, retirados y familiares de toda la provincia:
«Estamos en un momento duro, obviamente uno lo entiende, el personal policial necesita vivir bien.»
La afirmación no provino de un dirigente de los autoconvocados ni de un referente de la protesta. Provino de la máxima autoridad policial de la provincia.
Más aún, el jefe policial confirmó que el Gobierno Provincial se encuentra trabajando en una propuesta de mejora salarial, reconociendo implícitamente la existencia de un problema real que requiere respuestas concretas.
Las palabras de Agüero fueron interpretadas por numerosos efectivos como una validación institucional de una realidad que vienen denunciando desde hace tiempo: la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente al incremento constante del costo de vida.
La paradoja del conflicto
Sin embargo, mientras se producen estos reconocimientos públicos, comenzaron a trascender comunicaciones internas destinadas a identificar a efectivos que adhieren a medidas de fuerza, quites de colaboración o manifestaciones vinculadas al reclamo salarial.
La situación genera una contradicción difícil de ignorar.
Si la propia conducción policial admite que existe un deterioro salarial que afecta a miles de trabajadores y sus familias, resulta complejo comprender por qué paralelamente aparecen iniciativas orientadas a individualizar a quienes expresan ese malestar.
La pregunta surge entonces de manera inevitable: si el problema existe, si las dificultades económicas son reconocidas por las autoridades y si incluso el jefe de Policía admite públicamente que el personal necesita vivir mejor, ¿no debería concentrarse toda la energía institucional en resolver las causas del conflicto antes que en identificar a quienes lo denuncian?
La experiencia argentina demuestra que los conflictos policiales rara vez nacen de un día para otro. Son el resultado de procesos acumulativos de desgaste salarial, dificultades laborales y falta de respuestas oportunas.
Cuando las autoridades reconocen un problema pero simultáneamente avanzan sobre quienes lo visibilizan, la confianza institucional corre el riesgo de deteriorarse aún más.
Por eso el desafío no parece ser identificar a los policías que reclaman.
El verdadero desafío consiste en comprender por qué reclaman y cómo resolver las causas que originaron el conflicto.
La seguridad pública es una función esencial del Estado. Pero quienes la garantizan también son ciudadanos, trabajadores y familias.
Ignorar esa realidad nunca ha sido una solución.
La historia demuestra que cuando se agotan las vías de diálogo, el conflicto no desaparece: simplemente encuentra otros caminos para hacerse visible.
Y en ese punto, quizá la definición más contundente no haya surgido de los manifestantes ni de los analistas, sino de la propia conducción policial:
«El personal policial necesita vivir bien».
AMPLIAREMOS.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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