El pedido de salida excepcional reabrió una causa que sigue generando fuertes cuestionamientos.
La reciente difusión del pedido de una salida excepcional realizado por el ex agente penitenciario federal Ulises Romero volvió a colocar en el centro de la escena uno de los procesos judiciales más controvertidos vinculados al Servicio Penitenciario Federal.
El caso tiene origen en la muerte del interno Argentino Pelozo Iturri, ocurrida en abril de 2008 en la Unidad 9 de Neuquén, hecho por el cual varios agentes penitenciarios fueron posteriormente condenados, entre ellos Romero, quien cumple prisión perpetua.
Sin embargo, familiares, ex compañeros de servicio, organizaciones de apoyo y sectores vinculados a la defensa de los condenados sostienen desde hace años que se trató de una causa plagada de irregularidades y que los agentes fueron convertidos en responsables de un hecho que no cometieron.
Una versión que contradice la reconstrucción oficial
Rosario Sotelo, reconocida activista en favor de personas que consideran víctimas de causas armadas, cuestionó duramente la cobertura mediática del caso.
A través de sus redes sociales sostuvo que Pelozo Iturri fue trasladado desde la Unidad 1 de Ezeiza en un delicado estado de salud luego de una pelea con otros internos y bajo sanción disciplinaria.
Según expresó, incluso el propio juez de ejecución penal habría manifestado durante el juicio que el interno nunca debió haber sido trasladado a Neuquén en esas condiciones.
Sotelo también recordó que Ulises Romero había sido condecorado en reiteradas oportunidades por el Servicio Penitenciario Federal y que mantenía una carrera profesional intachable hasta el inicio de la investigación.
La activista sostiene que la condena fue producto de una construcción judicial impulsada por sectores ideologizados, organismos externos y una fuerte presión mediática que habría condenado socialmente a los acusados mucho antes de la sentencia.
Un testigo que insiste en ser escuchado
A los cuestionamientos se suman las declaraciones públicas de Norberto Fabián Flores, ex integrante de la División Requisa de la Unidad 9 y testigo en la causa.
Flores aseguró públicamente que Ulises Romero jamás participó de los hechos que derivaron en la muerte del interno.
Según su relato, intentó declarar en reiteradas oportunidades y sostiene que nunca fue convocado nuevamente por otros organismos judiciales para ampliar su testimonio.
El ex agente manifestó además que continuará reclamando que se investiguen todas las circunstancias del caso y que se determine la eventual responsabilidad de quienes, según su visión, fueron los verdaderos responsables de lo sucedido.
El reclamo de «Justicia para los 8»
Por su parte, la agrupación «Justicia para los 8» sostiene que Ulises Romero y otros siete agentes penitenciarios federales llevan seis años privados de libertad como consecuencia de una condena que consideran injusta.
Desde ese espacio afirman que la autopsia realizada en la causa no acreditó un homicidio y cuestionan duramente el desarrollo del proceso judicial.
Asimismo, apuntan contra distintos actores institucionales que participaron de la investigación y del juicio, denunciando lo que califican como un armado judicial destinado a obtener condenas ejemplificadoras contra personal penitenciario.
Una discusión que trasciende este caso
Más allá de las posiciones enfrentadas y de las decisiones judiciales ya adoptadas, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate profundo que atraviesa a las fuerzas de seguridad y penitenciarias de toda la Argentina.
La posibilidad de errores judiciales, la utilización de prisiones preventivas extensas, la presión mediática sobre causas de alto impacto público y el derecho de los acusados a una defensa efectiva constituyen temas que siguen generando controversias.
Para muchos trabajadores penitenciarios y policiales, el caso Romero representa un símbolo de una preocupación más amplia: el temor a ser condenados no solamente en los tribunales, sino también en la opinión pública, antes de que se agoten todas las instancias de revisión judicial.
Mientras tanto, el pedido de salida excepcional volvió a colocar la historia en la agenda pública y reavivó un debate que, dieciocho años después de los hechos, continúa lejos de cerrarse.
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FA24