Rubén Muñoz acusó al Gobierno provincial, autoridades penitenciarias y a un juez por vejaciones, aislamiento y condiciones inhumanas de detención.
Por Rubén Pombo (*)
El ex policía rionegrino Rubén Muñoz denunció penalmente a funcionarios del Gobierno de Río Negro, autoridades del Servicio Penitenciario Provincial y al juez de ejecución interviniente, a quienes responsabiliza por presuntas vejaciones, persecución gremial y condiciones de detención que calificó como “inhumanas”.
La presentación judicial fue realizada el 1 de abril de 2026 y alcanza al gobernador Alberto Weretilneck, al ministro de Seguridad y Justicia Daniel Jara, además de directivos penitenciarios y personal del Penal N°4.
Muñoz sostiene que fue cesanteado de la Policía por causas vinculadas a su actividad gremial y que posteriormente “le armaron una causa penal” para encarcelarlo.
“Hace un mes que duerme en el piso”
Según la denuncia, el exuniformado permanece alojado en una celda de castigo bajo un régimen de aislamiento extremo.
De acuerdo al escrito, hace más de un mes duerme con el colchón directamente sobre el piso, sin cama individual, soportando bajas temperaturas durante la noche. También denunció que mantiene sus pertenencias en el suelo porque no le permiten ingresar mobiliario.
La presentación señala además que permanece encerrado durante 23 horas diarias y sólo dispone de dos horas de patio.
Denuncias de aislamiento y restricciones
Muñoz afirmó que las autoridades penitenciarias le impiden el contacto con otros internos y restringen elementos considerados básicos dentro del régimen carcelario.
Entre otras medidas denunciadas, aseguró que:
- no le permiten ingresar una radio AM/FM;
- le restringen el acceso a telefonía celular;
- fue incomunicado;
- y durante varios días debió comer “con la mano como un perro” porque no le autorizaban utensilios ni pertenencias personales.
También acusó a directivos penitenciarios de negarse reiteradamente a recibirlo, pese a que —según indicó— la Ley 24.660 obliga a fundamentar cualquier negativa de entrevista con internos.
Acusaciones contra personal penitenciario
La denuncia también describe episodios de violencia y amenazas dentro del penal.
Muñoz acusó a un cabo del Servicio Penitenciario Provincial de haberlo golpeado en el pecho frente a testigos el primer día de detención.
Además señaló a un sargento por utilizar una escopeta de manera intimidatoria, cargándola frente a él “sin existir peligro de fuga ni riesgo de vida”.
En la presentación también menciona al director provincial de penales, Villagra, a quien responsabiliza de ordenar restricciones ilegales, discriminatorias y vejatorias contra su persona.
Cuestionamientos al juez de ejecución
Otro de los apuntados es el juez Romera, a quien Muñoz acusa de no haber intervenido pese a las advertencias previas realizadas por su defensa.
Según sostuvo, tanto él como sus abogados anticiparon durante la audiencia judicial que podían producirse represalias dentro del Penal N°4.
La denuncia afirma que posteriormente fueron enviados habeas corpus, escritos formales y cartas manuscritas detallando las condiciones de detención, pero que hasta el momento “nada fue constatado ni verificado”.
El trasfondo gremial
El caso reabre el debate sobre la libertad sindical dentro de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, un reclamo histórico que desde hace años enfrenta resistencias políticas e institucionales en distintas provincias argentinas.
Sectores vinculados a la defensa de derechos laborales policiales sostienen que la situación de Muñoz constituye un caso de persecución contra dirigentes o activistas gremiales dentro de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, allegados al ex policía aseguran que la prisión preventiva “terminó convirtiéndose en un castigo anticipado” y reclaman la intervención urgente de organismos judiciales y de derechos humanos para inspeccionar las condiciones reales de detención.
AMPLIAREMOS
Notas relacionadas:
La nueva frontera de la criminalización: cárcel para quien reclame dentro de la policía
FA24