Por Alberto Rubén Martínez (*)
La reciente consagración de una imagen de la represión a la protesta social en la Argentina en el certamen internacional World Press Photo no debería ser motivo de orgullo ni de celebración. Por el contrario, expone con crudeza una postal incómoda: la de un país donde el conflicto social se gestiona, una vez más, a través de la fuerza.
Pero hay un punto que suele quedar fuera del encuadre —y que resulta imprescindible poner en foco—: quienes aparecen en esas imágenes, los hombres y mujeres uniformados, son en definitiva el último eslabón de una cadena de decisiones políticas que no controlan. Son ellos quienes ejecutan órdenes, muchas veces en contextos de alta tensión, con reglas de juego difusas y bajo una presión social creciente. Y son también ellos quienes cargan, casi en soledad, con el costo del desprestigio.
Ahora bien, sería un error cómodo —y poco honesto— detenerse allí. Porque si se pretende defender en serio la institución, también hace falta mirarse hacia adentro.
Existen mandos que han hecho de la carrera un fin en sí mismo. Que cuidan más el sillón que la función, más el ascenso que la conducción. Que se adaptan a cualquier clima político con tal de sostener privilegios —legales y no tanto— que el propio sistema les ofrece. Esa lógica, lejos de proteger a la fuerza, la debilita: genera desconfianza interna, desalienta a quienes trabajan con vocación y consolida una cultura donde la responsabilidad siempre se desplaza hacia abajo.
Cuando la conducción falla, el que queda expuesto es siempre el de abajo. El que está en la calle. El que no tiene margen para especular.
Pero tampoco alcanza con señalar a la política o a los mandos. Hay conductas individuales que deben revisarse sin rodeos. Una fuerza profesional no puede permitirse la indiferencia. Y sin embargo, existen —aunque sean los menos— compañeros que actúan sin la sensibilidad ni el criterio que la función exige.
No es lo mismo intervenir frente a un delincuente que frente a un jubilado. No es lo mismo un grupo violento organizado que un ciudadano que reclama. No entender esa diferencia —o peor aún, no querer entenderla— no solo es un problema operativo: es un problema ético y profesional.
La incapacidad de discriminar contextos, de medir la proporcionalidad del uso de la fuerza, termina alimentando aquello que después se critica: la pérdida de legitimidad social. Y en ese terreno, no hay uniforme que alcance para sostener autoridad si la sociedad deja de reconocerla como justa.
La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de esta lógica perversa. Gobiernos de distinto signo han recurrido a las fuerzas de seguridad para contener el malestar social, trasladando al terreno operativo lo que no supieron —o no quisieron— resolver en el plano político. El resultado es conocido: imágenes de represión que recorren el mundo, instituciones debilitadas y una sociedad cada vez más fragmentada.
En ese esquema, la policía queda atrapada en una encrucijada. Por un lado, se le exige cumplir con su deber, mantener el orden y hacer respetar la ley. Por otro, se la expone a intervenir en conflictos cuya raíz es profundamente política y social, sin herramientas suficientes ni conducción clara.
Mientras tanto, quienes toman las decisiones estratégicas rara vez asumen las consecuencias. La lógica de la coyuntura, la especulación electoral y la construcción de poder inmediato parecen pesar más que la responsabilidad institucional. Se gobierna muchas veces de espaldas a la sociedad. Y cuando el conflicto estalla, la respuesta es delegar.
El problema de fondo no es nuevo, pero se agrava en contextos de crisis. A mayor tensión, mayor tentación de resolver por la vía rápida. Sin embargo, la experiencia demuestra que ese camino solo profundiza el deterioro: erosiona la confianza pública, debilita a las instituciones y coloca a las fuerzas de seguridad en una posición cada vez más vulnerable.
Si realmente se aspira a una democracia sólida, hay una premisa básica que no puede seguir ignorándose: la seguridad no puede ser el sustituto de la política. La protesta social no es un problema policial, sino una señal que interpela al sistema de representación.
Recuperar el valor institucional de las fuerzas de seguridad implica también asumir estas autocríticas. Proteger a la institución no es encubrir sus fallas, sino corregirlas. Implica conducción responsable, formación profesional, criterio en la calle y, sobre todo, una ética clara.
La política es, por naturaleza, transitoria. Los gobiernos pasan, se suceden y se reemplazan. Pero hay instituciones que permanecen. Como se le atribuye a Honoré de Balzac: “los gobiernos pasan, las policías son eternas”. Más allá de la literalidad de la frase, encierra una verdad incómoda pero necesaria.
Las fuerzas policiales están llamadas a atravesar gobiernos de todo tipo y calibre sin perder su esencia. No pueden quedar atadas a la lógica del poder de turno ni ser utilizadas como herramienta circunstancial de gestión. Porque cuando eso ocurre —cuando se las empuja a resolver con la fuerza lo que la política no resuelve con conducción— no solo se deteriora su imagen: se compromete su carácter permanente.
Y una institución que pierde su legitimidad frente a la sociedad, aunque siga existiendo, deja de cumplir la función para la que fue creada.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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