En la base de la fuerza se ajusta, se recorta y se sobrevive como se puede; en la cima, en cambio, circulan dólares, financiamientos privados y relaciones de poder que muestran que el ajuste no es para todos.
Por Alberto Martínez (*)
Mientras la Justicia analiza operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete financiadas por particulares, un dato empieza a concentrar la atención: los nombres de quienes habrían aportado el dinero. Entre ellos aparecen Graciela Isabel Molina de Cancio —comisaria retirada de la Policía Federal— y Victoria María José Cancio. La propia escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró que fue ella quien acercó a las prestamistas al funcionario, en una operatoria por unos 100.000 dólares.
Un dato que ya no pasa desapercibido
Según surge de la investigación judicial, parte del financiamiento de operaciones vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni habría sido realizado mediante préstamos privados de personas ligadas al entorno de la Policía Federal. La cuestión no pasa solo por la legalidad formal del mecanismo, sino por el contexto institucional en el que aparece.
Porque no se trata de cualquier vínculo, ni de cualquier momento.
Los nombres que entraron en escena
Entre las personas mencionadas figuran Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, ambas asociadas a ámbitos de la Policía Federal. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre conexiones con otras áreas sensibles de la estructura policial y previsional.
Al mismo tiempo, el actual director de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el comisario general retirado Ernesto Ricardo Cancio López, negó públicamente tener vínculo personal con Molina y aclaró que el apellido Cancio en su caso proviene de su ex esposo, ya fallecido. También rechazó cualquier relación entre la Caja y presuntas operatorias de crédito.
La línea más delicada: una presunta “mesa de dinero”
Lo más sensible del caso no pasa solo por quién prestó, sino por una hipótesis que empezó a tomar cuerpo en distintas versiones vinculadas al expediente: la posible existencia de una “mesa de dinero” ilegal que se nutriría con fondos que, en realidad, deberían destinarse al pago de reclamos administrativos y judiciales ante la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal.
Por ahora, no hay confirmación judicial pública concluyente sobre ese extremo. Pero sí aparece como una línea de sospecha que vuelve más grave el cuadro, porque de allí podrían haber salido —según esas versiones— fondos utilizados en operaciones privadas, entre ellas préstamos a funcionarios.
Vivienda, escribanía y conexiones
Otra pieza que alimenta las sospechas es la trayectoria previa de Molina de Cancio en áreas sensibles de la fuerza. Según las versiones incorporadas al debate, su paso por la División Vivienda podría ayudar a explicar la relación con la escribana que intervino en esta y otras operaciones similares.
Eso no prueba por sí solo una maniobra irregular. Pero sí muestra que los nombres no aparecen en el vacío: se repiten dentro de circuitos administrativos, inmobiliarios y financieros que ahora quedaron bajo la lupa.
¿Casualidad o entramado?
La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas, además de reconstruir el origen de los fondos y la consistencia de las hipotecas privadas.
Pero en el plano político la pregunta ya cambió. Ya no es solo si Adorni recibió dinero de particulares. La pregunta es otra: ¿estamos ante préstamos aislados entre privados o frente a un circuito más opaco, donde vínculos policiales, expedientes sensibles y dinero de origen dudoso empiezan a cruzarse?
La otra realidad: merenderos para la tropa
Mientras todo esto ocurre, dentro de la Policía Federal el panorama es completamente distinto. Con salarios deteriorados y pérdida sostenida del poder adquisitivo, comenzaron a mencionarse alternativas de asistencia alimentaria para el personal, incluyendo merenderos o entrega de bolsones.
La imagen es brutal.
De un lado, nombres ligados a la cúpula policial orbitando operaciones en dólares. Del otro, personal activo al que se le habla de asistencia alimentaria para sobrevivir.
Cuando el contraste se vuelve político
No se trata solo de una causa judicial. Se trata de una escena de época.
Si quienes aparecen cerca del poder pueden mover cifras importantes en operaciones privadas, mientras a la base de la fuerza se le ofrece contención alimentaria, la discusión deja de ser exclusivamente técnica.
Pasa a ser política.
Y también moral.
Lo que habrá que probar
La investigación deberá establecer si efectivamente existió un desvío de fondos, si esa presunta mesa financiera operó con recursos que debían atender reclamos legítimos de retirados o pensionados, y si parte de ese circuito terminó beneficiando a funcionarios.
Si eso se confirmara, el caso dejaría de ser un problema patrimonial individual.
Pasaría a exponer un mecanismo mucho más grave: el uso de fondos sensibles de la propia estructura policial para alimentar negocios privados y vínculos de poder.
(*) Periodista