Una escena de alto impacto se vivió en las puertas de la Casa Rosada. Laura Victoria Sueldo, esposa del Cabo Primero de la Prefectura Naval Argentina Facundo Gabriel Alfredo Romero, protagonizó una dramática protesta al intentar encadenarse a las rejas perimetrales de la sede de Gobierno.
Por Rubén Pombo (*)
No fue un acto aislado ni improvisado. Fue, según sus propias palabras, un “grito de auxilio” ante lo que denuncia como una persecución institucional que terminó con la carrera de su marido.
“Le armaron una causa para sacarlo”
De acuerdo a lo expresado por la familia, Romero fue apartado de la Prefectura en el marco de un proceso plagado de irregularidades. Lejos de tratarse de una sanción por desempeño, sostienen que se trató de una represalia directa por no alinearse a prácticas internas que califican como arbitrarias.
“El problema no fue lo que hizo, sino lo que no quiso hacer”, señalaron allegados durante la protesta.
La denuncia apunta a un mecanismo que, según afirman, se repite: utilizar vacíos normativos dentro de los regímenes profesionales para desplazar a efectivos considerados “incómodos”.
La acusación llega al Ministerio de Seguridad
El planteo escala directamente hacia la conducción política del área. La familia de Romero sostiene que el Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, habría omitido analizar pruebas clave que evidenciarían irregularidades en el procedimiento administrativo.
En ese marco, denuncian la existencia de un “aparato judicial y administrativo” dentro de la fuerza que permitiría avanzar con expulsiones sin garantizar un debido proceso real.
“Están destruyendo carreras y vidas de uniformados”, afirmaron durante la manifestación.
Una escena que interpela al discurso oficial
La tensión se mantuvo durante varios minutos en el ingreso a la Casa Rosada, donde Sueldo permaneció bajo custodia de efectivos de la Policía Federal Argentina mientras exigía que alguna autoridad reciba su petitorio.
El reclamo es concreto: la revisión del expediente de su marido y la intervención urgente ante lo que califican como un “atropello institucional sin precedentes”.
Hasta el momento, no hubo respuesta oficial.
El otro lado del “orden”
Mientras el Gobierno sostiene un discurso firme en materia de seguridad y disciplina institucional, episodios como este exponen una realidad distinta: la de suboficiales que denuncian quedar desprotegidos frente a decisiones administrativas que afectan de manera irreversible sus carreras.
El caso de Romero no aparece, según su entorno, como un hecho aislado, sino como parte de una lógica más amplia dentro de las fuerzas.
El reclamo que llegó a la calle
La protesta tomó estado público a través de coberturas de medios como Infopress, el periodista Juan José Martínez y el portal Infopress La Plata Uno, que difundieron la escena y el testimonio de la familia.
Una imagen que incomoda.
Una mujer esposada a las rejas de la Casa Rosada, denunciando persecución, mientras puertas adentro el Estado no responde.
Y una pregunta que queda flotando:
¿qué pasa cuando quienes deben garantizar el orden denuncian ser víctimas del propio sistema?
(*) Periodista.
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